Documento de reformas electorales en PDF aquí
Contexto general
En Honduras, los nombramientos de cargos de elección popular han sido constantemente objeto de críticas y cuestionamientos debido a los desafíos que enfrentan los procesos electorales, caracterizados por la corrupción, la falta de independencia de las instituciones electorales, la ausencia de ética de los aspirantes a cargos de elección popular, el financiamiento ilícito a campañas políticas y el fraude durante el proceso de conteo de votos.
Estos elementos han generado un clima de desconfianza y escepticismo entre la ciudadanía, así como preocupaciones sobre la integridad y legitimidad de los procesos electorales. Pero esta situación se torna más preocupante con el reciente juicio en contra del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, porque evidenció los vínculos que existen entre la narcoactividad con políticos, exfuncionarios públicos y empresarios, quienes han sido señalados por el uso de fondos ilícitos para impulsar sus aspiraciones políticas. Este escenario vuelve más urgente erradicar la cultura de opacidad y promover una cultura arraigada en la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, existen algunos avances de la institucionalidad hondureña para enfrentar esta situación: en el 2016 se aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (Decreto núm. 137-2016), conocida como la Ley de Política Limpia. Esta iniciativa fue planteada por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).
La ley establece la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos (UFTF), una unidad adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargada de revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados de los sujetos obligados, su fiscalización y sus sanciones.
Posteriormente, en 2021, se aprobó una nueva Ley Electoral que buscaba crear un modelo que generara confianza en la ciudadanía y otorgara seguridad y certeza a los actores políticos, permitiendo que las elecciones se convirtieran en un proceso político de construcción democrática y no de imprevisibilidad y crisis. Sin embargo, su implementación enfrentó desafíos debido a su aprobación tardía por el Congreso Nacional, el limitado tiempo para implementar las reformas introducidas (en la dinámica del ejercicio del sufragio) con sus ajustes institucionales y logísticos, así como la capacitación de los actores electorales. De igual forma, un conjunto de propuestas de reformas electorales aún continúa pendiente.
Por eso, para avanzar en una democracia con mayor calidad, desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentamos las siguientes propuestas de reformas, surgidas del análisis de las elecciones primarias y generales de 2017 y 2021 en Honduras. Estas propuestas de reformas electorales buscan promover la participación ciudadana, la transparencia y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de controlar y reducir las probabilidades de fraude electoral, así como asegurar la rendición de cuentas sobre el financiamiento de los partidos políticos.
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Reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
En los últimos años, se han cuestionado fuertemente los procesos electorales, por la evidente manipulación de los resultados (tal y como ha quedado evidenciado en los juicios contra personas vinculadas con el narcotráfico en los Estados Unidos), la persistencia del dinero proveniente de la narcoactividad en el financiamiento de campañas políticas, al igual que dinero proveniente del erario del Estado, sustraído a través de las redes de corrupción.
Lo último quedó evidenciado con los casos que investigó, durante su vigencia, la MACCIH. Los casos más representativos son: “Pandora”, “Corrupción sobre ruedas” y “Narco política”.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos fue creada para garantizar la integridad de los procesos electorales y la rendición de cuentas en el financiamiento político. Sin embargo, en la práctica, esta ley ha demostrado deficiencias significativas, dejando espacio para la corrupción y el financiamiento ilícito. Además, las instituciones encargadas de su aplicación enfrentan obstáculos en la fiscalización y control efectivos. En este contexto, las reformas a la ley son indispensables para asegurar la transparencia y la legitimidad de las elecciones, fortaleciendo así nuestro sistema democrático.
