Este informe del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), es parte de una iniciativa de monitoreo ciudadano, en el marco de los comicios generales de noviembre del 2021, en Honduras. Este primer número del mes de julio, presenta un abordaje general de la política pública de protección social del Gobierno, colocando en contexto el origen, la trayectoria y el propósito de fondo de los programas y proyectos sociales en ejecución.
En esta línea de análisis, los hechos más relevantes consisten en una articulación de acciones, lideradas por Juan Orlando Hernández (JOH), primero, como presidente del Congreso Nacional y, posteriormente, durante su proyecto político reeleccionista, en los últimos dos periodos de gobierno, 2014-2018 y 2018-2022.
Estos hechos los resumimos en los siguientes aspectos. En primer lugar, el ajuste de la administración pública, con el que definitivamente se centralizó poder político en una área tan sensible como la reforma del Estado, en la figura del Presidente de la República y en la creación de un ente supra institucional, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Otros dos elementos son: ii) la readecuación del andamiaje jurídico y la institucionalidad estatal en una política de desarrollo económico y de infraestructura productiva totalmente disfuncional y desconectada del desarrollo social y de las necesidades de la población hondureña; por otro lado, iii) el diseño y desarrollo de una política pública de asistencial social sustentada en las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que el gobierno ha ofrecido como la estrategia de reducción de la pobreza pero, que en el fondo, ha sido una estrategia para ampliar y consolidar la base social electoral del partido político del presidente del poder ejecutivo.
A estos tres aspectos, agregamos un cuarto hecho relevante de la coyuntura: la reforma al Presupuesto General de la República de abril de 2021, que ha implicado mayores prerrogativas al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). Esta reforma ha tenido el propósito de permitir la disponibilidad de recursos financieros para los programas y proyectos sociales del partido de gobierno con fines proselitistas.
