Escrito por Claudia Mendoza
Parte 1
El análisis que hizo el CESPAD en el segundo Informe de Monitoreo Electoral establece que mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con un presupuesto de más de 571 millones de lempiras para las elecciones generales del mes de noviembre, otros organismos fundamentales del sistema electoral, como el Tribunal de Justicia Electora (TJE) y la Unidad de Política Limpia (UPL), enfrentan graves obstáculos para obtener sus recursos.
El documento, que forma parte de los monitoreos mensuales que realiza el CESPAD, en el marco del proceso electoral 2025, coloca el punto de atención en dos instituciones clave como la TJE y la UPL. Y aunque esta disparidad institucional no cuestiona la prioridad operativa del CNE, la organización afirma que esto evidencia un desequilibrio en el fortalecimiento de otras funciones fundamentales del sistema electoral, como la justicia y la fiscalización.
TJE: sin fondos asignados para el manejo de impugnaciones
El TJE fue creado mediante el Decreto Legislativo No. 71-2019, que publicó la Ley Especial para la Selección y el Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones, Competencias y Prohibiciones, el 20 de agosto de 2019.
Entre las atribuciones del Tribunal, se enlistan: garantizar el respeto y la observancia irrestricta de los derechos de los ciudadanos para elegir y ser electos; conocer y resolver los recursos y acciones de impugnación, apelación y quejas que le sean presentados.
También, prevenir, corregir y sancionar actos contrarios al debido proceso en la administración de justicia electoral; denunciar ante el Ministerio Público todo acto que pueda ser constitutivo de delito electoral y, finalmente, fijar la agenda para las sesiones y autorizar los libros o registros que determine la ley.
De acuerdo con el Segundo Monitoreo Electoral del CESPAD, las autoridades de esta entidad solicitaron una ampliación presupuestaria para fortalecer sus capacidades técnicas y logísticas, necesarias para manejar el alto volumen de impugnaciones y disputas que se esperan. Pero, sin los fondos adecuados, el TJE no puede garantizar soluciones oportunas ni ejercer su función de manera autónoma; esta situación lo deja vulnerable a la discrecionalidad del Congreso Nacional del país.
Para esta organización, que da seguimiento y analiza el contexto en el cual se desarrolla el proceso electoral, la falta de presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral compromete su eficacia y su independencia institucional. La demora en la emisión del presupuesto podría resultar en decisiones tardías, que pondrían en duda la garantía de justicia electoral y abrirían la puerta a conflictos poselectorales.
UPL: el vacío en la fiscalización política
La Unidad de Política Limpia de Honduras, cuyo nombre oficial es Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) a Partidos Políticos y Candidatos, fue creada dentro de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, contenida en el Decreto Legislativo No. 137-2016.
La UPL es el órgano clave para la rendición de cuentas y la fiscalización del dinero en la política hondureña, buscando evitar la influencia de fondos ilícitos en los procesos electorales.
Sus atribuciones están detalladas en el Artículo 10 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Las funciones principales, que garantizan la «Política Limpia» en el financiamiento electoral, incluyen: supervisar que los sujetos obligados (partidos políticos, movimientos internos, candidatos, etc.) cumplan con lo establecido en la Ley respecto al financiamiento público y privado, la transparencia y la fiscalización de los fondos, aportaciones y gastos.
También, realizar el monitoreo de los medios de comunicación impresos y digitales para vigilar los gastos de propaganda electoral; realizar auditorías técnicas especializadas para verificar los procesos de contribuciones, aportes y gastos en dinero o en especie de los sujetos obligados; realizar investigaciones especiales, de oficio o a petición de parte, sobre el origen, monto, destino y aplicación de dinero o aportaciones de procedencia incierta o ilícita.
No menos importante, sancionar, en primera instancia, a los sujetos obligados que infrinjan las disposiciones de la Ley; notificar a las autoridades competentes (como el Tribunal de Justicia Electoral, el Tribunal Superior de Cuentas o el Ministerio Público) la comisión de presuntos delitos o irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, promover la máxima publicidad sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que administran los sujetos obligados.
La crisis de la Unidad
La situación de la Unidad de Política Limpia es muy crítica, porque la falta de presupuesto se produce justo cuando inició la campaña electoral, un momento clave en que la circulación de fondos se vuelve más activa.
En estas condiciones, el CESPAD señala que la fiscalización en tiempo real está prácticamente suspendida y que cada día de retraso reduce su capacidad para supervisar gastos, identificar irregularidades y activar los mecanismos sancionatorios. Este vacío en la fiscalización es un retraso administrativo que tiene como consecuencia directa el debilitamiento en la aplicación efectiva de la ley de financiamiento político.
Los riesgos y la recomendación
Según el CESPAD, la inoperancia y las limitaciones técnicas de la Unidad de Política Limpia impiden ejercer una fiscalización preventiva y concurrente sobre el uso de fondos en campaña. Esta situación, también favorece la circulación no supervisada de recursos públicos, privados o ilícitos durante la etapa más decisiva del proceso, incrementado el riesgo de influencias indebidas sobre la voluntad ciudadana y debilitando el control institucional sobre las condiciones de equidad en la competencia electoral.
En este escenario, el CESPAD recomienda liberar de forma inmediata los fondos asignados a la Unidad de Política Limpia para que pueda desplegar personal técnico en territorio y realizar un seguimiento en tiempo real al uso de recursos durante la campaña.