El Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH), una estructura que tiene como objetivo mejorar la participación de las mujeres en espacios políticos para llegar a una real inclusión y erradicar la violencia política hacia las mujeres, presentó dos estudios intitulados, el primero: “Persistencia de obstáculos y desafíos para la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Actualización Diagnóstico alcances y aplicación de la legislación favorable a la equidad de género en la política”, y el segundo: “Impacto de la violencia política hacia las mujeres con enfoque de interseccionalidad. Estudio de caso en el área urbana y rural”.
COMUNH está conformada por el Centro de Estudios de la Mujer–Honduras (CEM-H), el Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH) y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Ambos estudios, que son complementarios y presentan una radiografía de la situación que enfrentan las mujeres (a nivel legislativo y vivencial) cuando incursionan en espacios de participación política, estuvieron a cargo del CESPAD.
Persistencia de obstáculos y desafíos para la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.
En el 2021, el FMPH realizó un estudio mediante el cual se diagnosticó el alcance y aplicación de la legislación hondureña, favorable a la equidad de género. En el 2024, a través de COMUNH y del CESPAD se realizó una actualización de esos alcances y el avance en la aplicación de la legislación a favor de las mujeres en la política. El estudio hace un análisis de 4 ejes: las políticas de género e igualdad de oportunidades, los recursos del 15 % de la deuda política, la aplicación de la paridad y la alternancia, y la violencia política contra las mujeres por razón de género.
Entre las principales conclusiones del estudio se citan la persistencia de un estancamiento en la aplicación de la actual legislación a favor de las mujeres, porque no se presentaron avances visibles respecto al 2021 y 2024. Es decir, la actual legislación se considera una conquista relativa, porque hay diferencias sustantivas entre lo establecido en la normativa y su efectiva implementación.
Por otro lado, persiste una subrepresentación de mujeres en cargos políticos; un incumplimiento a la paridad y alternancia en la conformación de las directivas y en las nóminas en las elecciones generales. Asimismo, se insiste en negar los recursos para el fortalecimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres y el apoyo para las candidatas.
No menos grave, hay una persistencia de la violencia política contra mujeres por razón de género, pese a que es una violación de derechos humanos y uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en este ámbito. El estudio, preocupantemente establece que las mujeres se encuentran expuestas durante toda su trayectoria política, a los diversos tipos de violencia, la que se incrementa en la etapa electoral y es creciente en redes sociales y medios digitales.
El estudio destaca el rol y el esfuerzo permanente del FPMH y las secretarías de la mujer en la realización de un trabajo fuerte a favor del robustecimiento de los derechos políticos de las mujeres, los aportes desde el CNE y las propuestas e iniciativas de normativas y reformas legales ante el Congreso Nacional.
El estudio finaliza planteando una ruta crítica para la transformación e inclusión de las mujeres en el ámbito político, enfocado en el trabajo que debe realizarse en derredor del marco legislativo actual y de las reformas electorales que deben propiciarse de forma urgente. Asimismo, a nivel de los partidos políticos se recomienda la actualización de sus estatutos y reglamentos internos, según lo establecido en la legislación hondureña (garantizar la aplicación paridad y alternaria en las siguientes elecciones); la entrega de los fondos de la deuda política directamente a las secretarías de mujer; el fortalecimiento y respaldo igualitario a candidaturas de mujeres, en todas las fases de las elecciones.
La ruta crítica también incluye al CNE y el papel que debe jugar la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización, en el seguimiento a la aplicación de las políticas de género, la elaboración de un reglamento del gasto del 15% de la deuda política, y el fortalecimiento de las políticas públicas de las mujeres. Asimismo, la ruta que debe seguir el Foro Mujeres Políticas de Honduras y la Cooperación Internacional, estructuras inmersas en evitar la conculcación de los derechos políticos de las mujeres.
Impacto de la violencia política hacia las mujeres con enfoque de interseccionalidad.
Estudio de caso en las áreas urbana y rural.
Este estudio se realizó para conocer el impacto de la violencia política contra las mujeres, con enfoque de interseccionalidad, para la comprensión de las dinámicas en los espacios políticos organizativos del área urbana y rural de Honduras. Se enfocó en el análisis de la situación de la participación política de las mujeres, las manifestaciones de la violencia política, y el impacto y acceso a la justicia.
Entre otros aspectos, concluye que las mujeres que participan en política, tanto en lo rural y urbano, enfrentaron todas las formas de violencia política por ser mujeres, a lo largo del ciclo electoral y en su desempeño como funcionarias. La violencia que enfrentan se origina en los estereotipos culturales sobre el rol de las mujeres en el cuidado de la casa, el esposo y la familia. Al romper con este mandato de género, las mujeres políticas son consideradas como mujeres que ejercen prostitución o prepago; en ambas zonas, las mujeres se enfrentan al estereotipo relacionados con que la política es para los hombres y no para las mujeres.
Las mujeres consultadas dijeron que, en lo interno de los partidos políticos, en los períodos de las elecciones primarias, la violencia política en su contra se exacerba, y cuando se definen las candidaturas enfrentan violencia de los opositores, comunidades, líderes sociales, religiosos y generadores de opinión.
En ese contexto, las mujeres denunciaron la ausencia de mecanismos de vigilancia y sanciones desde el Estado, que se convierten en un obstáculo para la aplicación de los mecanismos de acción positiva existentes, como la paridad, alternancia, asignación presupuestaria y el protocolo de violencia de género existente.
Por otro lado, hay una limitada difusión sobre las instancias responsables de la vigilancia o de quiénes son responsables de impartir justicia. Se incluye el protocolo del CNE sobre violencia política en razón de género, especialmente en la zona urbana del país. De hecho, las mujeres consultadas hicieron alusión al protocolo de violencia de género definido para las elecciones del 2021, el que no contó con la suficiente difusión y promoción por parte del CNE. Este protocolo, por otro lado, es desconocido por las mujeres que participan en política en las zonas rurales y por muchas que participan en la política de las zonas urbanas.
Por esta y otras razones, las mujeres que deciden denunciar no son escuchadas, las autoridades que deberían protegerlas engavetan sus casos, se les revictimiza, culpa y juzga. Esto resulta en impunidad frente a la violación de sus derechos políticos
Más preocupante resulta que la violencia política se recrudece cuando se trata de mujeres jóvenes, indígenas, campesinas y garífunas. Muchas de las participantes en el estudio también enfrentaron violencia política sexual, es decir acoso sexual, por parte de los superiores jerárquicos en sus partidos.
En suma, la violencia política sigue incidiendo en los bajos niveles de participación de las mujeres en política, por eso es necesaria la creación de leyes que aborden de forma efectiva la violencia política de género, que garanticen cambios en la cultura política y protección a las mujeres en los 18 departamentos y en los 298 municipios del país.
El documento finaliza haciendo recomendaciones a las organizaciones aglutinadas en el FMPH, a los partidos políticos, a las instancias electorales (CNE, TJE, Unidad de Política Limpia), relacionadas con la creación de estructuras locales o en su defecto departamentales, para que puedan recibirse las denuncias de mujeres ubicadas en la zona rural del país. Asimismo, la creación de un sistema de monitoreo sobre la violencia política contras las mujeres y sobre el avance en los partidos políticos en cuanto a la construcción y ejecución de estatutos con enfoque de género, protocolos de género, protocolos de atención, prevención y sanción de la violencia política de género.
También, recomendaciones relacionadas con la definición e implementación de mecanismos legales que garanticen el 15% de la deuda política, la paridad y la alternancia en los cargos elegibles.
Tegucigalpa, 17 de julio del 2024
