Escrito por: Gustavo Irías
24/02/2023
Finalizó el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un tema que mantuvo relegado a un segundo plano otras problemáticas y desafíos de país, entre estos la negociación, instalación y operación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH).
Es más, desde la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el gobierno hondureño, el 15 de diciembre del 2022, no se ha registrado ningún avance sobre lo que se estableció en el documento. Es importante recordar que la suscripción de este Memorándum no es aún el convenio bilateral para la operación de la CICIH, sino el punto de partida para negociar y construir ese convenio en un proceso que, por lo menos, tendrá 2 grandes fases. La primera de estas fases es esencial, pues está destinada a crear las condiciones básicas para la instalación de la Misión Internacional y para la negociación del convenio bilateral.
En el numeral 6 del Memorándum de Entendimiento, se establece que las tareas de la primera fase consistirán en la instalación de una Misión Técnica de la ONU que evaluará las capacidades institucionales, proporcionará asistencia técnica a organismos del sistema de justicia, evaluará los fortalezas y debilidades del Ministerio Público y del sistema judicial, pero lo más importante es el compromiso de la institucionalidad hondureña por realizar un conjunto de reformas que establezcan la condiciones básicas para la operación de la CICIH, con posibilidades de éxito. Las principales reformas comprometidas son las que siguen:
- Reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
- La abrogación del Decreto 116-2019 que limita las funciones del Ministerio Público.
- Modificaciones a las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación del lavado de activos y fideicomisos.
- La aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios para el ejercicio independiente de la acción penal pública.
Esta agenda de reformas queda sujeta a su ampliación, con base en el diálogo que se sostendrá entre la ONU y el gobierno hondureño, que incluiría “reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Honduras”.
Adicionalmente, el numeral 8 del Memorándum establece que: “De manera paralela al desarrollo de la primera fase, las Partes negociarán los términos del convenio bilateral para el establecimiento del mecanismo”.
El principal desafío del gobierno en la fase 1: abrir, fortalecer y ampliar el diálogo con las organizaciones ciudadanas
En otros análisis hemos aseverado que la fase que llevó a la firma del Memorándum de Entendimiento tuvo como principales déficits: la falta de rendición de cuentas (de los funcionarios gubernamentales) y de participación ciudadana (movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil). Esta situación es probablemente entendible por la compleja polarización y la incertidumbre del contexto del país, que refuerza las desconfianzas del gobierno de transición, en relación con los diversos actores sociales y políticos. Sin embargo, estas prácticas conducen a la opacidad que es contraria a la apuesta por la democratización en la toma de decisiones, una de las banderas principales del actual gobierno. Por supuesto, esta democratización necesariamente debería suponer una mayor participación ciudadana.
En el caso de la CICIH, la ausencia de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios oficiales es un contrasentido, por dos razones: la primera, porque fue la amplia movilización ciudadana en el 2015, la que colocó esta demanda en la agenda pública, obligando al régimen autoritario de Juan Orlando Hernández (JOH) a instalar en el país a la Misión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH). Y, la segunda, la masiva movilización electoral para dar fin a los 12 años de narco dictadura fue incentivada por la propuesta del actual gobierno de enfrentar decididamente la corrupción, desmantelando las redes criminales, asegurando la administración independiente de la justicia, con el apoyo de una misión internacional como la CICIH.
Además, en la gestión del actual gobierno, diversas redes de organizaciones sociales y de movimientos sociales han realizado propuestas sobre el perfil deseado de la CICIH y del contenido del convenio bilateral, en el nivel nacional. Y en los ámbitos territoriales, los liderazgos sociales han estado debatiendo y reflexionando sobre la problemática de la corrupción y el rol esperado de una misión internacional, en especial, a partir de la constatación de que una de las causas de la alta infracción de sus derechos humanos radica en la obtención de contratos corruptos de concesión de sus bienes comunes o recursos naturales, por empresas extractivas, que tiene su origen en el control político que estas empresas ejercen en la institucionalidad nacional (tanto en el Ejecutivo, como en Congreso Nacional).
Sin embargo, hasta ahora, el encuentro y diálogo entre el gobierno y las organizaciones ciudadanas en torno al tema de la corrupción y la CICIH todavía no ha sido posible.
La coyuntura actual hacia la creación de las condiciones básicas para la operación de la nueva misión internacional anti-corrupción y la negociación del convenio bilateral con la ONU, crea condiciones especialmente favorables al actual gobierno para restablecer el espacio cívico-democrático, destruido por el régimen autoritario de JOH.
Llamamos espacio cívico-democrático a la interacción y diálogo de las diversas expresiones de la sociedad civil y de los movimientos sociales con la institucionalidad pública, ejerciendo su derecho a participar en la toma de las decisiones estatales que afectan sus vidas. La existencia de este espacio supone el ejercicio, por lo menos, de tres libertades democráticas básicas: libertad de opinión y expresión, libertad de asociación, y libertad de reunión y protesta pacífica.
En otras palabras, el actual proceso hacia la instalación de la CICIH convoca a la habilitación de espacios (en plural) que aseguren la deliberación, el diálogo y el debate democrático con los diferentes sectores de la ciudadanía interesados en el grave problema de la corrupción, especialmente con los sectores sociales históricamente excluidos: pueblos indígenas y afro descendientes, comunidades campesinas, mujeres, juventud, obreros y obreras, las universidades, comunidad LGTBQ y otros más.
La responsabilidad principal es del gobierno y los énfasis que se deben considerar, nos parece que deben ser los tres siguientes:
- Promover y garantizar espacios de diálogo directo entre las organizaciones ciudadanas (movimientos sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil) con representantes de la institucionalidad.
- Escuchar las propuestas y demandas de la ciudadanía en aspectos claves relacionados con el contenido del convenio bilateral y con la agenda de reformas legislativas.
- Presentar, desde el gobierno central, las ideas principales sobre los diferentes aspectos referidos al proceso de definición de los contenidos y el alcance de la CICIH (rendición de cuentas) y estar abiertos a recibir la retroalimentación de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil.
Es necesario resaltar que son dos espacios institucionales, en los que se tomarán decisiones públicas relevantes durante el proceso de construcción de la nueva misión internacional anti-corrupción. El primero, es el gobierno central (específicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Transparencia), en lo referido a la negociación del convenio bilateral. Y, el segundo, el Congreso Nacional, en lo que tiene que ver con la agenda de reformas legales (derogación de pactos de impunidad y creación de nuevas leyes e institucionalidad).
De acuerdo con estándares internacionales, este proceso en curso tendrá legitimidad en la medida que se incorporen y aseguren elementos sustantivos de participación ciudadana. Para el caso, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en su artículo III (numeral 11), incorpora la necesidad de contar con “mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción”. Por su parte, la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas en su artículo 13, hace referencia a “fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa”.
Finalmente, esto representa un enorme desafío para las mismas organizaciones ciudadanas, en términos de articulación en redes y de consensuar o aproximar posiciones en aspectos claves. Aunque tampoco debería significar la construcción de un pensamiento unánime, pues la riqueza de las organizaciones ciudadanas está en la diversidad de sus enfoques y pensamientos.
Por esta vía es que el país podría avanzar hacia la democratización política con un diálogo incluyente, tolerante y constructivo con la participación de las organizaciones ciudadanas y representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo.
