Descargue informe en PDF aquí
Escrito por Mirna Flores
- Introducción
Las crisis en los sistemas penitenciarios de los países latinoamericanos son históricas. En Honduras, la población carcelaria se ha “disparado” en las dos últimas décadas. El crecimiento desmedido que ha producido por la adopción de medidas mano dura para “combatir” el delito, entre ellas: la prisión preventiva, el aumento de penas, la declaración de estados de excepción y la denominación a los miembros de las pandillas como terroristas. Sin embargo, las prisiones no cuentan con los recursos financieros para abordar las necesidades y los problemas que se derivan de la conflictividad que genera el aumento de la población carcelaria.
Las políticas mano-dura que promueven gobiernos como el de Honduras realizan detenciones masivas de supuestos pandilleros. Sin embargo, la sobrepoblación, aunada a la corrupción, que forma parte de la dinámica cotidiana de las cárceles, propiciaron el colapso de las viejas prisiones y que las denominadas cárceles de máxima seguridad enfrenten los mismos problemas: violencia e ingobernabilidad.
Este problema no se enfrenta desde sus raíces y ha adoptado características distintivas mucho más preocupantes en el ámbito de los derechos humanos. Con la declaración del estado de excepción, como estrategia clave para sacar de la calle a los pandilleros, a los traficantes de drogas y extorsionadores, las autoridades han mostrado interés en crear más prisiones de máxima seguridad en lugares aislados, para evitar que los reos tengan contacto con el exterior y que se mantengan bajo un régimen de encierro estricto.
Un régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia, restringiendo derechos constitucionales; la medida debe ser eminentemente temporal y extraordinaria. En América Latina, al menos 30 estados de excepción o regímenes de seguridad análogos han sido decretados entre abril 2020 y abril 2023, de acuerdo con el Center for Strategic and International Studies. En El Salvador se ha mantenido un estado de excepción permanente, que está por cumplir tres años, con una veintena de prórrogas. El presidente Nayib Bukele mantiene una guerra declarada contra las pandillas. También construyó la megacárcel más grande de América Latina, denominada Centro Contra el Terrorismo (CECOT).
En Honduras, el estado de excepción pasó a ser una medida permanente, dentro de una estrategia de seguridad no explícita que está en manos de militares, policías y emuladores de las políticas bukelianas. El 6 de diciembre de 2022 se puso en vigor un estado de excepción parcial, que se ha ido ampliando paulatinamente en espacio y tiempo. Actualmente cubre casi la totalidad del territorio y continuamente ha sido prorrogado; en diciembre de 2024 cumplirá 2 años de vigencia. El estado de excepción suspende los derechos de libertad personal, la libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos fundamentales; también otorga facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
Este contexto ha contribuido a aumentar la sobrepoblación en las cárceles y en los centros de detención, y bajo la lógica de mano dura el gobierno de Xiomara Castro pretende construir una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Sin embargo, luego de tres licitaciones fallidas y la oposición de diferentes sectores sociales y organizaciones nacionales e internacionales, la inviabilidad de su construcción se hace aún más latente; también se ha anunciado la creación de una megacárcel denominada Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Los detalles de esta construcción se conocen muy poco. Lo que ha trascendido es que será un CECOT, una gran cárcel que podrá absorber grandes contingentes de población privada de libertad en módulos de máxima seguridad.
El tema de las cárceles es polémico y controversial. El temor a la delincuencia abre el espacio a la legitimación de salidas predominantemente represivas y autoritarias; paradójicamente, en el funcionamiento de las cárceles lo que menos ha predominado es la creación de posibilidades para la rehabilitación y reinserción social. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado continuamente las violaciones constantes de los derechos humanos en las cárceles, donde el derecho a la vida no está asegurado, tampoco la integridad física de las personas y la rehabilitación y reinserción social parece una ilusión.
En este documento abordamos el tema de las crisis permanentes de las cárceles en Honduras; la situación de precariedad de los centros de reclusión, incluyendo las denominadas cárceles de máxima seguridad. Asimismo, los altos niveles de conflictividad interna y la polémica decisión gubernamental de crear dos cárceles de máxima seguridad.
