Escrito por Claudia Mendoza y René Estrada
Después de más de 10 años, Honduras volvió a participar en una audiencia regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 13 de noviembre del 2024. La Audiencia #20 del Periodo de sesiones 191 de la CIDH, fue solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil, junto a jueces de varios países de Latinoamérica, para exponer sobre la “Situación de Independencia Judicial de las Américas”.
En la audiencia participaron representantes de una diversidad de estructuras judiciales como la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), el Observatorio Derechos y Justicia de Ecuador, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. También, representantes de organismos internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional. Asimismo, organizaciones de sociedad civil de Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, El Salvador y por Honduras el Centro de Estudio para la Democracia -Cespad-, ente que tuvo el apoyo de Abogados sin Frontera-Canadá y de la DPLF, en su participación ante la CIDH.
La independencia del poder judicial es importante porque garantiza que los ciudadanos reciban un trato igual y estén protegidos por la ley, sin importar su sexo, clase social, religión o color de piel. También es fundamental para que el poder judicial pueda desempeñar su papel como guardián de los derechos fundamentales. Por eso, en la audiencia se coincidió en que la independencia judicial en la región atraviesa uno de sus momentos más críticos, debido a los ataques y a las amenazas a este principio, que se han tornado muy frecuentes, masivas y estructurales, consolidando situaciones jurídicas que son muy difíciles de revertir.
Para el Cespad, la valoración y la reflexión sobre los problemas que enfrenta el Poder Judicial en la región, en especial Honduras, es de suma importancia. Por eso, a continuación, se esbozan algunos aspectos importantes que se discutieron en la audiencia, al igual que ciertos puntos de atención de cara a mejorar un sistema que, como el judicial, es clave para el fortalecimiento de la democracia y el respeto del Estado de derecho.
Los problemas en la región
Los representantes de los países participantes hicieron una radiografía de sus contextos. Aunque cada país enfrenta una situación con matices diferentes, persisten grandes similitudes que dejan como resultado graves consecuencias para los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Algunas de las graves situaciones denunciaron, entre muchas más que se mencionaron, que violan el principio de la independencia judicial, se enlistan a continuación:
- La intromisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo que viola la división de poderes, y que debilita el Poder Judicial.
- Procesos politizados y amañados de elección de altas magistraturas.
- Redes de corrupción integradas por jueces, fiscales, policías, funcionarios públicos y policías.
- Aprobación de leyes que excluyen a los partidos políticos de toda responsabilidad penal, que promueven la impunidad para terroristas y exmilitares, y que establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado (Colombia).
- Constantes ataques a la libertad e integridad de las y los magistrados.
- Debilitamiento de los poderes judiciales por medio de reformas constitucionales mal planteadas.
- La inamovilidad en el cargo, falta de presupuesto, limitaciones salariales y provisionales.
- Ataques al Poder Judicial (internos y externos) que han generado una percepción errónea en la ciudadanía de que las decisiones judiciales favorecen la corrupción e impunidad.
- Intimidación a jueces por parte de la Policía y la fiscalía general (allanamientos, investigaciones y divulgación de datos personales que ponen en riesgo las vidas de los jueces y la independencia judicial.
Aunque hay una impresionante coincidencia de situaciones que afectan el principio de independencia judicial, la que sonó repetitiva se refiere a los ataques que se producen desde el Poder Ejecutivo. Los países enfrentan una desmedida intromisión desde este poder de Estado, junto con el Legislativo porque la mayoría parlamentaria que controla el Congreso Nacional en coordinación con el gobierno que dirige el Poder Ejecutivo, ha propiciado que de forma sistemática se desestabilice el sistema de justicia y se debilite el Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de la aprobación de leyes que favorecen a congresistas y líderes políticos, pero que atentan contra la autonomía de los jueces y fiscales en la lucha contra el crimen organizado.
El sistema de nombramientos de altas magistraturas también se subrayó como parte de los procesos que no cumplen con los estándares básicos, en este caso, de meritocracia y transparencia, en un contexto en el que no se toma en consideración el escrutinio ciudadano. Lo más grave que se señaló en la audiencia ante la CIHD, es que estas y las demás situaciones que se enunciaron han dejado como consecuencia diversas vulneraciones a los derechos humanos, entre ellas el acceso a la justicia de personas víctimas de crímenes de Estado.
El caso Honduras
A nivel centroamericano, Osiris Payes, representante del Cespad por Honduras, enfatizó en los siguientes aspectos:
- Aunque se reconoció el avance en la aprobación de la Ley Especial para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2022, esta normativa sólo regula el trabajo de la Junta Nominadora y no establece controles sobre la elección en el Congreso Nacional.
- La falta de regulación ha permitido que el Congreso Nacional mantenga una fuerte influencia político-partidaria en la elección de las altas autoridades. Esto se hizo evidente durante el proceso de elección de magistrados en el 2023. Una vez juramentados, aún en la sede legislativa, los magistrados, en conjunto con los diputados, crearon la figura de magistrados suplentes, una situación que permitió el nombramiento en esas posiciones a quienes los congresistas definieron como parte de sus acuerdos políticos.
- La concentración de poder en la actual presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que centraliza la administración judicial, limita la autonomía de los jueces y condiciona su independencia, creando un entorno propicio para la corrupción y el abuso de poder.
- La creación de la Ley de la Carrera Judicial y del Consejo de la Judicatura en 2011, representó un intento por profesionalizar el Poder Judicial, separando las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Sin embargo, su implementación fue guiada por intereses político-partidistas y sin considerar el mérito e idoneidad de sus integrantes. Esto llevó a su colapso tras ser declarada inconstitucional, en medio de acusaciones de corrupción y abuso de poder.
- La urgencia de fortalecer la independencia judicial para garantizar el pleno goce de los derechos humanos, especialmente para sectores históricamente vulnerables como las personas defensoras de los bienes comunes de la naturaleza. En relación con este aspecto, se destacó el caso del ambientalista Juan López, quien fue asesinado en septiembre de este año, pero que, durante sus últimos años de vida, enfrentó, en conjunto con miembros de su comunidad, un fuerte proceso de criminalización. Este caso se considera un claro ejemplo de instrumentalización de la justicia para la protección de los intereses privados.
Una región y un país que exigen cambios sustanciales
No es la primera vez que se analiza el deterioro de la credibilidad y legitimidad del Poder Judicial. De hecho, la propia CIDH ha documentado esta problemática, señalando que la corrupción en el ámbito judicial implica la manipulación de funciones y facultades en beneficio de intereses particulares, que distorsionan el principio fundamental de justicia y debilita el Estado de derecho. En su informe «Situación de los Derechos Humanos en Honduras» de 2019, señaló que persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad judicial, destacando el excesivo control por parte de la Corte Suprema tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.
En Honduras, la historia reciente registra el desprecio colectivo por la corrupción, como un fenómeno arraigado a la institucionalidad estatal, incluyendo las que conforman el sistema judicial del país. Las llamadas “marchas de las antorchas -2015-”, que desataron el rechazo casi generalizado de la sociedad, y que desembocaron con la institucionalización de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad (MACCIH), fue y sigue siendo la evidencia tácita del hartazgo de la población y de la demanda urgente de para que se frene la corrupción y se restaure la confianza en las instituciones.
Más en detalle, resulta insoslayable mencionar que, durante su vigencia y mandato, la MACCIH identificó numerosos casos que demostraron la complacencia del sistema judicial hacia actores corruptos. Entre 2018 y 2020 se evidenció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), haciendo uso del artículo 313 de la Constitución, otorgó privilegios procesales a altos funcionarios, lo que facilitó la exoneración de muchas personas implicadas en casos de gran corrupción, como el caso de Pandora y Red de Diputados. En estos procesos judiciales se observaron interpretaciones legales arbitrarias y resoluciones judiciales que carecían de fundamentos sólidos, evidenciando una manipulación que favoreció la impunidad de actores de alto perfil político. Precisamente, esta forma de proceder se ha convertido en uno de los principales obstáculos para una administración de justicia imparcial y ha afianzado la percepción generalizada de que la justicia en Honduras responde a los intereses de un sector privilegiado, en lugar de estar al servicio de la sociedad.
Más recientemente, la elección de una nueva Corte Suprema (febrero de 2023), se concibió como un ensayo de transformación que tuvo como telón de fondo una normativa reformada, que contó con la auditoría de diversas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, las evidentes y descaradas negociaciones políticas en el Congreso Nacional patentizaron los históricos acuerdos que han perpetuado las prácticas tradicionales de clientelismo y tráfico de influencias, limitando el impacto de la anhelada independencia judicial.
No menos grave, la falta de un Consejo de la Judicatura y de una Carrera Judicial independiente ha robustecido la concentración de poder en el órgano judicial. Para entendidos en la materia, la función de administración y control de la justicia se encuentra centralizada en la presidencia de la CSJ, una situación que facilita la influencia política en los nombramientos y traslados de jueces y personales judiciales, y restringe el avance hacia una justicia imparcial. La CIDH, en su informe sobre Honduras (2024), expresó su preocupación por esta situación, subrayando que el país aún carece de una legislación que garantice la independencia judicial y establezca procesos claros para el nombramiento, ascenso y disciplina de jueces y jueces.
Impacto de la falta de independencia judicial en grupos más vulnerables
La falta de independencia judicial en Honduras y en todos los países que la sobrellevan, afecta de manera indiscriminada a los sectores sociales vulnerables. Por eso, en la audiencia se destacó que especialmente se afecta a quienes defienden el ambiente, la tierra y el territorio. En ese marco, se citó el caso de Juan López, el defensor del medio ambiente y miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, asesinado en el mes de septiembre de 2024, como un claro ejemplo de cómo el sistema judicial en Honduras se utiliza como herramienta de persecución y criminalización.
Y es que el patrón de ataque a los defensores de la tierra y los territorios ha sido el mismo en el país. El caso de Berta Cáceres, la lideresa indígena y defensora ambiental asesinada en 2016, también lo evidencia. Aunque hay registros de que en el proceso se ha logrado condenar a algunos autores materiales de su asesinato, las demoras y la falta de transparencia en el proceso judicial refleja las graves falencias del sistema para garantizar la justicia. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización que Cáceres lideraba, ha sido enfática en denunciar que la influencia de intereses económicos y políticos sigue obstaculizando un proceso judicial independiente y efectivo, inquietando profundamente a las comunidades indígenas y ambientalistas en su lucha por la defensa de sus territorios.
La injerencia de poderes externos y la falta de autonomía en el sistema judicial hondureño perpetúan los ciclos de violencia e impunidad. En ese entorno, los grupos vulnerables como los defensores de los derechos humanos y las comunidades indígenas continúan en un estado de indefensión y carecen de un acceso efectivo a la justicia. Tanto la CIDH como la Relatoría Especial de la ONU han alertado sobre esta situación, subrayando que la independencia judicial es crucial para asegurar la protección de los derechos humanos en Honduras y poner fin a la criminalización de quienes defienden el bien común.
Algunos aspectos de atención
En Honduras, el sistema de justicia ha sido fuertemente cuestionado por su fragilidad y colusión con las élites de poder, las redes de corrupción y el tráfico de influencias que han permeado el Poder Judicial durante décadas. Por eso, para el Cespad, es importante resaltar algunos aspectos, de cara a contribuir con el aporte de pistas para adecentar un poder clave, como el judicial:
- La expectativa de la ciudadanía y de la comunidad internacional sigue siendo que el sistema judicial hondureño se transforme en una institución que combata la corrupción de manera efectiva y que también restablezca su integridad y confianza. En ese sentido, tal como lo ha expresado la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, es urgente combatir el control político partidario y sostenido que compromete seriamente su independencia. En su informe de 2020, el Relator Especial subrayó que la separación de poderes y otros principios democráticos fundamentales permanecen en constante riesgo.
- Es urgente es la creación de la Ley de Carrera judicial y el Consejo de la Judicatura para separar las funciones administrativas y jurisdiccionales. En este momento, la función de administración y control de la justicia se encuentra centralizada en la presidencia de la CSJ, una situación que no solo facilita la influencia política en los nombramientos y traslados de jueces y personales judiciales, sino que también restringe el avance hacia una justicia imparcial. La CIDH, en su informe sobre Honduras (2024), expresó su preocupación por esta situación, subrayando que el país aún carece de una legislación que garantice la independencia judicial y establezca procesos claros para el nombramiento, ascenso y disciplina de jueces y jueces.
- El actual contexto plantea una situación en la que se elevan las alertas ante el eventual fortalecimiento de una cultura de la impunidad, en caso de no cimentarse cambios tangibles y coherentes con la urgencia de avanzar hacia el establecimiento de mecanismos que aseguren la división de poderes, y el fortalecimiento de los sistemas de justicia. También, hacia la protección para las juezas y jueces que lideran estos esfuerzos.
- Es apremiante que, con suficiente antelación, el congreso nacional apruebe una ley especial que regule la selección de altos funcionarios del estado, estableciendo un proceso de selección riguroso y transparente, basado en independencia, meritocracia e idoneidad profesional. Esta legislación es fundamental para consolidar un sistema judicial imparcial y comprometido con los derechos fundamentales.
- La responsabilidad de fortalecer la independencia judicial y garantizar una justicia accesible y justa en Honduras es crucial para la consolidación del Estado de derecho y para proteger los derechos de toda la población, especialmente de los sectores que históricamente han sido marginados o afectados por las prácticas de corrupción y tráfico de influencias. El papel de la sociedad civil organizada y la toma en cuenta de sus aportes, también es decisivo para avanzar en el adecentamiento del sistema de justicia de Honduras.
