El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), presentaron el: “Primer Informe de Veeduría: Proceso de Elección de Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia. Etapas de Juramentación, Organización, Funcionamiento y Convocatoria”, un documento que brinda una mirada crítica y objetiva de los aspectos más relevantes del proceso de selección de aspirantes a magistrados y magistradas que realiza la Junta Nominadora en Honduras.
El informe, que se realizó con el objetivo de promover la transparencia, objetividad, meritocracia y la apertura del proceso al escrutinio social, destaca aspectos importantes del proceso como las transmisiones en vivo de las sesiones de la Junta Nominadora y la Plataforma de mensajería abierta a la ciudadanía, organizaciones nacionales e internacionales. Asimismo, la invitación a la ciudadanía a las sesiones, la recepción, lectura y contestación de comunicaciones recibida remitidas por la ciudadanía; la celebración de reuniones abiertas y públicas con instituciones del Estado y organizaciones nacionales e internacionales; las consultas a expertos, la celebración de eventos públicos y la adopción de recomendaciones e insumos generados desde la sociedad civil organizada y ciudadanía en general, entre otros.
Preocupaciones
Sin embargo, también se plantean una serie de preocupaciones, en específico, acerca del actual portal de transparencia, pues durante la primera etapa no contaba con todos los componentes establecidos en el Reglamento de la Ley (artículo 12). Asimismo, que la información pública producida por la JN (actas de sesiones, cronogramas, listados de postulantes, expedientes públicos), se sube al Portal de Transparencia con retrasos considerables, en relación con la fecha de creación y aprobación.
Por otro lado, preocupa al Consorcio que la Junta nominadora no solicitó como requisito para postularse, la constancia que emite la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), que establece que los aspirantes a cargos de elección, que participaron en el proceso de elecciones políticas del 2021, deben presentar su informe financiero de ingresos y gastos de campaña. Este filtro le permitiría a la JN, evaluar en el listado a los postulantes que no rindieron su informe y que se encuentran en incumplimiento administrativo con la UFTF.
Más preocupante aún, subsanar la lista de los autopostulados que pertenecen y mantienen nexos fuertes con los partidos políticos cuyos militantes han sido denunciados, vinculados y judicializados por haber financiado sus campañas políticas con dinero proveniente de actos de corrupción, narcotráfico o crimen organizado, como en el caso de personajes del mundo político que han sido pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo con la información de la página de la UFTF, actualmente 1,807 de 4,928 personas no han rendido cuentas, una lista preocupante que debe cotejarse con la de quienes aspiran a las magistraturas de la CSJ, para que ese aspecto se tome en cuenta en el proceso de evaluación de los y las postulantes.
Otra preocupación que se destaca en el informe, es que aún no se han elaborado los lineamientos para la acreditación de los observadores nacionales e internacionales, a los que se refiere el artículo 5, literal h) del Reglamento de la Junta Nominadora. Aunque esto no ha sido un impedimento material para la veeduría, una regulación oportuna alentaría la participación de diversas organizaciones en instituciones nacionales e internacionales que han manifestado su interés en participar como veedores en el proceso.
¿Qué se recomienda?
El consorcio, que se mantiene en permanente observación del proceso, ha dado seguimiento al desarrollo de las sesiones públicas celebradas por la Junta Nominadora (JN), desde el 14 de septiembre y tras un exhaustivo análisis de lo ocurrido, plantea las siguientes recomendaciones:
- Para garantizar el derecho de acceso a la información pública en el proceso de selección, recomendamos a la JN habilitar en el actual Portal de Transparencia, todos los componentes necesarios para la subida de la información pública, según lo establece su Ley de Funcionamiento y el Reglamento en el artículo 12. Este Portal debería incluir la información sobre la ejecución del presupuesto, como un necesario ejercicio de rendición de cuentas. Así mismo, es indispensable que la publicación de información reúna las características de calidad establecidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como información completa, veraz, adecuada y oportuna.
- Es importante que las actas de las sesiones (una vez aprobadas y firmadas) se compartan a través de los canales oficiales, o que se publiquen (de forma expedita) en el Portal de Transparencia de la Junta Nominadora. Este aspecto generará una mayor y mejor visibilidad de la información, para que la ciudadanía haga sus propias valoraciones y análisis de lo que acontece en el proceso.
- Se recomienda que la JN, en cumplimiento a lo que establece el Reglamento de la Ley (artículo 4, literal c) sobre las responsabilidades del presidente de la Junta, que literalmente dice: “Emitir la convocatoria con la suficiente antelación y enviarla por medio de la Secretaría de la Junta a los representantes propietarios y suplentes”, haga las convocatorias a las sesiones ordinarias con una mayor anticipación, con el objetivo que la ciudadanía y los veedores nacionales e internacionales asistan de forma permanente a las sesiones. Este aspecto garantizará una permanente y continua veeduría a un proceso que, como se ha apuntado en este documento, es fundamental para la correcta preselección de los hombres y las mujeres idóneas, capaces e íntegras que conformarán la nueva CSJ.
- Se recomienda a la JN, solicitar a la Unidad de Financiamiento Transparencia Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), la lista de personas que NO remitieron Informes financieros de ingresos y gastos de campaña por su participación en el proceso electoral de 2021. La información de la página de la UFTF establece que actualmente 1,807 de 4,928 personas no han rendido cuentas. Por eso, es urgente que se revise la lista de aupostulantes en el proceso de selección de magistrados y magistradas, y la lista de quienes tienen pendiente cumplir lo que establece la Ley de la UFTF, para que se tome en cuenta en la calificación que se les asignará y evitar que personajes políticos relacionados con la corrupción y narcotráfico, formen parte de la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras.
- Recomendamos a la JN cumplir con el artículo 5, literal h) del Reglamento de la Ley, que ordena la aprobación de los lineamientos para la acreditación de los observadores nacionales e internacionales, con el objetivo que los veedores conozcan las disposiciones que deben cumplirse en el desarrollo de las sesiones y se acrediten con la debida anticipación.
Tegucigalpa, 10 de noviembre de 2022.
Primer informe de veeduría proceso de elección Corte Suprema de Justicia.
