Escrito por Aimée Cárcamo
Aunque en Honduras fue electa la primera mujer presidenta de la historia, en el Congreso Nacional apenas el 27% de las y los 128 diputados son mujeres, y de 298 corporaciones municipales las alcaldesas representan tan solo el 6.37% del total. Es decir, el decreto 35-2021 contentivo de la nueva Ley Electoral, que incluye los primeros mecanismos para incentivar la participación y representación política de las mujeres en Honduras, no tuvo los efectos deseados en las pasadas elecciones de 2021.
Lo paradójico de estos resultados es que las mujeres son el 52% de la población hondureña y representan el 54% del padrón electoral. Sin embargo, las mujeres todavía se enfrentan a una serie de obstáculos que limitan su derecho a participar en política.
El segundo domingo de marzo de 2025, Honduras acudirá a elecciones primarias e internas y el último domingo de noviembre de ese mismo año, a las elecciones generales. Pero, hasta el momento, no se avizoran cambios que garanticen la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y con las mismas ventajas que sus pares masculinos.
Paridad, alternancia y 15% para las mujeres
En la Ley Electoral aprobada en el año 2021 se establece que todas las nóminas para cargos de elección popular, en todos los niveles electivos, deben estar integradas en un 50% por mujeres y en un 50% por hombres. Asimismo, que se debe utilizar el mecanismo de alternancia por género, conocido popularmente como “la trenza”.
Ese mecanismo debe aplicarse en las elecciones primarias e internas y en las generales cuando los partidos políticos no hayan celebrado las primarias. En otras palabras, sólo a los partidos que no realizan elecciones primarias se les aplica la alternancia en las elecciones generales.
Aunque valora la ley de forma positiva, Dulce Davis, del equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), dice que la sociedad debe mutar hacia normativas legales que fomenten y protejan y garanticen la participación política de las mujeres, para lograrlo, “estos avances tienen que estar acompañados de otros instrumentos para asegurar el cumplimiento de esta ley”.
Por eso hace hincapié en el trabajo que se desarrolla desde el Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH), integrado por el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), del Foro de Mujeres Políticas de Honduras y del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), apoyado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés).
En COMUNH, estas organizaciones tienen como objetivo mejorar la participación de las mujeres en espacios políticos para llegar a una real incursión y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Y es que, si de violencia política se trata, las mujeres se enfrentan a diversas violencias que se traducen en agresiones físicas y psicológicas por medio del acoso sexual, acoso cibernético, campañas de difamación, estrategias de intimidación, hasta el arrebato de sus vidas.
Ese escenario es la manifestación clara de una cultura política basada en la masculinización de los liderazgos, la discriminación y la instrumentalización de la mujer para alcanzar las cuotas. Todo esto se retroalimenta con la ausencia de marcos normativos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Estos aspectos limitan a la mujer a desarrollarse plenamente en su ejercicio político o una vez instalada en el cargo para el que fue electa, acota Davis.
La nueva Ley Electoral también aumenta el presupuesto asignado a los partidos políticos para fomentar el liderazgo de las mujeres, que gracias a la lucha del Foro de Mujeres Políticas (FMP) pasó del 10% al 15% del equivalente a la deuda política de las últimas elecciones generales.
Davis señala que, aunque es probable que esos fondos se entreguen, es importante establecer reglamentos y dar seguimiento al uso que se haga de los mismos, para garantizar el mandato de la ley que es el “fortalecimiento del liderazgo político de mujeres”, por lo que es fundamental que las instancias electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia (UPL) vigilen su cumplimiento y sancionen a los partidos que no le dan el uso predestinado.
Honorina Rodríguez, del Foro de Mujeres Políticas (FMP), no descarta que los partidos minoritarios sí están haciendo el uso correcto de esos recursos, pero al tener un menor caudal electoral los resultados no se reflejan en el número de mujeres en cargos dentro del Congreso Nacional o en las municipalidades.
El desafío que enfrentan las organizaciones feministas es que los partidos políticos no rinden cuentas sobre la inversión real del 15% para fomentar el liderazgo de las mujeres, agrega por su parte el analista político Rafael Jerez.
Una cultura machista
Rodríguez también considera que los espacios para la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones están limitados igual o más que antes; existe una legislación, pero su aplicación es nula o fragmentada, y “no logramos que los partidos políticos cumplan con responsabilidades que tienen para promover a las mujeres políticas”.
Citó como ejemplo que los partidos políticos les hacen campaña a los candidatos hombres, pero casi no invierten en publicidad ni les hacen promoción a las candidatas mujeres, entre quienes la falta de recursos económicos es una de las principales barreras que les impiden promoverse y visibilizarse.
El panorama es menos favorable si además de ser mujer y ser pobre pertenece a una etnia. “Los obstáculos para participar en política empeoran”, dice Rodríguez. Otros agravantes son la edad de la mujer, si es muy joven o muy mayor, si sufre alguna discapacidad física o tiene una identidad de género diferente a la convencional.
El cúmulo de dificultades que enfrentan las mujeres también está relacionado con el hecho de que en las juntas directivas de los partidos políticos los hombres son mayoría, ocupan los cargos de mayor peso y son quienes toman las decisiones.
Lo anterior es parte de la cultura machista que persiste con argumentos y tendencias de relegar a las mujeres a los espacios privados y evitar que trasciendan a los escenarios públicos porque no se les considera con capacidades para tomar decisiones. Las entrevistadas coinciden en que, el estigma que se ha creado sobre las mujeres es tal, que podría explicar el por qué no se vota en demasía por las mujeres, sino que por los hombres.
Los espacios privados, un obstáculo para la participación política de las mujeres
La experiencia indica, por otro lado, que las mujeres que trabajan y que son madres a la vez, enfrentan limitantes de peso para su participación en política. Dentro de la institucionalidad estatal no se cuenta con espacios de cuidado de menores que permitan que las mujeres incursionen en actividades políticas.
“Al sistema cultural patriarcal-machista, que fundamenta todas sus acciones en la atención principal y central sobre los hombres no le conviene que haya mujeres, que las mujeres lleguen a los cargos de poder”, reflexiona la defensora del FMP.
Las consecuencias de las situaciones que ocurren en los espacios privados se reflejan en el escaso nombramiento de mujeres dentro de la administración pública. El gobierno central está conformado por 24 secretarías de Estado, sin embargo, sólo en ocho (8) la titularidad la ocupan mujeres.
Según Rodríguez, es necesario trabajar “muchísimo” para permear esas barreras culturales y generar consciencia entre la población de que la política es también cuestión de mujeres porque, al igual que los hombres, tienen méritos y capacidades, pero les faltan oportunidades.
Rodríguez reconoce que el hecho de que Honduras tiene por primera vez a una mujer como presidenta, fue considerado por ella como la oportunidad “que movería a las mujeres a decir sí se puede, las mujeres sí tenemos oportunidad”. Sin embargo, lamenta que las condiciones para las mujeres continúen como siempre han permanecido.
Davis, por su parte, coincide en que las mujeres siguen siendo instrumentalizadas en el ámbito político, esto se percibe con mayor claridad en los partidos mayoritarios, como el caso del Partido Nacional, que cumplió con el 50-50. “Pero no cumplió por el interés genuino de apostar a una real participación política de las mujeres, sino por objetivos e intereses políticos particulares”, acotó.
Reformas para una mayor participación
Sobre los cambios que se requieren para la incorporación de las mujeres en espacios políticos, Rodríguez considera que es necesario que desde la institucionalidad estatal se trabaje desde la perspectiva de equidad de género y derechos humanos.
A pesar de la aprobación en 2010, la Política Nacional de la Mujer no se ha aplicado en ninguna institución pública, incluyendo el sector educativo, clave en el fortalecimiento de una currícula mínima sobre derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y niñas.
Para Davis, se necesitan reformas a la Ley Electoral o normativas nuevas que impulsen la participación política de las mujeres no solo en términos cuantitativos, sino cualitativamente también, para que “sean ellas las que tomen decisiones a favor de las mismas mujeres”.
Como consorcio, estas organizaciones promueven el fortalecimiento de capacidades de las mujeres, una carencia que se suma a los obstáculos que enfrentan las mujeres, “porque si la mujer desconoce sobre las herramientas a su favor, como ser normativas nacionales e internacionales, las dinámicas internas de los partidos políticos, y otros espacios donde se disputa el poder como ser el Congreso Nacional, estará en desventaja para participar con mayor empoderamiento frente a los que si cuentan con el conocimiento y la experiencia”, apuntó Davis.
COMUNH reconoce que ha habido avances importantes, pero no son suficientes para generar cambios que erradiquen la cultura político-patriarcal a la que se enfrentan las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, una cultura que obstaculiza el pleno goce de sus derechos políticos. En el período electoral pasado algunas candidatas fueron víctimas de atentados, de coacción o de agresiones físicas. Tres mujeres perdieron la vida a causa de la más brutal violencia política: una candidata a diputada agredida en Tegucigalpa, la pareja de un exregidor en Juticalpa, y una simpatizante de un partido en Roatán
Pero, ¿por qué es importante que las mujeres participen en política? Porque es un derecho, finaliza diciendo Honorina Rodríguez, quien también considera que las decisiones que se adopten para el país serán más democráticas en la medida en que se tome en cuenta a las mujeres, segmento poblacional que significa la mayoría de la población. Además, la presencia de las mujeres en los partidos políticos es una ventaja, porque “tenemos siempre otra mirada sobre los asuntos”.