Escrito por Rubén Escobar
La reciente revelación del video en el que se observa al diputado Carlos Zelaya Rosales reunido con narcotraficantes, negociando un presunto apoyo financiero de 13 millones de lempiras para la campaña política del partido Libertad y Refundación (Libre) del 2013, detonó las alarmas y colocó, nuevamente, en el centro del debate el tema del financiamiento ilícito de las campañas electorales a los partidos de mayor membresía en Honduras.
En los últimos catorce años, diversas estructuras criminales que promueven la corrupción y el narcotráfico han ejercido el poder político a través de la cooptación de personajes relevantes en la política hondureña. La justicia estadounidense ya condenó a cerca de 50 capos de la droga, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, por delitos de narcotráfico.
Sin duda alguna, la figura presidencial es la de mayor relevancia en la política local. Pero antes fueron extraditados, detenidos o se entregaron voluntariamente exdiputados y exalcaldes como Juan Antonio Hernández, los hermanos Yani y Yankel Rosenthal, Midence Oquelí, Fredy Nájera y Arnaldo Urbina Soto, entre otros. Adicionalmente, figuras políticas que ocuparon cargos en el Congreso Nacional y en secretarías de Estado han sido nombradas en los expedientes ventilados en las Cortes estadounidenses.
El escenario, aunque ha sido histórico, vuelve a colocar en relieve la urgencia de analizar la normativa legal que en el país limitan una mejor y efectiva fiscalización de la proveniencia del dinero que financia los procesos electorales y, concretamente, las campañas políticas de los aspirantes a cargos de elección popular en Honduras, en el ámbito privado.
Crónicas de manipulación y falta de transparencia
En el año 2015 miles de hondureños salieron a las calles para denunciar el saqueo del Seguro Social y el uso de sus fondos en la campaña política de Juan Orlando Hernández, en las elecciones del 2013. Y es que luego de la creciente presión, la historia registra, quizás como el primer hecho que sustenta el financiamiento ilícito para las campañas políticas, la aceptación del mandatario Juan Orlando Hernández, en junio del 2015, de que su agrupación política, el Partido Nacional, sacó al menos 136 mil dólares del Seguro Social.
Las manifestaciones forzaron a las autoridades a permitir la llegada de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), en 2016. Este organismo presentó una serie de proyectos de reformas, entre los que se incluyó la creación de un instrumento para regular el financiamiento de las campañas políticas. En un informe del 1 de septiembre de 2016, la Maccih estableció que Honduras busca “promover una política limpia y evitar que el dinero del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción penetren en el sistema político”.
Es así que el 18 de enero de 2017 se publicó en La Gaceta el decreto 137-2016, que contiene la “Ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos”, mejor conocida como “Ley de Política Limpia” y que incluye la creación de una oficina técnica dedicada a su aplicación, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF o Unidad de Política Limpia).
Como era de esperarse, los diputados trastocaron el proyecto original presentado por la Maccih para aprobar finalmente un documento que fuese más condescendiente con las prácticas de los partidos políticos. Según el documento “Valoración ciudadana del papel de la Unidad de Política Limpia en las Elecciones Generales de 2017”, elaborado por el Cespad, “la élite política manipuló el contenido original de la Ley, sobre todo aquellos aspectos centrales concernientes a transparencia y acceso a la información pública en torno al financiamiento privado de la política”.
En mayo de 2017 se nombró como comisionados de la Unidad de Política Limpia a Kelvin Aguirre, a propuesta del Partido Nacional; Germán Espinal, por el Partido Libertad y Refundación (Libre), y Javier Franco, por el Partido Liberal. Apenas ocho meses después de su nombramiento, Aguirre, actuando como presidente y con el respaldo de los otros comisionados, presentó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) una solicitud de reserva de información.
El IAIP, mediante la resolución 086-2018, declaró “con lugar parcialmente” la solicitud de Aguirre. Esta acción generó un nuevo bloqueo porque se anularon los aspectos que contenía la normativa, en relación con la transparencia que persigue la Ley Electoral, al trastocar los artículos 2, 35 y 37.
El artículo 37, en particular, establecía que deben ser públicos los montos de financiamiento de los partidos políticos, así como sus estados financieros, los registros y notificación de aportaciones, y el depósito de sus fondos en instituciones del Sistema Financiero Nacional.
También las aportaciones privadas de los candidatos, los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamientos, concesiones y prestación de bienes y servicios; el patrimonio del partido, el inventario de los bienes inmuebles, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno, los resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de sus recursos.
También se ordenó mantener bajo reserva los datos personales de toda persona natural o jurídica aportante privado a una campaña de cualquier nivel electivo; imágenes de cheques y facturas, los estados financieros y auditorías de los partidos políticos y las bases de datos de la Unidad de política limpia sobre aportes financieros.
Con sus actuaciones, los comisionados de la Unidad de Política Limpia facilitaron a los políticos el ocultamiento de quienes los financian, dejando de tomar en cuenta que en un país donde la corrupción y el narcotráfico han penetrado las más altas esferas del poder político, la transparencia en el financiamiento de las campañas es fundamental.
En una diversidad de documentos, el Cespad ha advertido que “es fundamental que los ciudadanos conozcan el origen y el destino de los recursos que financian las campañas políticas y cuenten con las herramientas necesarias para supervisarlos. Esto contribuirá a que los representantes electos actúen en función de los intereses de la ciudadanía y se refuerce la confianza en el proceso democrático”.
Ejemplos de financiamiento ilícito hay muchos en el pasado reciente. Además de los constantes señalamientos de políticos en las cortes estadounidenses por parte de sus patrocinadores narcos, está el Caso Pandora, que significó el desvío de al menos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura para “gastos electorales”. En muchos casos, esto significó pagos de tarjetas de crédito, compra de terrenos y apartamentos, pagos de préstamos bancarios y hasta el financiamiento de proyectos electoreros como la tarjeta “La Cachureca”.
Para el Cespad la “reserva de información no solo socava los principios de transparencia y legalidad de la Ley Electoral de Honduras, sino que también pone en entredicho la efectividad del marco normativo diseñado para supervisar el financiamiento electoral”.
Un nuevo proceso electoral, las mismas reservas
En un intento por restablecer los derechos ciudadanos a la información, el 20 de mayo de 2021, diversas instituciones, entre ellas el Cespad, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, la Coalición Anticorrupción, y el Bufete Jurídico para los Pueblos, con el acompañamiento de Abogados sin Frontera-Canadá, presentaron una solicitud de nulidad administrativa sobre la resolución 086-2018 emitida por el IAIP.
La solicitud fue declarada “sin lugar” el 7 de junio de 2022, por los comisionados del IAIP, Hermes Moncada, Comisionado Presidente, Ivonne Ardón y Julio Vladimir Mendoza, comisionados, también.
El 10 de abril de 2023 el Cespad presentó ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de amparo mediante el cual se solicita restituir el derecho de acceso a la información pública, y con ello a la participación ciudadana y a la justicia. Más de un año después la Corte Suprema no se ha pronunciado.
Para Gustavo Irías, director del Cespad, la Ley de Política Limpia nunca ha sido utilizada en toda su dimensión para el propósito que fue creada, en parte por el bloqueo de información vigente. Está claro que el financiamiento de las campañas políticas es punto clave en el desmontaje del modelo de macrocorrupción que ha permitido el saqueo y la violencia en Honduras.
Seis años después…y el Acuerdo sigue vigente
La vigencia del Acuerdo persiste, en medio de dos hechos importantes: el 29 de febrero de 2024 fueron juramentados los nuevos comisionados de la Unidad de Política Limpia en el mismo contexto del tripartidismo: Ivonne Ardón, afín al Partido Liberal; Vladimir Mendoza, por Libre, y Emilio Hércules, del Partido Nacional. Mientras, el 8 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a los partidos a la realización de las elecciones primarias e internas.
Es decir, Honduras ya está inmersa en los procesos electorales, de cara a las elecciones generales en noviembre del 2025, sin embargo, en toda esta trama, han transcurrido seis años y el Acuerdo continúa sin ser objeto de debate entre los representantes de la institucionalidad electoral.
La demanda del Cespad para levantar la reserva de información está planteada. En una reciente reunión con Hércules, en su condición de Comisionado-presidente, la organización expresó su “profunda preocupación ante la vigencia del Acuerdo número 001-2018 de Clasificación de Información Reservada”, por la opacidad plena con la que deja el acceso a la información vital de quienes aspiran a cargos de elección popular en el país.
Más en específico, en un pronunciamiento, el Cespad dejó claro que, tomando en cuenta que el Acuerdo representa un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública, “DEMANDAMOS LA REVISIÓN DE OFICIO del acuerdo de conformidad con lo establecido en los artículos 119, 120 y 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para anular este acto administrativo que vulnera gravemente las garantías constitucionales y los derechos contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, principios esenciales para una democracia abierta y participativa.
Puntualizó citando que: “Con vistas a las elecciones del 2025 (primarias y generales), es esencial que la institucionalidad asegure medidas específicas para enfrentar y neutralizar la tradicional influencia del narcotráfico y las redes de corrupción que pervierten la democracia y violentan los derechos políticos de la población hondureña”.
