Escrito por Rubén Escobar
Para las y los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la familia de Berta Cáceres, hay grupos económicos de gran influencia política que podrían estar detrás de la demora en la ratificación de las sentencias en su crimen, porque se busca impunidad para quienes ya fueron hallados culpables en dos procesos judiciales y para los acusados de ser autores intelectuales, que siguen prófugos de la justicia.
A manera de antecedentes, es importante compendiar dos hechos: el primero, que desde el 2013, la empresa Desarrollos Energéticos S.A., (DESA) promovió la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, en territorio indígena lenca. Y, el segundo que, debido a que en el proceso se violentaron los derechos humanos de los habitantes (generando violencia y muertes, transgrediendo la propiedad comunitaria de la tierra), Berta Cáceres organizó al pueblo en la defensa del río, pero fue asesinada el 3 de marzo del 2016.
El río Gualcarque es un recurso esencial para la sobrevivencia de las comunidades al proveer irrigación para sus cultivos, agua para su consumo y alimentos. Por eso Cáceres y sus compañeros del COPINH lideraron manifestaciones que derivaron en la retirada de la empresa constructora china Sinohydro Corporation Limited, uno de los socios clave, y de algunos bancos financistas importantes.
La activista por el medioambiente y derechos humanos fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Intibucá. Tenía 44 años. Los sicarios dispararon contra Berta y el mexicano Gustavo Castro, quien había llegado a dictar algunas conferencias en la zona y estaba como huésped. Castro sobrevivió, herido, al fingir que estaba muerto tras el ataque a balazos.
Ocho años a la espera de justicia
En un intento de encubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato, desde el primer día agentes policiales ocultaron pruebas y testimonios para hacer ver que se trataba de un asunto de delincuencia común. Sin embargo, gradualmente la verdad fue apareciendo y gracias a las denuncias constantes del COPINH, y de diversas organizaciones de derechos humanos, se logró desenredar la madeja conspirativa hasta dar captura a 7 hombres que participaron en la planificación y ejecución.
Según el fallo condenatorio, Roberto David Castillo coautor del crimen, se mantuvo prófugo y fue detenido hasta el 2 de marzo de 2018, exactamente dos años después del crimen y cuando el proceso judicial sobre los otros acusados ya estaba en marcha. Castillo se desempeñaba como gerente general de DESA y fue el enlace entre los sicarios y los socios mayoritarios de la empresa.
El primer juicio concluyó el 29 de noviembre de 2018, cuando el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en Tegucigalpa, condenó a Douglas Bustillo (exmilitar, jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Henry Hernández (exmilitar, sicario), Sergio Rodríguez (gerente Ambiental y Social de DESA), Elvin Rápalo (sicario), Óscar Torres (sicario) y Edilson Duarte (sicario). El 2 de diciembre de 2019 se fijaron condenas entre los 30 y los 50 años de prisión.
El 5 de julio de 2021 el mismo tribunal halló culpable como coautor del crimen a Roberto David Castillo, por lo que el 20 de junio de 2022 se dictó una sentencia de 22 años y 6 meses de prisión.
Las sentencias fueron recurridas por los abogados defensores mediante casación, el último recurso que se permite admitir en contra una sentencia, según lo establece el Código Procesal Penal (artículos 359 al 372). A grandes rasgos, un recurso de casación tiene como objetivo anular una sentencia judicial bajo dos razones principales: hay una interpretación o aplicación errónea de la ley; o por no respetar las garantías procesales o constitucionales.
El primer expediente tiene casi cinco años en manos de la Sala de lo Penal. Mientras que el caso de Castillo lleva ya dos años. En su momento, esos archivos estuvieron asignados a los magistrados José Olivio Rodríguez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán, de la Corte anterior; mientras que los encargados de resolver ahora son: Nelson Mairena Franco, Walter Miranda Sabio y Mario Díaz. El magistrado Miranda Sabio es reconocido por haber sobreseído a Porfirio Lobo Sosa y a otros altos funcionarios en el caso Pandora II, un fallo muy cuestionado por conocedores del Derecho.
El 18 de julio de 2024, miembros del pueblo lenca realizaron una manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, en demanda de justicia. El magistrado Mario Díaz salió de su oficina a conversar con algunos líderes indígenas, a quienes aseguró que estaban trabajando en el expediente y que pronto emitirían una resolución. Estos magistrados tienen la facultad de anular ambos procesos, lo que constituiría una burla a la justicia.
Presiones desde el poder para favorecer la impunidad
Para Berta Zúniga Cáceres, hija de la fallecida ambientalista y actual coordinadora del COPINH, no es usual que una sala de la Corte tarde hasta cinco años para resolver una casación, porque cuando un proceso interesa al sistema de justicia, al gobierno de turno o a un sector de influencia económica, los jueces y magistrados actúan con eficiencia y prontitud.
En ambos juicios de los asesinos de Berta Cáceres “se han vencido los tiempos procesales y los tiempos prudenciales que el sistema de justicia ha establecido”, sostuvo.
La joven dirigente enfatizó que existen presiones para obstaculizar la decisión desde grupos que tienen una gran influencia económica, los que han impulsado “una campaña sucia y maliciosa” con el propósito de exculpar a las personas que han sido condenadas, y cuya responsabilidad en el crimen fue probada “mediante una prueba vasta y suficiente”.
Recordó que quienes están detrás del crimen son personas acostumbradas al tráfico de influencias y que, en las comunicaciones entre ellos, que fueron interceptadas por el Ministerio Público, hablan de que su principal potencial es su “capital político”. Además, enfatizó que esos sectores poderosos tienen “fichas dentro de la institucionalidad”, lo que les ha permitido hasta ahora librar a los autores intelectuales directos.
La impartición de justicia es una obligación del Estado, y lamentó que se tenga que recurrir a las denuncias, invirtiendo tiempo y recursos en demanda de un derecho humano básico. Reflexionó que, si esto pasa en un caso tan mediático, debe ser mucho más doloroso el acceso a la justicia para los hondureños que no cuentan con los mecanismos para hacerse escuchar.
“Lamentablemente el Estado ha sido indiferente a actos de corrupción, a la influencia de grupos económicos vinculados a la criminalidad organizada y al saqueo de los bienes comunes de la naturaleza y a la negación fundamental de los derechos de los pueblos indígenas”.
La justicia no llega a los autores intelectuales
Durante los dos juicios que culminaron con la condena de ocho autores del crimen, el Tribunal de Sentencia concluyó en sus argumentaciones finales que los directivos de DESA fueron parte activa del asesinato.
Durante el juicio de Roberto David Castillo, que inició el 5 de abril de 2021, el acusador privado presentó nuevas pruebas, entre ellas documentos que mostraban una transferencia bancaria por 1,254,123.26 dólares, autorizada por el empresario Daniel Atala Midence y recibida por Castillo. En ese momento Atala era el gerente financiero de DESA.
La transferencia se realizó el 29 de febrero de 2016 y el crimen se ejecutó entre el 2 y 3 de marzo. Posteriormente se demostró ante el tribunal que el dinero fue a parar a manos de Douglas Bustillo, exgerente de seguridad de DESA, quien coordinó la logística para asesinar a Berta Cáceres, según el expediente judicial.
También se presentaron transcripciones de múltiples comunicaciones entre directivos de la empresa, en las que se hablaba abiertamente del problema que representaban la dirigente ambientalista y el COPINH.
El 1 de diciembre de 2023, casi ocho años después del crimen, y dos años y ocho meses después de que se presentaran las pruebas, el Ministerio Público emitió un requerimiento con orden de captura contra Daniel Atala Midence. Hasta la fecha sigue prófugo.
Varios miembros de la familia Atala eran socios de la empresa DESA. Comunicados del COPINH señalan directamente como autores intelectuales del crimen a los hermanos Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah, además del ya mencionado Daniel Atala Midence.
“Hemos denunciado reiteradamente a miembros de la familia Atala, de los cuales no sólo existen comunicaciones, sino también testimonios de las personas ya condenadas”, confirmó Berta Zúniga Cáceres.
En esos testimonios se advierte que “el problema Berta Cáceres” y el “problema COPINH” se había tratado ampliamente a nivel de junta directiva y que las decisiones y acciones que pretendían la neutralización, el ataque y la terminación de las acciones de resistencia del COPINH, era un mandato de los directivos.
“Mientras se siga aletargando el resultado (de los recursos de casación) se está dando pie a la intromisión, a la injerencia indebida por parte de grupos económicos interesados en la impunidad”, especialmente de los autores intelectuales, indicó Zúniga Cáceres.
Acompañamiento internacional
En las últimas semanas, diversas organizaciones y personas han mostrado su solidaridad con el COPINH y la familia de Berta Cáceres, sumándose a la exigencia de ratificar las condenas contra los autores del crimen.
Por ejemplo, 17 congresistas y senadores enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que advierten que “las condenas, y el seguimiento de las investigaciones, están en peligro”. Además, señalan que las resoluciones del recurso de casación “están atrasadas y el COPINH ha informado que los jueces han recibido presiones indebidas”.
También le informan que los abogados de los involucrados, utilizando “información falsa” están promoviendo una campaña destinada a poner en duda las pruebas presentadas en los juicios.
Michael Sutton, director ejecutivo de la Fundación Ambiental Goldman, envió una carta a los magistrados Nelson Mairena Franco, Walter Miranda Sabio y Mario Díaz Flores, en la que expresa su preocupación por la no ratificación de las sentencias, lo que puede “resultar en la liberación de los condenados del asesinato de Berta”.
Además, expresa que “la tardanza desmedida y falta de emisión de estas sentencias criminales está generando una inquietud significativa en la comunidad internacional y pone en duda el compromiso del Estado de Honduras con la justicia”. En el 2015 la Fundación Goldman entregó su premio anual a Berta Cáceres, por sus aportes en defensa de la naturaleza.
También entidades como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) han hecho llamados a respetar las sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencias.
“El retraso innecesario de la Corte en asumir el caso, perpetúa el ciclo de impunidad por la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras”, señaló WOLA.
Mientras, Zúniga advierte que un “fallo ilegal y arbitrario” haría incurrir al Estado de Honduras en una responsabilidad que deberá afrontar ante instancias internacionales. “Pero esperamos que no suceda”, concluyó.