Escrito por: Kevin Isidro
10 de junio del 2024
La presidenta Xiomara Castro asumió su mandato con un panorama cargado de grandes expectativas y un plan de gobierno ambicioso, especialmente en lo que respecta a los asuntos agrarios y socio territoriales. En el marco de su Plan de Gobierno se delinearon compromisos cruciales para el sector agrícola, que incluyen la presentación de un precepto destinado a recuperar el espíritu del Decreto 18-2008 del gobierno del Poder Ciudadano, con el fin de abordar la mora agraria. Además, se contempla la legalización de las tierras en favor del campesinado, el fortalecimiento técnico del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y la atención prioritaria a la conflictividad relacionada con el saneamiento de tierras indígenas y garífunas, así como el impulso de una reforma agraria integral.
Ante este desafío histórico y frente al creciente malestar del sector empresarial y agroindustrial, debido al aumento de los ejercicios de recuperación de tierras por grupos campesinos, registrados entre los años 2021 y 2023 en los departamentos de Cortés, Choluteca, Tela, Santa Bárbara, Atlántida y Yoro, el pasado 6 de junio de 2023, en una conferencia de prensa del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, se presentó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, organismo encargado de liderar la estrategia de desarrollo del sector agrario del actual gobierno.
Obviando por un momento las preocupaciones iniciales que surgieron sobre el papel del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en la intervención de asuntos agrarios, este evento representó, después de treinta años (desde la aprobación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola), la primera intención formal de un gobierno de discutir y promover reformas estructurales que permitan atender las necesidades actuales y las demandas históricas de la población campesina de Honduras.
Al revisar otras experiencias en la región, como el caso de la Reforma Agraria impulsada por el Presidente Gustavo Petro, en Colombia, a través de la reforma constitucional para el reconocimiento de las y los campesinos como sujetos de especial protección y la creación de la Jurisdicción de Tierras, o la implementación del Programa “Tierra da gente”, impulsada por Lula Da Silva, en Brasil, podemos observar cómo los gobiernos con agendas progresistas, al asumir sus mandatos tras el fin de períodos marcados por el autoritarismo, la corrupción y el despojo, enfrentan desafíos considerables para democratizar áreas clave del modelo de desarrollo, como el sector agrícola.
La notable influencia de los grupos financieros, empresariales e industriales dificulta significativamente la implementación de reformas en asuntos estratégicos, como la justicia tributaria o la redistribución de la propiedad de la tierra y otros recursos comunes. La configuración histórica de las instituciones también favorece, en muchos casos, a estos grupos de poder, lo que complica aún más la adopción de medidas progresistas y su sostenibilidad.
Ante estas dificultades, es crucial que la ciudadanía adopte enfoques amplios para acompañar las intenciones reformistas de los gobiernos con agendas basadas en las demandas históricas de los movimientos sociales. En la gestión de asuntos agrarios, el enfoque de las Transiciones Agrarias reconoce las complejidades y la dinámica de los actores en tensión, y busca evaluar, proponer y promover reformas estratégicas para superar los obstáculos y promover cambios significativos en los sistemas agrícolas para reducir las desigualdades en el campo.
En el sentido anterior, en el siguiente artículo se presenta un balance sobre el primer año de gestión de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, desarrollado desde el enfoque de las Transiciones Agrarias. Este análisis busca, desde una perspectiva crítica y propositiva, identificar las áreas de mejora y los desafíos que persisten en la implementación de políticas agrarias de la actual administración.
El surgimiento y la composición de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra
El 6 de junio se cumplió un año desde que, en una conferencia de prensa del CNSD la presidenta Xiomara Castro presentó las tareas y la composición de la Comisión Nacional de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, un organismo creado para abordar de manera integral las necesidades y conflictos relacionados con las tierras agrícolas. La Comisión fue constituida con la participación de un fiscal especial, nombrado por el fiscal general; un juez con jurisdicción nacional, designado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia; un comisionado de policía, nombrado por el Secretario de Seguridad; un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, designado por la Secretaría de Defensa; un diputado o diputada del Congreso Nacional, nombrado por el presidente del Congreso Nacional; el presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad, y el Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, con el liderazgo de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario.
En primer lugar, se destaca la intención de abordar la crisis agraria en un amplio diálogo interinstitucional. Sin embargo, llamó la atención, desde la instalación de la Comisión, la ausencia de participación permanente de la Secretaría de Derechos Humanos, del Mecanismo Nacional de Protección, y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), instituciones que juegan un papel determinante en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, en la implementación de medidas de protección para defensoras de la tierra y el territorio, y en la garantía de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el marco de desalojos forzados. Tampoco se establecieron espacios permanentes para la participación de organizaciones campesinas indígenas y garífunas, a pesar de que son los actores centrales en el proceso de reforma agraria y en el plan de gobierno.
Sumado a lo anterior, no se puede ignorar el carácter antidemocrático que aún representa el CNSD. Según organizaciones de derechos humanos, este Consejo, mientras no sea derogado, continuará siendo una amenaza para la democracia y los derechos humanos, ya que su esencia radica en la concentración de los tres poderes del Estado, lo que facilita el ejercicio autoritario del poder.
Principales tareas de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra
Las tareas asignadas a la Comisión pueden dividirse en dos grupos. El primer grupo, «Acciones para ordenar el acceso a la tierra», que engloban las reformas legislativas y acciones ejecutivas destinadas a facilitar y regular el acceso a las tierras. El segundo grupo, «Acciones para solucionar el fenómeno de toma de tierras y dar seguridad jurídica», se refiere a la ejecución de órdenes de desalojo en tierras en disputa y los procesos administrativos y penales correspondientes para la persecución del delito de usurpación, y garantizar la seguridad jurídica de quienes alegan la titularidad de la tierra.
Las acciones contenidas en cada grupo se describen en la siguiente matriz:
| No | Acciones para ordenar el acceso a la tierra | Acciones para solucionar el fenómeno de toma de tierras y dar seguridad jurídica |
| 1 | El artículo 51 de la Ley para el Desarrollo y la Modernización del Sector Agrícola, debe ser reformado. | Ejecutar las órdenes judiciales de desalojo, en forma planificada, pero con carácter de urgente, priorizando las tierras tomadas a las empresas y fincas privadas de palma aceitera, caña de azúcar, bananeras y cualquier agropecuaria productiva. |
| 2 | Elaborar un Decreto Ejecutivo para ser discutido y aprobado en Consejo de Ministros, para dar respuesta a la problemática a la mora agraria, y demás resoluciones y reformas que correspondan a ese poder del Estado. | Aplicación del delito de usurpación y desplazamiento forzoso. |
| 3 | Incluir en el Decreto un artículo que castigue la ociosidad de la tierra. | La Fiscalía, en forma expedita, solicitará a los Juzgados que correspondan los “desalojos preventivos”. |
| 4 | Al IP junto al INA realizar investigación de las propiedades que tienen carácter de legal, pero en su tramitación tienen carácter de ilegítimo, concediéndole prioridad a las tierras denunciadas por las organizaciones campesinas. | Se exige a las empresas afectadas por las tomas de tierras, toda la documentación necesaria debidamente registrada sobre la ubicación de sus fincas, y mantener los canales de comunicación y coordinación. |
| 5 | Se ordena a la Procuraduría en consecuencia, con los resultados de las investigaciones realizadas por el IP/INA proceder a incoar las acciones judiciales ante los tribunales competentes. | Solución de los conflictos en el marco del Convenio entre el Gobierno, la Plataforma Agraria de Aguán y COPA, que comprende 13 fincas. Estas se declaran temporalmente protegidas de desalojos. |
| 6 | Las fincas tomas que no estén contempladas en los acuerdos deberán atender el llamado de la Comisión, abandonar las tomas de tierras, y serán sujetos a la aplicación de la ley. |
Una de las diferencias principales en términos prácticos, es que las acciones dentro del grupo “Acciones para ordenar el acceso a la tierra” requieren de la construcción de propuestas técnicas, la búsqueda de consensos en el Congreso Nacional y un fuerte compromiso a nivel técnico, por parte de instituciones clave como el Instituto Nacional Agrario (INA) y el instituto de la Propiedad (IP). Por otro lado, las “Acciones para solucionar el fenómeno de toma de tierras y dar seguridad jurídica” dependen exclusivamente de las diligencias del Poder Judicial, con base en la legislación y procedimientos ya establecidos.
Otra observación significativa sobre las tareas asignadas a la Comisión es que, en caso de lograr un entorno político, técnico y administrativo propicio, en el que ambas categorías de acciones avancen de manera coordinada y efectiva, podrían sentar los cimientos para una transición agraria justa y sostenible.
Alcances en la ejecución de las acciones estratégicas a un año de gestión de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra
- Acciones para ordenar el acceso a la tierra
A un año de la instalación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, se ha observado una preocupante falta de avances en varios frentes clave. En primer lugar, no ha habido progresos en las discusiones legislativas sobre la Ley de Modernización Agrícola, ni se ha abordado la reforma del Artículo 51 de la misma, por su importancia en las desigualdades relacionadas con la distribución de la tierra. Esta pasividad legislativa refleja una falta de compromiso y voluntad política para enfrentar los problemas estructurales que afectan al sector agrario en Honduras.
Además, no se ha presentado el decreto ejecutivo que rescata el espíritu del Decreto 18-2008, una medida crucial para atender la mora agraria y proporcionar soluciones a las comunidades campesinas. Tampoco se ha establecido un mecanismo para sancionar la ociosidad de la tierra, una acción que podría incentivar el uso productivo de las tierras. Igualmente, la Ley de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que permitiría el traspaso de tierras bajo sentencia firme al INA para fines de reforma agraria, no ha sido discutida. Finalmente, aunque se ha instalado una sub comisión técnica entre el IP y el INA, esta no ha presentado resultados de las investigaciones sobre propiedades denunciadas por las organizaciones campesinas.
Esta falta de acción y resultados evidencia la urgente necesidad de una mayor coordinación y compromiso para alcanzar los consensos necesarios que impulsen la promulgación de leyes fundamentales para respaldar una reforma agraria justa y equitativa.
A pesar de la falta de las reformas para promover el acceso a tierras, el INA ha llevado a cabo importantes esfuerzos para abordar esta problemática. A través del Departamento de Deuda Agraria, esta institución informó a finales del 2023 la entrega de más de 4,000 títulos de propiedad, individuales y colectivos, marcando un avance en la regularización de la tenencia de la tierra en el país en favor de las comunidades campesinas. Estos títulos fueron distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Atlántida, Olancho, Comayagua, La Ceiba, Copán, Lempira, El Paraíso y Choluteca.
Además, de acuerdo con los canales oficiales del Instituto Nacional Agrario, para el año 2024 se prevé la entrega de 3,553 títulos: 3250 para el sector independiente, 30 para el sector reformado y 3 destinados específicamente para pueblos indígenas. Estos indicadores y metas demuestran algunos esfuerzos del INA por garantizar el acceso equitativo a la tierra, a pesar de sus debilidades técnicas y presupuestarias, y la falta de las reformas necesarias para sentar las bases de un proceso de reforma agraria integral.
- Acciones para solucionar el fenómeno de toma de tierras y dar seguridad jurídica
De acuerdo con el monitoreo desarrollado por el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, en el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2023 y el 6 de junio de 2024, durante el primer año de gestión de la Comisión de Seguridad Agraria, se registraron 30 desalojos: 27 fueron ejecutados de manera violenta y 3 fueron suspendidos. Las poblaciones más afectadas por estos desalojos son las comunidades campesinas e indígenas Lencas, ubicadas en los departamentos de Yoro, Atlántida, Cortés, La Paz, Colón y Choluteca. Estas acciones de desalojo no solo implicaron la expulsión forzada de las comunidades de sus tierras, sino también la destrucción de viviendas y cultivos, lo que agravó aún más la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones.
El monitoreo también señala el uso de maquinaria de empresas agroindustriales y la participación de sus empleados en los desalojos, así como el empleo excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. De igual forma, se registra el acompañamiento tardío de las delegaciones del CONADEH en los desalojos. Este contexto ha llevado a una judicialización constante contra las comunidades campesinas, criminalizando su lucha por el acceso a la tierra y exacerbando los conflictos socio territoriales
Este escenario resalta la necesidad urgente de abordar de manera integral y justa los problemas agrarios en Honduras. Es esencial promover reformas que garanticen los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y establecer mecanismos efectivos de protección y seguridad jurídica que trasciendan las meras acciones de desalojo y persecución judicial de las acciones de recuperación de tierras.
Sobre la gestión de conflictos emblemáticos en el marco de la de la Comisión de Seguridad Agraria
La gestión de conflictos emblemáticos en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria se caracteriza por la implementación de diversas mesas de diálogo y coordinación para abordar tensiones específicas en el ámbito agrario hondureño.
- Pueblo garífuna
Una de estas mesas es la “Mesa Interinstitucional de Alto Nivel para el Seguimiento a la Implementación de las Sentencias en Favor del Pueblo Garífuna”, recientemente establecida (12 de abril de 2024) y promovida por la exigencia del pueblo garífuna, debido al aumento de la conflictividad en los territorios en litigio, a 10 años de las sentencias. Este espacio tiene como objetivo principal supervisar la implementación de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las comunidades garífunas de San Juan y El Triunfo de la Cruz, particularmente en lo relacionado al saneamiento de tierras. Aunque esta Mesa aún no presenta resultados concretos, su instalación implica un primer paso importante para abordar estos conflictos.
- Zacate Grande
La Mesa de Atención a la Península de Zacate Grande ha avanzado en las primeras coordinaciones para el proceso de regularización predial en la región, a través del Instituto de la Propiedad. Sin embargo, la reciente intervención de este Instituto, y las constantes amenazas de judicialización y desalojos han generado obstáculos para el avance de los procesos de legalización de tierras en la zona.
- El Aguán
La instalación de la Comisión Tripartita del Aguán es un compromiso pendiente y urgente, especialmente en el contexto de la creciente criminalización y ataques contra líderes campesinos en la zona. La instalación de esta comisión forma parte de los compromisos firmados el 22 de febrero de 2022 entre el gobierno, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA). La instalación de la Comisión Tripartita es fundamental para sentar las bases de un proceso de acceso a justicia para las comunidades campesinas del Bajo Aguán.
Otros alcances en asuntos agrarios en el marco de la implementación del Plan Bicentenario
Dentro del marco de implementación del Plan Bicentenario se han llevado a cabo otros avances importantes para el sector agrario. Uno de estos logros es el impulso del Censo Agropecuario Nacional (CAN) liderado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una iniciativa pendiente desde hace más de 30 años, que tiene como objetivo recopilar datos actualizados y precisos sobre la actividad agrícola en el país. Este censo proporcionará información crucial para comprender la realidad agraria actual, identificar áreas de oportunidad y diseñar políticas más efectivas que promuevan el crecimiento y la equidad en el sector.
Además, se ha destinado recursos significativos al fortalecimiento presupuestario del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y del Instituto Nacional Agrario, resaltando que en el caso del INA, los fondos asignados hasta el momento son insuficientes para liderar un verdadero proceso de reforma agraria. Otros alcances son la reciente creación de una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Materia Ambiental y el desarrollo del Programa “Caminos Productivos”, en 298 municipios, que buscan mejorar la conectividad de los caminos rurales productivos del país para facilitar la integración territorial.
Conclusiones y recomendaciones
- Conclusiones
Falta de avances significativos en Reformas Agrarias. A pesar de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra no se han logrado avances significativos en la implementación de reformas legislativas clave, que promuevan el acceso justo a la tierra para comunidades campesinas e indígenas. La falta de progreso en estas reformas refleja una debilidad estructural en la capacidad del Estado para abordar de manera efectiva y equitativa los problemas agrarios.
Criminalización y represión de comunidades campesinas. Las comunidades campesinas que legítimamente reclaman el derecho a la tierra siguen enfrentando criminalización y represión. Los desalojos forzosos y procesos judiciales contra estas comunidades perpetúan un ciclo de violencia y despojo, una situación que agrava la conflictividad agraria y subraya la necesidad urgente de enfoques más inclusivos y respetuosos de los derechos humanos en la gestión de tierras.
Desafíos en la coordinación y financiación institucional. La Comisión enfrenta importantes desafíos en términos de coordinación interinstitucional y financiación. El presupuesto asignado al Instituto Nacional Agrario sigue siendo insuficiente para liderar un proceso de reforma agraria sostenible, mientras, la falta de consensos legislativos impide la aprobación de leyes necesarias. Esta situación limita la capacidad del INA y otras instituciones involucradas para implementar políticas agrarias efectivas y equitativas.
- Recomendaciones
Aumento del Presupuesto para el Instituto Nacional Agrario.
Es esencial aumentar significativamente el presupuesto del INA para que lleve a cabo sus funciones de manera efectiva.
Uno de los principales desafíos es el fortalecimiento técnico y presupuestario del Instituto Nacional Agrario; la asignación de presupuesto al INA es un reflejo de las prioridades del Estado en asuntos agrarios. Pero actualmente esta institución carece de los recursos necesarios para liderar un proceso de reforma agraria efectivo y sostenible. Sin un incremento significativo en su financiamiento, el INA no puede llevar a cabo programas y políticas que promuevan la redistribución justa de la tierra ni implementar iniciativas que apoyen a las comunidades campesinas e indígenas a mejorar sus niveles de productividad.
Promoción de un diálogo inclusivo.
Otro desafío crítico es la construcción de propuestas y el alcance de consensos en el Congreso Nacional, para la aprobación de leyes necesarias que impulsen la reforma agraria. La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra debe navegar en un entorno político complejo, en el cual los intereses de diversos actores, como terratenientes y empresas agroindustriales, a menudo se oponen a estas reformas. Lograr consensos legislativos requiere de un esfuerzo concertado para mediar entre estos intereses y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. Este proceso no solo es largo y arduo, sino que también demanda una fuerte voluntad política y un compromiso genuino por parte de los legisladores para priorizar el bienestar de las poblaciones más vulnerables del país y avanzar hacia el cambio del modelo de desarrollo.
Se recomienda establecer y fortalecer mecanismos de diálogo inclusivos, que involucren a todos los actores relevantes, incluidas las comunidades campesinas e indígenas, prioritariamente. Este diálogo debe enfocarse en promover y alcanzar consensos para la aprobación de leyes agrarias necesarias y en la construcción de propuestas que reflejen las necesidades y derechos de las comunidades más vulnerables.
Protección de los derechos de las comunidades campesinas.
La criminalización de las comunidades campesinas que legítimamente reclaman el derecho a la tierra es un desafío persistente. A menudo, las demandas de estas comunidades por una distribución justa de la tierra son enfrentadas con represión, incluyendo desalojos forzosos y procesos judiciales. Esta criminalización deslegitima las luchas de las comunidades campesinas y perpetúa un ciclo de violencia y despojo que exacerba la conflictividad agraria. Para la Comisión, es crucial abordar esta problemática implementando medidas que protejan los derechos humanos de los campesinos, promoviendo un enfoque de justicia agraria que reconozca y respete sus reivindicaciones.
Se recomienda implementar medidas que protejan los derechos humanos de las comunidades campesinas en el marco de la ejecución de las “Acciones para solucionar el fenómeno de toma de tierras y dar seguridad jurídica”, como la adopción de los protocolos y directrices de las Naciones Unidas sobre Desalojos Forzosos. Esto incluye detener la judicialización e intimidación de estas comunidades, garantizando el involucramiento de el CONADEH y la Secretaría de Derechos Humanos en la gestión de la conflictividad agraria.
