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En Honduras, diversos sectores continúan reflexionando con suma preocupación sobre la profundización de la militarización, un fenómeno que, en las últimas dos décadas, lejos de disminuir se ha fortalecido y ha asumido distintas formas. Este fenómeno comenzó durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), cuando instauró la política de “cero tolerancia y mano dura” para enfrentar la violencia en el país. Su campaña antipandillas favoreció su triunfo en las elecciones generales de enero del 2001.
Sin embargo, fue después del golpe de Estado del 2009 que la militarización se profundizó durante los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022). De hecho, entre el 2010 y el 2014, el Poder Legislativo aprobó 34 disposiciones que introdujeron cambios profundos en el sector seguridad y en el sistema de justicia, que brindaron un amplio respaldo a la militarización[1]. Entre las disposiciones se citan la aprobación de la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la modificación del artículo 274 de la Constitución de la República (que amplió la jurisdicción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna) y la creación de varias fuerzas militares- policiales.
Durante los 12 años del gobierno de Hernández, el apoyo de los militares fue vital para su proyecto reeleccionista. Además, creó la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con la finalidad de tomar control de los barrios y colonias dominados por organizaciones criminales. Sin embargo, después de su creación, esa fuerza militar ha sido utilizada para reprimir la protesta social y las manifestaciones de descontento popular que realizó la población contra la corrupción, la narcopolítica y el despilfarro de los recursos del Estado.
La PMOP desplazó a la Policía Nacional en temas de seguridad pública, en las emergencias por desastres naturales o crisis sanitarias. En la actualidad, a pesar de haberse creado temporalmente, la PMOP se vislumbra más poderosa que nunca porque tiene un rol fundamental en el estado de excepción que decretó en el país, el gobierno de Xiomara Castro, desde el 2022. Con el estado de excepción se le ha cedido el control total del sistema penitenciario de Honduras a la PMOP, y se han justificado aumentos presupuestarios a la Secretaría de la Defensa para fortalecer esa institución policial-militar. Esta situación parece indicar que la remilitarización en la sociedad hondureña está en pleno desarrollo.
En congruencia con lo planteado anteriormente, en el presente trabajo abordamos el fenómeno de la militarización como tendencia regional en Latinoamérica. En segundo lugar, reflexionamos sobre las consecuencias de la remilitarización en Honduras, en el respeto de los derechos humanos y la impunidad. En un tercer apartado analizamos los rasgos y los riesgos de la militarización en la coyuntura y, finalmente, planteamos las conclusiones.
[1] CESPAD.2023. https://cespad.org.hn/la-militarizacion-se-agudiza-en-una-honduras-sin-estrategias-claras-de-combate-a-la-inseguridad/
