I) Introducción
El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) presenta el XVIII Informe de Monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional correspondiente al mes de julio y agosto de 2024.
El objetivo de esta publicación periódica, que comenzó en noviembre de 2022, es registrar y analizar los acontecimientos, de forma mensual, relacionados con el flagelo de la corrupción en Honduras, que alcanzó niveles superlativos durante los doce años de gobiernos del Partido Nacional y cuyo combate en el período de transición en que se encuentra Honduras -con la llegada al poder del gobierno de la presidenta Xiomara Castro- presenta aún retos importantes.
En 2022, el Congreso Nacional creó la Comisión Anticorrupción, una comisión legislativa ordinaria, multipartidaria y primera de su tipo en Honduras y América Latina, como respuesta a la apremiante necesidad de abordar desde ese poder del Estado el lastre de la corrupción y la impunidad mediante la aprobación de reformas legales que permitan fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado y el desmantelamiento de los mecanismos legales que han blindado a las estructuras criminales que por años debilitaron la institucionalidad y, por ende, la democracia.
Uno de los propósitos fundamentales de la Comisión Anticorrupción es el de preparar el marco legal propicio para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), un mecanismo que desde el año 2015 exige la ciudadanía hondureña y que se convirtió en una de las principales promesas de campaña de la presidenta Castro.
En ese sentido, la Comisión Anticorrupción, en colaboración con organizaciones de sociedad civil como el Cespad, que han presionado y mantenido vigente este importante tema, ha logrado avances significativos, entre ellos la derogación de los llamados pactos de impunidad, como se conoce a los decretos 116-2019, 57-2020 y el 93-2021, aprobados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, para bloquear la lucha anticorrupción y facilitar el accionar de las redes de corrupción.
Sin embargo, para que exista un marco legal apropiado que permita a la CICIH realizar una efectiva lucha anticorrupción se requiere todavía de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de otros pactos de impunidad por parte del Congreso Nacional, entre otros garantías y condiciones necesarias para el establecimiento de ese mecanismo anticorrupción internacional, establecidas en el memorándum de entendimiento que firmó el gobierno de Castro con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estos informes han documentado todo el proceso de instalación de la CICIH, en un contexto complejo, cambiante y lleno de incertidumbres. De igual forma, se han analizado los avances, los retos y desafíos que se presentan en el marco de las negociaciones, con la expectativa de generar un mayor interés por parte de la ciudadanía en la lucha por adecentar el país.
No menos importante, estos informes se realizan con el interés de dejar registro histórico de los hechos para, como se ha reiterado, documentar prácticas que han vulnerado el Estado de derecho y la democracia, y que en el mejor de los casos se evite su repetición.
Para finalizar, este documento de monitoreo al igual que los anteriores, aportan una serie de recomendaciones con el anhelo de contribuir al éxito del proyecto de una misión internacional y la construcción de una institucionalidad cada vez más robusta que encaren la lucha contra la corrupción en Honduras, más necesaria que nunca.