Escrito por: Lucía Vijil Saybe
En documentos anteriores se han analizado[1] las manifestaciones de la corrupción extractiva y cómo su acción deteriora a los gobiernos en términos de gobernanza y protección a las poblaciones expuestas a la conflictividad socioambiental. Pero el análisis de las formas de corrupción extractiva también urge de la introducción de dos elementos centrales para su debate: derechos humanos y derechos de la naturaleza.
- Derechos y extrahecciones
Las matrices extractivas han evidenciado que en su ejecución media la violación de derechos humanos, que comienza con el proceso de otorgamiento de concesiones y permisos de operación, (caracterizado más por violentar los derechos de consulta, participación, etc.) hasta la imposición del proyecto en las comunidades (persecución, asesinato de defensores/as, etc.).
Esas situaciones particulares, mediadas por la violación de derechos humanos, son denominadas extrahecciones[2], una consecuencia de la corrupción extractiva. Pero las acciones violatorias de derechos humanos en Honduras, que incluyen la ausencia de investigación en relación con los proyectos extractivos, el impacto ambiental, hasta la impunidad en los crímenes de defensores/as de la naturaleza, se constituyen como indicativos de la aceptación de las extrahecciones que se han caracterizado en el país por los siguientes factores:
| No. | Factor habilitante | Ejemplo | Derecho humano afectado |
| 1 | Influencia de las redes corruptas extractivas en los gobiernos locales y la administración central. | El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes en Tocoa, ha hecho públicas las formas ilegales en las que se ha instalado la Empresa Los Pinares[3] y en diferentes espacios de participación ciudadana se ha reafirmado la petición de salida de la minera. Sin embargo, la decisión de estas comunidades no ha sido respetada por la alcaldía municipal, cuyo titular es Adán Fúnez. | Derecho al acceso a información.
Derecho a un medio ambiente sano. Derecho a la participación ciudadana.
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| 2 | Acaparamiento de espacio territorial facilitado por el marco nacional extractivo y agrario. | La Ley de Modernización Agrícola (Decreto 31-92) fue la herramienta que facilitó el acaparamiento de la tierra a favor de las agroexportadoras, terratenientes y la línea económica del país, supeditada a los tratados de libre comercio. Esta Ley significó el impulso a un nuevo modelo económico con las características: “desgravación arancelaria, anulación de franquicias, incremento de impuestos y liberalización de las tasas de interés bancario. Todo lo anterior llevó a la reducción de los impuestos de importación, a la eliminación del proteccionismo local, a la apertura de la economía ante la competencia internacional y al aumento del precio de los combustibles y del transporte”[4]. | Derecho a la alimentación.
Derecho al trabajo. Derecho a la organización. Derecho a la tierra. |
| 3 | Política militarista detiene el abordaje de la conflictividad socioambiental y agraria. | Los procesos de recuperación de tierras en el Valle del Aguán, departamento de Colón, han estado bajo una intervención: la contrainsurgencia político-militar. Es así que, a partir del 2010, la zona fue militarizada por orden presidencial, y se instaló una fuerza de tarea de intervención militar llamada Xatruch. Además, se aprobó una ley de desarme general en la zona[5]. | Derecho a la protección de la familia.
Derecho a reparación. Derecho de acceso a justicia. |
| 4 | Deterioro de la institucionalidad pública | Las instituciones clave del Estado se encuentran en los niveles más bajos de confianza institucional, registrados en la historia reciente de Honduras. En el año 2020, el Poder Judicial apenas logró el 17.0% de confianza ciudadana, el Congreso Nacional el 12.8%, el presidente de la república el 13.6% y los partidos políticos el 9.1%. Esta baja confianza ciudadana es parte fundamental del deterioro del Estado de derecho y de los retrocesos de la democracia hondureña[6]. | Derecho de acceso a justicia.
Derecho a la protección social.
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Fuente: elaboración propia
La corrupción extractiva legitima la violación de derechos humanos en Honduras, ya que se instala sobre una cultura de opacidad, reforzada por la presencia de empresas que operan bajo flexibles marcos de control y sanción. Asimismo, en medio de incentivos, privilegios fiscales y una clase política que ha facilitado la forma de gobierno desde esquemas que defienden “el desarrollo”, pero que continúan violentando y ampliando las brechas de desigualdad e impactos diferenciados de los extractivismos.
1. ¿En qué momento consideramos a los derechos de la naturaleza?
De acuerdo con Naciones Unidas[7]:
“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna”.
Bajo esa definición se entiende que el ser humano será el centro, de hecho, en temas extractivos; la mayoría de salidas a la conflictividad socioambiental y agraria están bajo la lógica del acceso a la justicia, reparación e incluso indemnización por proyectos extractivos, colocando a las personas como víctimas centrales.
Las salidas a la conflictividad están influenciadas por:
- un modelo económico nacional que no pretende modificarse y que da por sentado la continuidad del modelo extractivo.
- élites económicas que no están dispuestas a renunciar al beneficio de la explotación de los recursos naturales.
- ausencia del debate sobre las transiciones post – extractivas en todos los niveles de actores involucrados.
El modelo de acumulación ha representado para toda la región, el detrimento de los entornos ambientales y de las dinámicas de relacionamiento. En este punto, es importante acotar que la sociedad no ha sido capaz de establecer una relación horizontal y, muy al contrario, ha existido una necesidad de imponerse y controlar a la naturaleza.
Es precisamente esa necesidad de imposición del humano sobre los recursos naturales, lo que ha justificado la promoción e instalación de un modelo económico, presuntamente para el fomento del crecimiento de los países, especialmente los que tienen asignados el rol de periferia y que requieren de vivir, por completo, de la explotación de la naturaleza.
Aquí es válido traer a colación la expresión de Neef[8]:
“Si me dedico, por ejemplo, a depredar totalmente un recurso natural, mi economía crece mientras lo hago, pero a costa de terminar más pobres. En realidad, la gente no se percata de la aberración de la macroeconomía convencional que contabiliza la pérdida de patrimonio como aumento de ingreso. Detrás de toda cifra de crecimiento hay una historia humana y una historia natural. Si esas historias son positivas, bienvenido sea el crecimiento, porque es preferible crecer poco, pero crecer bien, que crecer mucho pero mal”.
Claramente son el utilitarismo y el sesgo antropocéntrico, los que marcan esa amplia ruptura entre el humano y la naturaleza, a los que hace referencia Gudynas[9]:
“Es una postura que no sólo está teñida por un sentido de una necesaria dominación sobre el entorno, pero también de unos humanos sobre otros. Esto hace que este antropocentrismo sea también patriarcal. Esta perspectiva antropocéntrica tiene muchas implicancias. Por un lado, la Naturaleza es fragmentada en componentes, los que son reconocidos como «recursos». Por otro lado, la apropiación de esos «recursos» necesariamente exige poder controlar, manipular y poseer el ambiente. Se defienden las posturas que permiten extraerlos, separarlos, traspasarlos, modificarlos. Bajo ese tipo de apropiación, la utilidad discurre por intereses que giran alrededor del beneficio y la rentabilidad”.
Los derechos de la naturaleza
Y es, precisamente, en el contexto anterior, que se requiere hablar de los derechos de la naturaleza. Diría Acosta:[10] “La liberación de la Naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad, exigió y exige, entonces, un esfuerzo político que le reconozca como sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que todos los seres vivos tienen el mismo valor ontológico, lo que no implica que todos sean idénticos”.
Hay sectores que consideran que la conflictividad socioambiental y agraria implica el reconocimiento únicamente de los humanos. Es importante, ante el avance del modelo extractivo en la región y por la demanda internacional que continúa en torno a los derechos de la naturaleza, colocar algunos puntos de reflexión:
2. Al debate la racionalidad jurídica
Las conflictividades socioambientales y agrarias que estén marcadas por prácticas corruptas y que implican violación a derechos humanos, requieren salidas en el marco del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la autogestión del patrimonio biocultural de recursos y la participación ciudadana desde una mirada de justicia ambiental, capaz de posicionar los derechos de la naturaleza.
Diría Leff[11], “la justicia ambiental reclama el derecho a tener derechos, a la legitimidad de los diversos códigos de justicia instituidos a través de los imaginarios sociales de las diferentes culturas”.
3. Articulación de movimientos socioterritoriales en relación con una propuesta por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza
Son importantes los planteamientos que, además de cuestionar el sistema de acumulación, sobrepasen a la cuestión ambiental. La urgencia de los nuevos movimientos sociales, relevo de actores y dinámicas de transición en Honduras, requieren de “la deconstrucción (tanto en la teoría como en la práctica) del régimen ontológico de la racionalidad tecno-económico-jurídica de la modernidad que rige al orden mundial y la transición hacia otro orden mundial, y hacia otros mundos de vida posibles, arraigados en una ontología de la vida”[12].
4. Promoción de espacios de diálogo para el debate vinculante
El marco normativo legal y la práctica política conservadora han impedido el debate y la construcción de políticas públicas que apuesten por el reconocimiento de los derechos humanos y de la naturaleza.
Es por eso que deben ser obligatorios los espacios que permitan:
1) establecer la importancia de una lectura crítica sobre la naturaleza como el espacio en el que debemos co-habitar, proteger y vivir en armonía y,
2) para la construcción de un mundo sustentable es requerida la redefinición de “lo justo” hacia los principios de emancipación, diferencia, solidaridad y autonomía[13].
El posicionamiento de los derechos humanos y de la naturaleza, en el marco de las conflictividades en Honduras, ha sido reiterativo en los discursos, agendas y posturas de algunos movimientos sociales y territoriales (específicamente en espacios de defensoras), lo que habilita una demanda política ciudadana para construir caminos hacia la consolidación de agendas que realmente se nutran de los sentires de los derechos por la existencia.
[1] Vijil, L. 2022. La corrupción extractiva y su importancia en el debate nacional. Disponible en: https://cespad.org.hn/la-corrupcion-extractiva-y-su-importancia-en-el-debate-nacional/
[2] Gudynas, E. 2015. Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza.
[3] Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos. 2021. Corrupción, represión y vigilancia ilegal evidenciada durante juicio de los defensores del agua. Disponible: https://www.guapinolresiste.org/post/corrupci%C3%B3n-represi%C3%B3n-y-vigilancia-ilegal-evidenciada-durante-juicio-de-los-defensores-del-agua
[4] Irías, G. 1992. De los años ochenta a la situación actual. San Pedro Sula: Instituto de Educación Popular de Honduras.
[5] Vijil, L. y López, B. 2022. Coyuntura desde los territorios | Reflexiones sobre cómo gestionar el conflicto agrario en el Bajo Aguán. Disponible: http://v1.cespad.org.hn/2022/03/03/coyuntura-desde-los-territorios-reflexiones-sobre-como-gestionar-el-conflicto-agrario-en-el-bajo-aguan/#_ftn2
[6] CESPAD. 2022. Análisis de los resultados de las elecciones generales 2021, en Honduras.
[7] Naciones Unidas. Disponible: https://www.un.org/es/global-issues/human-rights
[8] Ver la carta abierta de Max-Neef al ministro de Economía de Chile, 4 de diciembre de 2001.
[9] Gudynas. E. 2014. Derechos de la Naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales.
[10] Acosta, A. 2012. La Naturaleza con Derechos: Una propuesta para un cambio civilizatorio.
[11] Leff, E. 2021. Racionalidad y Justicia Ambiental: La Elusiva Injusticia de la Vida
[12] Ídem.
[13] Ídem.
