Escrito por Aimée Cárcamo
En 2018, la empresa asociativa de producción campesina de la que Lorenzo Salvador es uno de los 21 socios, solicitó al Instituto Nacional Agrario (INA) el título de propiedad colectivo de 680 manzanas de tierra ejidal en el municipio Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz. Sin embargo, aunque ya cuentan con su personería jurídica, seis años después, la institución rectora de la reforma agraria todavía no ha levantado los planos para hacer la adjudicación.
Un grupo de terratenientes también reclama la propiedad de esa tierra ejidal a pesar de que nunca han vivido en la zona y, según los mismos campesinos, en confabulación con un fiscal del Ministerio Público se criminalizó a dos socios de la empresa, que es parte del mapa de conflictividad agraria que se extiende a lo largo y ancho de Honduras.
“Necesitamos que el Estado garantice las tierras ejidales a los que están organizados (…) para asegurar que nuestra familia, que nuestros hijos, puedan tener un área de tierra segura”, dice Salvador, cuya empresa asociativa tiene el acompañamiento de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), una de varias organizaciones que luchan desde hace décadas por el derecho a la tierra.
La espera podría llevar más tiempo porque desde el 2023, las mismas autoridades del INA en el vecino municipio de Comayagua (donde está la oficina regional de esa institución) les han manifestado que, por años, incluso décadas, en esa zona no se ha extendido un título colectivo.
Pero este no es el único caso porque al menos el 60 % de las organizaciones campesinas carece de títulos definitivos de propiedad. Siguen a la espera de que el INA salde esa mora y avance con el tema de acceso a la tierra y de una distribución más justa.
Este escenario y situaciones evidencian la urgente necesidad de fortalecer una institución que antaño sufrió un debilitamiento sistemático porque no convenía al proyecto neoliberal impulsado por Rafael Leonardo Callejas.
“No es casualidad que en los años de la narcodictadura hubiera una intención muy clara de reducir las capacidades del Instituto Nacional Agrario a su mínima expresión, y ese proyecto se materializó justamente en la reducción de su presupuesto”, señala al respecto el asesor del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Kevin Isidro.
Sin embargo, aunque el INA es una pieza clave en el proyecto de refundación de la presidenta Xiomara Castro, al colocarle al frente de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, adolece todavía de una serie de deficiencias.
El plan de gobierno de Castro establece la orientación del modelo de desarrollo hacia la población que históricamente ha sido menos beneficiada. Sin embargo, la crisis que atraviesa el sector rural con la entrega de tierra y títulos de propiedad a campesinos y campesinas es una función que por mandato constitucional le corresponde al INA. De ahí que la institución urge de su fortalecimiento técnico, tecnológico y financiero para echar a andar el proyecto de justicia social a través de la redistribución de la tierra.
La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra
El 6 de junio de 2023 es una fecha que está presente en la memoria del campesinado hondureño. Ese día, la presidenta de Honduras anunció la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, integrada por el INA, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Secretaría de Defensa, la Policía Nacional, el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Desarrollo Económico.
A grandes rasgos, la comisión agraria designa al INA dos tareas: la primera, el ordenamiento del campo, que tiene que ver con los desalojos y los conflictos por la tierra; y la segunda, el avance en la entrega de los títulos de propiedad para las comunidades campesinas.
El asesor del Cespad señala que la primera medida tomada, debido a la limitada capacidad del INA para gestionar la tierra, fueron los desalojos, lo que generó malestar y desconfianza en las comunidades.
Un año después, no se ha registrado una asignación de presupuesto al INA que corresponda con su papel como titular de la comisión agraria y que le permita realizar las tareas encomendadas.
El presupuesto de esa institución en 2021, el último año de la gestión de Juan Orlando Hernández, fue de 345.3 millones de lempiras, mientras que, en 2022, en el gobierno de Castro se le asignaron 336 millones y los años siguientes 555.4 millones. Pero ese incremento presupuestario, de casi 219 millones, se queda todavía corto para echar a andar un proceso tan grande como la reforma agraria. “Sigue siendo una institución bastante frágil”, apunta Isidro.
Ante los desalojos, las organizaciones campesinas hicieron varias movilizaciones y se reunieron con el director del INA, Francisco Funes.
“¿Qué nos dijo el señor Francisco Funes?, no está en mis manos resolver, pero es el coordinador de la Comisión”, se pregunta y se responde, a la vez, la dirigente campesina Lilian Borjas, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Para Borjas, la comisión agraria fue creada por el mismo sistema que ha oprimido todo el tiempo al campesinado. “Ahí está la Secretaría de Defensa y Seguridad, Ministerio Público, la Policía y la Corte que no han hecho más que reprimir”.
“Es la Corte la que lleva todos esos desalojos, entonces se pudo ver que solo nos dieron atol con el dedo y lo que han hecho más bien con la comisión agraria es quitarles tierras a los campesinos y campesinas”, señala la dirigente de la CNTC.
Borjas también cuestiona la ausencia de una investigación seria y profunda sobre los títulos de los terratenientes que tienen siete mil o diez mil manzanas de tierra. “Eso sólo quedó en la mesa”, dice.
En el siglo pasado
Además del tema presupuestario, el INA requiere de un fortalecimiento técnico y tecnológico, pero esos procesos necesitan también de presupuesto. “Vemos la poca capacidad técnica que tiene en este momento personal que lleva laborando en la institución 35, 40 años, con un enfoque de reforma agraria bastante desfasado”, critica el asesor del Cespad.
Es relevante evaluar que, en el actual gobierno, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) adquirió el rango de secretaría y se fortaleció a la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), pero el INA, que es la institución gestora de múltiples conflictos agrarios en el país, no ha tenido un impulso parecido, cuestionan los entrevistados.
Isidro sostiene que el INA se ha quedado estancado y no ha adoptado los avances tecnológicos de la administración pública y del sector agropecuario de las últimas décadas. “Cuando uno solicita información de un expediente, lo envían a buscar en un montón de cajas”, ejemplifica. Esta falta de digitalización es un ejemplo de las debilidades técnicas de la institución y su frágil gestión. “¿Qué pasaría si, como ha sucedido en otras instituciones, esa información se perdiera en un incendio?”, se pregunta.
Urge un marco legal para democratizar el acceso a tierras para el sector campesino
Al fortalecimiento técnico y financiero en el INA se suma la necesidad de que el Congreso Nacional discuta, entre otras leyes, la Ley de Modernización del Sector Agrícola, vigente desde 1994 e impulsada por el entonces presidente Rafael Leonardo Callejas, en un momento crucial para la instalación del modelo neoliberal en la región.
Esta ley, que ha permitido el acaparamiento de tierras por parte del sector agroexportador en detrimento de las comunidades campesinas, debe ser reformada en opinión de algunos sectores, lo que permitiría avanzar en el acceso a la tierra. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Plataforma Agraria plantean que es inconstitucional ya que promueve la creación de latifundios, que están prohibidos en la Constitución, por lo tanto, debe ser abolida.
Sin embargo, aunque los movimientos territoriales tienen esta claridad, a nivel institucional ese reclamo o necesidad no han sido llevados de manera contundente al Congreso Nacional.
En relación con los desalojos que se han estado realizando, Isidro aclara que hay un marco legal que los habilita y también un presupuesto para llevarlos a cabo, a través del Poder Judicial y la Policía Nacional. Sin embargo, habilitar o potenciar la entrega de tierras requiere la aprobación en el Congreso Nacional de reformas estructurales en el marco legal, además del fortalecimiento institucional del INA.
Para Isidro, que el INA desarrolle su tarea de manera óptima reduciría los niveles de conflictividad en los territorios, que se extienden desde el Bajo Aguán, en la zona norte, hasta Zacate Grande, en el pacífico sur. También desde La Mosquitia, en el nororiente, hasta Santiago de Puringla, en la región central.
Los intereses por acaparar la tierra no existen desde hace veinte ni treinta años, refiere Isidro: “nuestro territorio ha vivido en una dinámica de acaparamiento desde la colonización”.
Cambio climático
Es urgente revitalizar el proceso de reforma agraria en beneficio del campesinado porque, aparte de situaciones devenidas de las debilidades institucionales, en la región centroamericana enfrentan un creciente impacto devastador del cambio climático en la producción de alimentos.
El cambio climático aumentará progresivamente el riesgo de inseguridad alimentaria para un número creciente de personas. Por eso, según Isidro, resulta paradójico que un territorio con una vocación agrícola predominante no pueda producir ni siquiera sus propios alimentos. Esta situación evidencia una gestión inadecuada de los recursos y políticas agrarias, al igual que una falta de adaptación a los desafíos climáticos emergentes.
En un contexto en el cual la autosuficiencia alimentaria debería ser una prioridad, es crucial implementar estrategias agrícolas sostenibles y adaptativas para mitigar los efectos adversos del cambio climático y asegurar un suministro constante de alimentos.
La necesidad de importar granos básicos en un territorio que ancestralmente ha sido productor de maíz y frijoles, no se debe a una casualidad ni a la falta de voluntad de los campesinos para trabajar. Es el resultado de la falta de condiciones necesarias para que su labor sea productiva. Esta situación impide que los campesinos puedan garantizar un proyecto de vida digno para ellos mismos, y mucho menos asegurar la seguridad alimentaria del país.
Oportunidad histórica
La urgencia de resolver el conflicto por la tierra ha estado presente en las agendas de los movimientos populares desde la década de 1960. Sin embargo, organizaciones como el Cespad consideran que hay una oportunidad histórica en el nuevo balance de poderes y en la narrativa gubernamental que se refleja en el Plan de Gobierno Bicentenario, en favor de la transformación del modelo económico y el impulso de sectores históricamente excluidos.
Isidro sostiene que es posible avanzar en el fortalecimiento institucional del INA. Considera que, si esta institución desempeñara su función con mayor efectividad, mejoraría la vida de los campesinos y campesinas de Honduras, y también impactaría positivamente la realidad del país en general, especialmente en aspectos fundamentales como la seguridad y la soberanía alimentaria.
Sin embargo, Isidro expresa su preocupación por la oportunidad que, aunque presente, no se está aprovechando y se corre el riesgo de que se diluya en promesas de campaña.
En este contexto, señala que es alarmante que, en un momento en el que se discute la refundación del Estado, el propio director del INA, francisco Funes, no tenga un papel protagónico en la demanda, con insistencia, del fortalecimiento de esta institución. Tampoco se perciben esfuerzos contundentes del subdirector del INA, Rafael Alegría, para impulsar los cambios necesarios, quien, habiendo liderado la Vía Campesina durante muchos años, comprende la urgencia del problema.
Isidro dice que es preocupante la posibilidad de que grupos conservadores regresen al poder en Honduras, lo que podría revertir los tenues avances en el proceso de reforma del Gobierno de Castro.
Estos grupos están conscientes de que el Instituto Nacional Agrario no les beneficia. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos en avanzar con el proceso cuando la oportunidad está presente?, se pregunta el analista del Cespad.
Isidro reconoce que abordar los intereses de grandes grupos económicos representará desafíos para el gobierno de Castro. Sin embargo, argumenta que los beneficios y el respaldo que la administración actual podría obtener al avanzar en la reforma agraria superarían los costos políticos asociados.
“Pero sí se requiere mucha decisión, mucha contundencia, mucha claridad política y mucho valor, porque esos grupos se han encargado de desestabilizar la democracia cuando el proyecto de desarrollo no privilegia sus intereses”, acota el entrevistado.
“Es una cuestión política muy clara: ¿a quién vamos a privilegiar, a los agroindustriales o a los campesinos?”, puntualiza.