El gobierno de Xiomara Castro respondió a la demanda del sector privado, específicamente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)[1], de los empleados del transporte (que reclaman el derecho a preservar su vida) y de los pequeños comerciantes y dueños de negocios que cotidianamente están expuestos al pago de la extorsión, “que se le está saliendo de las manos al gobierno” (COHEP), con la presentación de un Plan Integral de Tratamiento de la Extorsión y la declaratoria de un estado de excepción, aprobado mediante Decreto Ejecutivo PCM 29-2022.
Ese decreto, que entró en vigencia en el mes de diciembre del 2022, específicamente en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, puso en suspenso 6 garantías constitucionales por 30 días, pero se prorrogó por 45 días más, en barrios, colonias y algunos municipios de otros departamentos del país que, de acuerdo con la Policía Nacional, se encuentran asediados por la presencia de las maras y pandillas.
Las respuestas a un problema como la extorsión son necesarias; es un fenómeno que está fuertemente enlazado con las maras y pandillas, pero también tiene como perpetradores a las bandas y grupos criminales que se valen del temor e intimidación a la ciudadanía, para lograr sus propósitos. El problema tiene más una década instalado en la vida cotidiana de las comunidades, los comerciantes y en el sector del transporte urbano.
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), en su informe “Tendencias y Respuesta Estatal ante la Extorsión en Honduras”[2] devela que la extorsión registra aproximadamente 18 mil millones de lempiras solo en cobros, una cifra que representa casi el 3% del Producto Interno Bruto (PIB). El informe también estima que el 9% de los hogares hondureños han sido víctimas del cobro de la extorsión y que los sectores más desprotegidos son el comercio informal, las pequeñas y medianas empresas. Además, que se trata de un problema que se concentra en dos departamentos: Francisco Morazán y Cortés. Acota un dato preocupante y es que el 99% de los casos no son denunciados.
El Plan de Tratamiento de la Extorsión y el estado de excepción fueron aprobados por el gobierno de Xiomara Castro, en un contexto en que la tasa de homicidios ha tenido una leve mejoría, según las cifras que presenta la Policía Nacional, porque habría alcanzado 35.8 muertes por cada 100,000 habitantes en el año 2022[3]. Aún así, es una de las tasas más elevada de Latinoamérica y ocupa, a la vez, el primer lugar en Centroamérica.
En el 2022 los homicidios en mujeres disminuyeron en una proporción menor (10%) en relación con los hombres (13%), mientras los jóvenes entre 18 y 30 años siguen siendo el segmento poblacional más afectado por los homicidios (38%). Del total de casos de homicidios en el 2022, el 40% se encontraban en proceso de investigación, el 45% estaba relacionado con la conflictividad social (problemas personales y riñas), y el 15% con la criminalidad (narcoactividad, robos y pandillas).
Estos indicadores muestran el carácter multifacético de la violencia y la criminalidad en Honduras. La extorsión es un delito que causa un enorme impacto socioeconómico, debido a las amenazas y al temor que provocan sus perpetradores. Sin embargo, no es el delito que causa la mayoría de muertes y lesiones, y tampoco son las pandillas las causantes de la mayor cantidad de muertes violentas en el país, aunque tengan una importante participación a través del denominado impuesto de guerra, por el control territorial que mantienen en los barrios y el involucramiento en el microtráfico de drogas.
Tomando en cuenta los datos anteriores, que tienen como fuente la Policía Nacional y que son validados por Infosegura[4], se plantean las siguientes interrogantes:
¿Se justifica una declaratoria de estado de excepción para enfrentar un delito como la extorsión, que muta, cambia y se transforma mucho más rápido que las estrategias gubernamentales para enfrentarlo?
¿Cuáles son los riesgos de prolongar un estado de excepción para los derechos humanos?
¿Puede un Plan de Tratamiento de la Extorsión, sustituir un Plan Integral de Seguridad Ciudadana del que adolecemos?
Descargue el informe aquí.
[1] Según el Presidente del COHEP, Mateo Yibrìn, el delito de la extorsión se está saliendo de las manos en Honduras, más allá del impacto económico que provoca a las víctimas que van desde pequeños hasta grandes empresarios, las denuncias de extorsión en los negocios son constantes lo que pone en precario a las Mipymes del país y a otros sectores amenazados constantemente como es el sector transporte donde lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas. Proceso Digital. 14/noviembre/2022. https://proceso.hn/cohep-advierte-que-la-extorsion-se-esta-saliendo-de-las-manos-de-las-autoridades/
[2]ASJ. Noviembre 2022. https://asjhonduras.com/webhn/wp-content/uploads/2022/11/PPT-Tendencias-y-respuesta-estatal-ante-la-extorsion-en-Honduras.pdf
[3]INFOSEGURA, 2022. https://infosegura.org/wp-content/uploads/2023/01/Analisis_Ene-Dic2022.pdf
[4] Infosegura es un proyecto regional especializado en la gestión de información basada en evidencia para fortalecer la formulación y el seguimiento de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en América Central y República Dominicana. https://infosegura.org/quienes-somos-infosegura/
