Escrito por: Rubén Escobar, René Estada y Aimée Cárcamo
El magistrado Rafael Bustillo Romero, de 53 años, es originario de Comayagua, donde hizo buena parte de su carrera trabajando en el Poder Judicial de ese departamento. Bustillo, quien dice que pretende un segundo periodo en la Corte Suprema de Justicia “con el propósito de seguir apoyando el fortalecimiento y la independencia de la Justicia en el Estado de Honduras”, fue parte de la Sala de lo Penal que tomó la decisión de prolongar la prisión preventiva de los ocho defensores del Río Guapinol, que se extendió a dos años y medio.
“Pacto de impunidad” para unos, cárcel en exceso para otros
Bustillo Romero administró la justicia en el caso conocido como “Fe de erratas”, que presentó la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), el 24 de mayo de 2018. Mediante este caso se enjuició a los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Román Villeda por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.
Este caso forma parte de los denominados “Pactos de impunidad”, una serie de normativas que, en los últimos diez años, un grupo de diputados de los partidos Nacional y Liberal aprobaron para crear inmunidad para ellos y sus aliados ante las investigaciones de la MACCIH. La “Fe de erratas” es un documento que contenía disposiciones no aprobadas por el pleno del Congreso Nacional, según la acusación.
En este proceso se alcanzó uno de los ideales de la justicia: ser “expedita”, pues apenas un mes después de que se presentó la acusación, el diputado Zambrano fue absuelto por Rafael Bustillo, quien en mayo del 2018 fue designado el juez natural, y en cuatro meses la Corte de Apelaciones, integrada por Wilfredo Méndez, Rolando Argueta y Edgardo Cáceres Castellanos, le ratificó el sobreseimiento definitivo.
Guapinol, un proceso judicial tardío
En contraste, en casos como el de Guapinol de desarrolló un proceso judicial en el que se mantuvo en prisión dos años y medio a ocho defensores del medioambiente que intentaban resguardar un área protegida de la contaminación de una minera. Según el Código Procesal Penal, “como regla general” la prisión preventiva podrá durar hasta un año, y “cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años”.
La Sala de lo Penal (integrada por los magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Guzmán y José Ovidio Rodríguez) fue la que tomó la decisión, en agosto del 2021, de prolongar la prisión preventiva de los ocho defensores del Río Guapinol, que se extendió a 914 días. Para la organización “Bufete para los pueblos”, que llevó adelante la defensa de los ambientalistas, la decisión de los magistrados obedeció “a intereses privados, sin una debida motivación más que citar artículos del Código Procesal Penal”.
La decisión judicial hizo caso omiso a manifestaciones como la del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que consideró la detención de los ocho defensores como “arbitraria”, emitida sin ninguna base legal.
Al trascender el fallo judicial, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, a nivel mundial, cuestionaron su legalidad y demandaron la liberación de los ambientalistas. Sin embargo, el sistema legal hondureño prolongó el encarcelamiento al máximo, hasta que finalmente la Corte Suprema reconoció que se habían cometido irregularidades en el proceso y determinó anular un juicio mediante el que acababan de ser hallados culpables.
Una carrera en el Poder Judicial
Rafael Bustillo Romero, de filiación nacionalista, es originario de Comayagua, donde nació un 7 de enero de 1969. En 1987 se graduó de perito mercantil y contador público y pasó los siguientes dos años prestando su servicio militar en el Primer Batallón de Artillería Antiaérea.
En 1993 egresó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y en los siguientes 9 años ejerció el Derecho en forma privada. En el 2002 inició una carrera en el Poder Judicial que se ha extendido hasta el presente y que lo ha llevado a desempeñarse como juez de Letras y de Sentencia, en Comayagua; magistrado de la Corte de Apelaciones de La Ceiba y magistrado de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán.
En el 2008 se autopropuso como magistrado a la Corte Suprema pero no fue tomado en cuenta. En el 2013 fue uno de los aspirantes a fiscal general para sustituir a Luis Rubí, defenestrado del cargo por su mala gestión. Originalmente fueron 51 profesionales del Derecho los autopropuestos, entre los cuales una Junta Nominadora elaboró una lista de cinco que fue presentada ante el Legislativo, que eligió a Oscar Chinchilla como fiscal. Bustillo no fue parte de la lista.
Según el periódico digital El Libertador, para el proceso de selección de magistrados del periodo 2016-2023, Bustillo Romero fue incluido en una lista de 24 personas que la embajada estadounidense solicitó investigar a profundidad.
En su hoja de presentación ante la Junta Nominadora, en busca de ser reelecto, Bustillo dice reconocer “que aún hay aspectos que fortalecer dentro del sector justicia, realizar el principio de acceso a la justicia pronta y expedita, implementar la modernización de la justicia con las nuevas tecnologías, así como buscar sustituir a los funcionarios jurisdiccionales y administrativos que abusen en el ejercicio de su función”.
Está en manos de la Junta Nominadora, en primer lugar, y finalmente del Congreso Nacional, decidir si con el trabajo realizado durante 7 años el magistrado Bustillo reúne los méritos académicos y profesionales para optar a un nuevo periodo dentro de la Corte Suprema de Justicia de Honduras 2023-2030
