Escrito por: Gustavo Irías
29/10/2022
El hecho noticioso más relevante de la semana, sin duda, lo constituye el cruce de mensajes públicos entre la Embajadora Estadounidense, Laura Farnsworth Dogu y el Secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, mediante los que expresaron las diferencias de enfoques sobre temas de importancia para el país. Contrario a lo que algunos sectores consideran, no se ha llegado a un punto de grave tensión y de riesgo de congelamiento o ruptura de las relaciones diplomáticas, pues ambos actores se necesitan mutuamente debido a que nunca antes en la historia de Centroamérica, el gobierno estadounidense ha enfrentado la hostilidad de la mayoría de países de la subregión y es su relación con Honduras la que representa la mejor oportunidad para reconstruir su posicionamiento en esta parte del planeta. Mientras, el gobierno hondureño, con base en el pragmatismo político, difícilmente estaría apostando por la ruptura con su principal socio comercial y país receptor del mayor número de migrantes.
En efecto, según las informaciones noticiosas y de redes sociales, las tensiones se han atenuado mediante el diálogo entre la embajadora Dogu y el Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos.
Sin embargo, estos incidentes y, en especial, el discurso de Dogu en la inauguración de la asamblea de la Asociación de la Cámara de Comercio Hondureño Americana (AmCham), colocan en el centro del debate el tema sobre el histórico modelo extractivista, el cual, por lo menos, desde el pensamiento progresista hondureño es una de las causas principales de las desigualdades estructurales y la consiguiente migración con dirección a los Estados Unidos.
Desde el enclave bananero (a finales del siglo XIX) se ha construido una sociedad de múltiples exclusiones que ha permitido la conformación de una pequeña y poderosa élite económica y política que, basada en el despojo y la violencia, ha concentrado la propiedad de la tierra agrícola y los recursos naturales. Asimismo, se ha asegurado el acceso a los servicios financieros, a la asistencia técnica y a la tecnología de punta. El resultado ha sido que la mayoría de la población se ha visto despojada de oportunidades económicas y movilidad social, sobreviviendo apenas del trabajo a cuenta propia, con bajísimos ingresos y excluida de las condiciones básicas para el desarrollo (educación, salud, vivienda y protección social).
En su discurso en la asamblea de la AmCham, Dogu ubicó entre sus preocupaciones con la gestión del actual gobierno: las “invasiones de tierra” (probablemente, en relación al conflicto agrario del Aguán); las inquietudes del Congreso de los Estados Unidos “por el tratamiento de la inversión extranjera” (en referencia a las ZEDE); “la estrategia en el sector energético” (en relación al relanzamiento de la energía como derecho humano y rescate de la ENEE), y “los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión” (una mención casi directa al asunto de las exoneraciones fiscales).
Estos mensajes pueden interpretarse como un respaldo al modelo de crecimiento inequitativo y de exclusión social prevaleciente. Paradójicamente la embajadora, en su discurso, hace mención a la defensa de los derechos humanos de poblaciones excluidas que a “menudo sufren discriminación y altos niveles de violencia”, entre estas poblaciones menciona a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero estas poblaciones, junta a las comunidades campesinas, han sido las víctimas principales de un modelo extractivista que ha tenido como principal instrumento de expansión la violencia y la usurpación de las tierras y recursos naturales, dando lugar a una grave crisis de derechos humanos.
En tal sentido, continuar apostando exclusivamente por pequeños grupos que han edificado un país con los mayores niveles de pobreza y desigualdad en América Latina nos llevará a un callejón sin salida. En la actualidad, Honduras es una sociedad inviable, a menos que se asuma e implemente un proyecto de reformas sustantivas.
Es por eso que, los elementos mencionados por la embajadora estadounidense (en una contra lógica) constituyen algunas de las principales demandas de cambio del movimiento social hondureño:
- Redistribuir las tierras agrícolas ociosas y las incautadas al narcotráfico para beneficiar a las comunidades agrarias, tanto a mujeres y hombres (un punto relevante es que el largo conflicto agrario en el Aguán tiene su causa más profunda en el ilegal acaparamiento de tierras de la reforma agraria).
- Asegurar el saneamiento de las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes y que se les devuelva las tierras ilegalmente acaparadas por terratenientes y agro exportadores.
- Renunciar a la perpetuación de una economía de enclave (expresada en las ZEDE) y, al contrario, promover una economía que desarrolle el mercado interno, modifique las dinámicas de desigualdad agraria y apueste por asegurar la seguridad y soberanía alimentaria.
- Diseñar e impulsar una reforma tributaria, dentro de la que se considere el uso racional de las exoneraciones fiscales como un instrumento para promover la inversión, sin reducir los recursos financieros de un Estado social de derechos, para promover la inclusión.
- Recuperar los servicios y empresas públicas, especialmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en el proceso de rediseñar el Estado como un instrumento en la redistribución de la riqueza social.
Estos puntos han sido retomados por el actual gobierno, en su programa del Bicentenario. Aunque su avance es lento, errático y en algunos aspectos incierto, su sola existencia es un factor generador de esperanza para los sectores sociales de que es posible abordar y superar las terribles fracturas sociales del país.
Honduras, con el 74% de su población por debajo de la línea de la pobreza, afectada gravemente por la crisis climática (con extremas inundaciones y sequías) y con la permanente expulsión de su población (316,000 personas fueron detenidas en la frontera con EEUU, en 2021) no es viable como sociedad, mucho menos su democracia y Estado de derecho.
Los temas aquí mencionados y otros más, deberían ser parte del debate nacional y estar en el centro de los esfuerzos nacionales por construir un nuevo pacto social. La política de la administración Biden, en apoyo a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico es importante, pero sería más significativa si acompañara los esfuerzos nacionales por desmontar el histórico modelo de exclusiones y desigualdades que diversas administraciones estadounidenses han contribuido a construir, pero que hoy en día es la causa principal de la enorme migración de hondureños y hondureñas hacia los Estados Unidos.
