El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), hizo público el documento, “A cuatro meses de gestión: Aciertos y desafíos del gobierno de Xiomara Castro”, un informe que recoge algunos hechos importantes como la valoración sobre el presupuesto nacional y las prioridades seleccionadas por el actual gobierno, y las consideraciones sobre los avances y los desafíos en la recuperación del Estado de derecho y los derechos humanos. Asimismo, expone una mirada sobre la situación de las mujeres y sus derechos; hace un rápido repaso sobre la situación de la transparencia y la lucha contra la corrupción y, finalmente, realiza una valoración sobre la problemática agraria y socio-ambiental y se esbozan las conclusiones.
Para el CESPAD, el documento no es una reflexión sobre la totalidad del gobierno; es una valoración centrada en los temas que como institución enfoca: Estado democrático de derecho y derechos humanos, Transparencia y lucha contra la corrupción, y, Justicia ambiental y derechos humanos.
La institución no gubernamental considera que el actual, es un momento histórico para Honduras y para la región porque marcó el fin de un largo régimen autoritario y el inicio de un difícil período de transición por la restauración y transformación de la democracia hondureña, por eso es oportuno el análisis y el debate público periódico.
En ese sentido, es necesario destacar los logros, advertir los riesgos y hacer propuestas, para que quienes detentan el poder no pierdan el rumbo y no se aparten de los mandatos que la ciudadanía espera. A continuación, en síntesis, las valoraciones que hace el CESPAD al gobierno de Xiomara Castro, en sus cuatro primeros meses.
Presupuesto nacional
Se registra un esfuerzo por modificar las prioridades nacionales encaminadas a fortalecer el rol del Estado en el desarrollo nacional (energía eléctrica, infraestructura, recursos naturales, arte y derechos humanos), revertir la privatización de los bienes públicos y recuperar el gasto social (educación y salud). No obstante, el importante peso en el presupuesto del pago de la deuda pública y del gasto militar es una fuerte restricción para modificar sustancialmente estas prioridades. Desde una perspectiva democrática, debería ser de alta preocupación la fuerte proporción que aún mantiene el gasto militar en el presupuesto nacional.
Estado democrático de derecho y derechos humanos.
En cuatro meses, aún son pocos los logros en la dirección de revertir el retroceso registrado en el Estado de derecho en 12 años de autoritarismo, lo cual indica que no será ni fácil ni rápido avanzar en este enorme reto. Sin embargo, preocupan los débiles signos hacia la desmilitarización del Estado y la sociedad, así como al establecimiento de un nuevo sistema de protección de los derechos humanos.
Derechos de las mujeres.
Las acciones estatales y las demandas de las mujeres siguen sin encontrarse; es un hecho que en la actual administración siguen prevaleciendo prácticas patriarcales, racistas y clasistas hacia las mujeres. Lo anterior debería ser un signo de alarma para este nuevo gobierno, ya que increpa su gestión y las fuertes promesas de la presidenta de la República de trabajar por los derechos de las mujeres. Esto debería obligar a la administración central a establecer una ruta estratégica para ir convirtiendo en políticas públicas y acciones afirmativas las demandas históricas de las mujeres.
Corrupción y transparencia.
Se registran avances notables en el área de anticorrupción y transparencia. Son innegables los avances en la ruta por la instalación de la CICIH, los ajustes de la estructura ministerial (creación de la Secretaría de Transparencia y lucha contra la Corrupción), la organización en el Congreso Nacional de la Comisión Anticorrupción, los inicios de la derogación legislativa de los pactos de impunidad (para el caso, la Ley de Secretos), la eliminación de los fideicomisos en la banca privada y el fortalecimiento de la caja única gubernamental, el establecimiento de las bases de la reforma transparente del sector eléctrico y la posible revisión de los contratos leoninos en la generación de energía y, finalmente, la habilitación a la UFERCO de su independencia para la acción penal.
Justicia ambiental y bienes comunes naturales.
Se observa el regreso del Estado a la gestión territorial y ambiental. Sin embargo, siguen pendientes acciones políticas estratégicas, encaminadas a desmontar la política extractivista del despojo del territorio y la política agraria de la concentración de la tierra, en un contexto de amplio control no estatal y ecocidios territoriales, durante 12 años de política estatal extractivista y agraria conservadora y mercantilista.
Los obstáculos estratégicos.
A pesar de los avances registrados, los obstáculos estratégicos que deberá enfrentar esta administración gubernamental son enormes. Entre los más relevantes: el crónico déficit de un Estado democrático de derechos (modelo de exclusiones y desigualdades), el enclave autoritario de los militares, la crónica corrupción policial, el ineficaz sistema de protección de los derechos humanos, la influencia conservadora y religiosa opuesta a los derechos de las mujeres y de la diversidad; persistencia de enfoques gubernamentales patriarcales y racistas; los pactos de impunidad pendientes de derogar, la falta de independencia y efectividad del sistema de justicia; la histórica cultura de opacidad, la persistencia del modelo extractivista y de despojo territorial; el control de la élite agraria y extractivista sobre la institucionalidad pública.
Los principales desafíos.
Si tenemos presente las promesas electorales y las demandas históricas de la ciudadanía hondureña, con derecho a voto, pero carentes de los demás derechos y libertades básicas, los grandes desafíos de la administración Castro Sarmiento se pueden condensar en los puntos que siguen:
- La renegociación y readecuación de la deuda pública y la reducción del pesado gasto militar en el presupuesto nacional.
- El aumento de los recursos para la inversión pública, habilitando mayores y mejores condiciones para el desarrollo económico inclusivo.
- La asignación de más recursos para enfrentar las problemáticas y demandas de la población rural, los pueblos indígenas y garífunas, las mujeres, la juventud, la niñez y otros sectores históricamente excluidos.
- La transformación, democratización y desmilitarización del Estado y la sociedad, mediante un modelo de efectiva inclusión económica y social, así como de una apropiada reforma democrática del sector defensa y seguridad.
- La realización de un proceso de reforma agraria y alimentaria con enfoque de género para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria.
- La habilitación del espacio cívico-democrático, desmontado por el autoritarismo.
- La redefinición del sistema nacional de defensa de los derechos humanos.
- La respuesta a las demandas exigidas por las organizaciones feministas y de mujeres (la PAE, el aborto por las 3 causales, las casas refugios, investigación y sanción a los perpetradores de la violencia de género, presupuesto etiquetado, programas agrícolas y de desarrollo sensible a las necesidades de las mujeres).
- El establecimiento de un sistema de justicia independiente y castigo a los responsables de corrupción.
- El diseño y puesta en marcha de un sistema de acceso a la información y rendición de cuentas.
- El desmontaje de la normativa y del modelo extractivista, promoviendo procesos territoriales sustentables y auto centrados.
- La creación de una nueva institucionalidad ambiental y territorial.
