Escrito por: Lucía Vijil Saybe, analista del CESPAD
La Sala de lo Constitucional del Poder Judicial de Honduras resolvió dos recursos de amparo, interpuestos en el 2020 y el 2021, a favor de los defensores del Río Guapinol, acusados por los delitos de violaciones al debido proceso y la prisión preventiva arbitraria a la que fueron sometidos. El Tribunal de Sentencia de Trujillo ordenó su liberación 14 días después, una acción que evidenció la poca voluntad institucional para resolver los casos relacionados con la defensoría ambiental. Así fue la persecución judicial de José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Jeremías Martínez y Arnold Javier Alemán finaliza.
Una de las estrategias más utilizadas por parte de las empresas extractivas y de las instituciones del Estado para detener el ejercicio de resistencia territorial en las comunidades, es la criminalización y judicialización de los defensores y defensoras de los bienes comunes, obligando al movimiento social a desviar sus fuerzas y el foco de atención del origen de la conflictividad.
Recordemos que el conflicto en Guapinol surge en el 2013, cuando el Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 252-2013, reformó de manera irregular el Decreto No 127-2012 con la finalidad de reducir la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36. La reducción fue de 217.34 hectáreas, que coincidieron, sorprendentemente, con la ubicación de las dos concesiones mineras otorgadas a empresa “Inversiones Los Pinares”[1].
En ese sentido, y luego de la liberación de los defensores del Río Guapinol, es importante abordar las formas en las que Inversiones Los Pinares continúa realizando explícitos métodos de control territorial y, en ese marco, violentando los derechos de las comunidades de Guapinol y el Sector San Pedro. El análisis relacionado con la disputa territorial en esta zona se hará desde dos enfoques: a) la mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza y b) la defensa del territorio, retomando algunas categorías de análisis de Carolina Jiménez y Edgar Novoa[2] en el actual contexto de conflictividad.
I. Mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza
Como lo hemos sostenido desde el CESPAD: “El extractivismo forestal, minero, eléctrico, agroindustrial, mega hotelería y su nueva modalidad con las ZEDE, marcó 12 años de políticas impulsadas por el Partido Nacional (PN), que concesionaron el territorio en beneficio del gran capital nacional e internacional, mediante mecanismos de despojo y privatización de los bienes comunes naturales”[3]. Ese marco de políticas está inmerso en un modelo económico que continúa reafirmando la división internacional del trabajo, lo que nos reduce a un país que funciona bajo un esquema primario exportador, que soporta las lógicas de acumulación y dominación de las élites transnacionales.
Es así que estamos atendiendo ante una realidad nacional en la cual las redes extractivistas, que han acumulado tierra e influencias financieras y políticas, continúan con el control sobre la institucionalidad pública, encargada de gestionar el tema ambiental, agrario y territorial. En el caso específico de Guapinol, dos aspectos deben considerarse:
A) La clase política como pieza clave para la protección de la dinámica extractiva.
Adán Fúnez, el cuadro político del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el departamento de Colón, es la pieza fundamental de un proyecto extractivo y agrario para el despojo completo del territorio. Su nombramiento, como gobernador departamental, de acuerdo con los sectores organizados por la defensa del Río Guapinol, “es una burla para los presos políticos de Guapinol y el Pueblo que lucha para recuperar el territorio que ha sido regalado a las empresas mineras de muerte en Colón”[4]. Pero más allá de la forma en cómo se le denomina, su nombramiento claramente responde a una línea que garantizará la privatización de las riquezas naturales de la zona e indica que los territorios deben funcionar bajo las temporalidades y movimientos del capital.
B) Redes extractivistas en la institucionalidad pública.
Con la presidenta Xiomara Castro, las esperanzas se multiplicaron en relación con las posibles transformaciones en la matriz económica nacional y, por ende, en lo que estaba relacionado con el extractivismo. Sin embargo, casos como Azacualpa y Guapinol han dejado muy claro que las redes extractivas continúan intactas y la capacidad de respuesta gubernamental es casi nula. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ha continuado con las demandas ciudadanas a las instituciones del Estado para que la Secretaría del Ambiente (Mi-Ambiente) “… examine y resuelva con prontitud los CINCO EXPEDIENTES de Reclamo de Protección Ambiental, de fecha 22 de marzo 2022, concernientes a los cinco componentes del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares, Inversiones Ecotek en el Parque Nacional Montaña de Botaderos”[5]. Hasta el día de hoy, la respuesta ha sido que todo está en investigación.
II. Se complejiza la defensa del territorio
Los conflictos en los territorios evidencian una construcción social que “no se explican simplemente desde las condiciones materiales que los soportan, sino y especialmente, se definen desde las relaciones y prácticas sociales que en ellos se establecen. Es como las comunidades marcan y grafían la tierra; al modo como se apropian, representan y dotan de sentido sus territorios”[6]. El departamento de Colón se ha configurado, con el paso de los años, como una fuerza productiva estratégica y se ha justificado, por ende, su militarización.
La empresa Los Pinares ha ejecutado múltiples estrategias para continuar con su actividad minera y limpiar su imagen, luego de la liberación de los defensores del Río Guapinol. Entre los recientes acontecimientos, se llevó a cabo una convocatoria presuntamente “solicitada por los habitantes” de Tocoa, a la comunidad de La Laguna, para la realización de un cabildo abierto. El cabildo contó con la presencia de Adán Fúnez y la participación de los representantes de la Empresa Minera, para la firma de acuerdos entre la extractiva y las comunidades allí presentes.
Esos acuerdos consisten en el compromiso de la empresa de ejecutar los proyectos sociales que demanden las comunidades. Fúnez dijo que “el cabildo fue histórico y que lo solicitaron las comunidades”. Agregó, “ellos manifiestan estar muy contentos con el respaldo que la empresa minera Inversiones Los Pinares les ha dado en la zona”[7]. Pero la convocatoria fue denunciada por el Comité Municipal, los regidores de la alcaldía de Tocoa y por diferentes pobladores, como fraudulenta y plegada a los intereses de la empresa, resaltando la figura del gobernador, como promotor de ese espacio.
Asimismo, Inversiones Los Pinares, en el marco de la XII maratón del Centro de Rehabilitación Integral de Colón (CRICOL), donó un millón de lempiras. De acuerdo con la minera[8]: “Los Pinares sigue haciendo historia como una empresa que demuestra, con acciones, su total compromiso para ayudar a los habitantes de la zona. La donación a CRICOL se hizo en dos partes, la primera fue de 500,000 lempiras, entregados por Inversiones Los Pinares, y una segunda donación, de otros 500,000, brindada por la familia del presidente de Inversiones Los Pinares, Lenir Pérez”.
Al igual que en otros conflictos a nivel nacional, las empresas extractivas utilizan las plataformas ciudadanas y se aprovechan de procesos comunitarios que responden a necesidades específicas (en este caso para el sector con discapacidad) para mostrar “la cara responsable” y posicionarse como un actor clave en las dinámicas sociales, al igual que la justificación de su permanencia en el municipio.
Ambas acciones responden a la urgencia de posicionar a Inversiones Los Pinares en el entorno e imaginario social como una empresa capaz de “sentir y preocuparse” por las comunidades en las que se ha instalado.
Varias situaciones, en relación con las actuaciones de la empresa, quedan claras:
1) la instrumentalización de las condiciones de pobreza de las comunidades, que demuestran que la perversa acumulación de capital continúa y se agudiza.
2) la empresa podría estar ante grandes problemas, en relación con la actuación de los entes judiciales nacionales e internacionales, sin que quede claro cuál sería la respuesta estatal ante una nueva oleada de criminalización y judicialización de otros defensores del territorio.
3) el desplazamiento de las funciones del Estado y de las municipalidades para que las empresas extractivas respondan a las necesidades de la población, abre un margen de maniobra y control territorial de las comunidades.
Las dinámicas en las comunidades representan la conflictividad socio-territorial en Honduras. Pero en el actual contexto, se refleja el reacomodo de los sectores privados y públicos ante un escenario que aparentemente no les favorecerá por completo, tomando en cuenta la reconfiguración de las fuerzas políticas en el poder. Pese a lo anterior, los sectores San Pedro y Guapinol, ante la invisibilización del conflicto, por parte de la administración de Gobierno, están colocando en el debate las nuevas territorialidades, que promueven patrones de organización con nuevas prácticas y relaciones sociales. Es decir:
a) han superado la concepción economicista de la tierra y el agua, y están en la continua disputa por posicionarse, desde las estructuras de base, analizando los impactos de la minería.
b) visibilización y denuncia de las redes de corrupción extractiva y su impacto en las comunidades.
c) un proceso en marcha para reinventar la estructura política y comunitaria de las organizaciones ambientales. Es decir, luego del proceso judicial contra los defensores se ha instalado la urgencia de retomar el debate organizativo y,
d) la presencia de mujeres y jóvenes en las comunidades y sus liderazgos afianzados, están obligando a los sectores sociales y de alianza, a encontrar caminos de construcción para los consensos y apuestas políticas de gran alcance.
La disputa por el río Guapinol será de largo aliento, y las capacidades y estrategias de replantearse la defensa del territorio recaerá, siempre, sobre las comunidades. Inversiones Los Pinares continuará con la profundización de su modelo de despojo, ante la inacción de las autoridades locales y nacionales, mientras los procesos de vigilancia y persecución operan de forma silenciosa en el departamento, colocando en riesgo la vida de los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.
[1] CESPAD. 2019. En el caso de Guapinol y San Pedro: ¿Funciona el Mecanismo de Protección de DDHH, salvaguarda la vida de las y los defensores de la tierra, bosque y ríos? Disponible en: https://cespad.org.hn/2019/08/21/en-el-caso-de-guapinol-y-san-pedro-funciona-el-mecanismo-de-proteccion-de-ddhh-salvaguarda-la-vida-de-las-y-los-defensores-de-la-tierra-bosque-y-rios/
[2] 2019. Jiménez y Novoa. Producción social del espacio del capital y las luchas sociales en la disputa territorial. Ediciones Desde Abajo.
[3] CESPAD. 2022. A cuatro meses de gestión: Aciertos y desafíos del gobierno de Xiomara Castro. Disponible en: https://cespad.org.hn/2022/06/03/a-cuatro-meses-de-gestion-aciertos-y-desafios-del-gobierno-de-xiomara-castro/
[4] Comunicado Guapinol Resiste. https://twitter.com/guapinolre/status/1502034614495453193?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1502034614495453193%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcriterio.hn%2Fdistintos-sectores-rechazan-nombramiento-de-adan-funez-como-gobernador-de-colon%2F
[5] Comunicado Guapinol Resiste. Disponible: https://www.guapinolresiste.org/post/comunicado-p%C3%BAblico-por-falta-de-garant%C3%ADas-ambientales-caso-guapinol
[6] 2019. Jiménez y Novoa. Producción social del espacio del capital y las luchas sociales en la disputa territorial. Ediciones Desde Abajo.
[7] https://elpulso.hn/2022/04/30/comunidades-ratifican-en-cabildo-abierto-apoyo-a-minera-inversiones-los-pinares/
[8] https://www.facebook.com/InversionesLosPinares/videos/1304398579965989
