Escrito por: Gustavo Irías
18/12/2022
El 15 de diciembre se firmó el esperado Memorándum de Entendimiento entre la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y el gobierno hondureño, con la presencia de la presidenta de la república, Xiomara Castro, y del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Este es un acontecimiento con un enorme simbolismo en la lucha contra la corrupción en Honduras, que expresa la voluntad política tanto del Gobierno hondureño y de la ONU, sin embargo, este avance no es la suscripción del acuerdo para la instalación de la CICIH, pero sí es un primer paso en firme que marca el inicio de este proceso.
Tal como se estableció en el borrador del Memorándum de Entendimiento propuesto por la ONU a finales del mes de julio, la instalación de la CICIH se hará por fases (por lo menos dos), un enfoque gradual que fue aceptado en la respuesta del gobierno hondureño a finales de agosto.
El Memorándum final (firmado el 15 de diciembre) mantiene este enfoque, de tal manera que la eventual instalación de una nueva Misión Internacional contra la corrupción e impunidad tardaría mínimamente de seis meses a un año. A pesar que este periodo es considerado por algunos sectores de la ciudadanía como demasiado extendido, ciertamente el enfoque por fases tiene sentido, pues no es posible la instalación de una Misión Internacional que pueda actuar efectivamente si antes no se ha desmontado, en lo esencial, el modelo de la macro corrupción heredado del régimen anterior, el cual ha blindado la acción penal contra redes criminales. Esto implica, entre varias acciones, la derogación de leyes (pactos de impunidad), la creación de nuevos marcos jurídicos y la reforma y adecentamiento de instituciones claves como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Hay que tomar en cuenta que la ONU viene de una experiencia fallida con la Comisión Internacional Contra Impunidad en Guatemala (CICIG). Inevitablemente en las negociaciones con el gobierno hondureño tendrá presente las lecciones aprendidas de este proceso, quizá las más importantes tienen que ver con la voluntad política de la institucionalidad para enfrentar consistentemente la corrupción y la existencia de un poder judicial independiente que actúe sin compromisos con la élite dominante.
La agenda de reformas a implementar
El enfoque de la implementación de este proceso por fases, obliga a la institucionalidad hondureña a comprometerse con una agenda de reformas. En el Memorándum final, los compromisos son los siguientes:
- Reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
- La abrogación del Decreto 116-2019 que limita las funciones del Ministerio Público.
- Modificaciones a las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación del lavado de activos y fideicomisos.
- La aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios para el ejercicio independiente de la acción penal pública.
Estas reformas resultan claves en los esfuerzos por desmontar el modelo de macro corrupción heredado del régimen anterior, y el Congreso Nacional se constituye en el centro político de gravedad para asegurar estas acciones, en la medida que estas reformas son una responsabilidad del poder legislativo. Esta situación plantea el enorme desafío para el partido de gobierno de desplegar el máximo talento político para construir las correlaciones de fuerzas necesarias para hacer efectiva esta agenda de cambios en la legislación nacional.
Sin el cumplimiento de esta agenda de reformas no será posible avanzar a la siguiente fase (firma del convenio para la instalación de la CICIH). Esta situación ha quedado claramente establecida en el numeral 9 del Memorándum firmado, en el que se indica: “El gobierno reconoce” que el establecimiento del Mecanismo Internacional estará sujeto “al dictamen favorable por escrito de ambas Partes sobre la existencia de garantías y requisitos jurídicos mininos para su funcionamiento”.
Otros puntos pendientes de solución
En el intercambio y negociación de la propuesta del Borrador de Memorándum de la ONU (finales de julio), la respuesta del gobierno hondureño (finales de agosto) y la firma del Memorándum definitivo (15 de diciembre) no fue posible resolver tres diferencias esenciales que atañen a la esencia del Mecanismo Internacional o CICIH. Estos son:
El primero, la naturaleza y alcance del Mecanismo. Para la ONU, habrá que adoptar “todas las reformas que permitan al futuro mecanismo de lucha contra la impunidad y la corrupción realizar investigaciones de forma independiente, así como constituirse en acusador privado”. Por su parte, para el gobierno, Honduras no puede renunciar a su soberanía nacional ni al “ejercicio de la acción penal publica, a través de sus instancias nacionales”.
El segundo, la selección y nombramiento del personal internacional y nacional. En cuanto a la ONU “la Fase 2 resultaría de dos pasos, incluyendo la identificación de los funcionarios que integrarían el mecanismo internacional y su proceso de designación” dejando, en principio, esta formulación en términos generales. Sin embargo, en la respuesta de canciller de la República, estos funcionarios deberían ser designados “por el Estado hondureño”.
El tercero, el financiamiento del Mecanismo. Para la ONU, en este punto, el gobierno hondureño debería buscar el apoyo y la asistencia de “un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas”. No obstante, la posición del gobierno hondureño ha oscilado entre financiar el 100% del Mecanismo a una posición más flexible, mediante la cual el financiamiento se asuma entre diversos actores internacionales y el propio gobierno.
La discusión pendiente de estos tres puntos y probablemente otros más, ha sido reconocida por la oficina de prensa del Secretario General de las Naciones Unidas; inmediatamente firmado el Memorándum, en un comunicado público expresó que: “Los detalles relativos al establecimiento y al funcionamiento del mecanismo se discutirán durante las futuras negociaciones del convenio bilateral. Esto incluye el nombramiento por el Secretario General del liderazgo del mecanismo, cuya independencia y autonomía deberán ser garantizadas”.
Esto significa que la agenda de diálogo y negociación entre el gobierno hondureño y las Naciones Unidas en los próximos meses será compleja e intensa, pues prácticamente concierne a los aspectos esenciales sobre las condiciones básicas para la instalación del Mecanismo anticorrupción y los relacionados con los contenidos principales de convenio bilateral.
La ausencia de la sociedad civil y de los movimientos sociales
En los diversos instrumentos intercambiados entre la ONU y la administración Castro, los grandes ausentes han sido las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, pues no ha existido ninguna mención acerca de su rol en este proceso.
Es un hecho que, hasta el presente, estas negociaciones se han caracterizado por la opacidad. Es decir, por la limitada rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales, lo cual ha tenido como consecuencia la limitada participación de las voces ciudadanas y populares en estas negociaciones. A futuro, es difícil esperar un cambio significativo en este comportamiento, ya que el mismo Memorándum de Entendimiento firmado, valida estas prácticas carentes de transparencia. Para el caso, en su numeral 14 establece que: “De manera previa a la divulgación a un tercero de documentos internos, o documentos que en virtud de su contenido o de las circunstancias de su creación podrían ser considerados confidenciales, cada una de las partes deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del otro”.
Empero, estas prácticas son contrarias a los estándares interamericanos sobre la participación social en la formulación de políticas públicas anti-corrupción. Para el caso, en el Capítulo III, numeral 11, de la Convención Interamericana contra la Corrupción se “incorpora la necesidad de contar con mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción”. (CIDH. Corrupción y Derechos Humanos, párrafo 47).
Adicionalmente, uno de los desafíos del actual gobierno de transición política es restablecer el espacio cívico democrático anulado o bien, seriamente restringido por el anterior régimen autoritario. Entendemos como ese espacio, el derecho de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales a participar en las decisiones públicas que afectan sus vidas, mediante la interacción, diálogo, presentación de propuestas y construcción de acuerdos con la institucionalidad pública.
De esta manera, el proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la ONU en torno a la CICIH es una oportunidad y desafío para las organizaciones ciudadanas en el restablecimiento del espacio cívico democrático. Que sus voces sean escuchadas y sus demandas consideradas dependerá de sus propias capacidades de articulación y presión social, ejerciendo su legítimo derecho democrático a la libertad de opinión y expresión, libertad de reunión y protesta, y la libertad de asociación u organización.
Transitar del autoritarismo a la democracia se requiere de la presencia activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales, en caso contrario, nos mantendremos atrapados en una matriz anti-democrática y de exclusiones políticas, sociales, de género, etno culturales y otras más.
