Escrito por: Mirna Flores Girón
Las Fuerzas Armadas han tenido una influencia profunda en la sociedad y la política hondureña. Durante la segunda mitad de siglo XX, accedieron al poder estableciendo modelos de dictaduras militares a través de golpes de Estado, aunque también permitiendo espacios para el reformismo militar en respuesta a las demandas de los movimientos sociales. En el contexto de la crisis política y la intervención de Estados Unidos en Centroamérica durante los años 80s, fortalecieron su poder económico, social y político, adhiriéndose al proyecto contrainsurgente que operaba ideológicamente bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y percepción del comunismo como la principal amenaza a la seguridad hemisférica. Esto facilitó intervenciones directa e indirecta de Estados Unidos en el mundo y particularmente en la región Latinoamericana.
El proyecto contrarrevolucionario también impulsó la transición formal de Honduras hacia una democracia electoral en los años 80. Sin embargo, este fue un proceso complejo, ya que fortaleció el poder militar y reprimió la disidencia. El bipartidismo se mantuvo en la opacidad, mientras que organizaciones de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH) y el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH) exigían el esclarecimiento de las muertes extrajudiciales. La impunidad ha prevalecido. Hasta la fecha, ningún militar ha sido juzgado por estos hechos. No obstante, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, tres militares en retiro fueron requeridos por el Ministerio Público, de los cuales uno se encuentra prófugo de la justicia.
El fenómeno de la militarización ha ido creciendo de manera sostenida. En la década de los 80, los militares respondieron a los intereses de Estados Unidos en su lucha contra el comunismo. Durante los años 90, comenzaron las reformas al sector defensa en el marco de los procesos de pacificación que atravesada la región. Sin embargo, las medidas adoptadas no lograron consolidar los cambios institucionales. La presencia de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública ha sido justificada por la incapacidad de las fuerzas policiales para atender la demanda de seguridad en las calles y en los espacios públicos. La criminalidad y la inseguridad que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente por la presencia del narcotráfico, microtráfico, extorsión, control territorial de bandas criminales en barrios, espacios públicos y áreas periféricas controladas por maras o pandillas, han fortalecido la tendencia a la militarización.
La inestabilidad generada por la criminalidad ha contribuido a que el tema del orden social y el control interno se conviertan en la narrativa dominante de los cuerpos de seguridad del Estado y de las instituciones de justicia. El crecimiento, tanto real y percibido, del peligro y la identificación de nuevas amenazas han centrado la atención en el narcotráfico, las maras o pandillas. Esta visión lineal de abordar los problemas de criminalidad han contribuido a la estigmatización de los jóvenes provenientes de los barrios más pobres y precarios, quienes son etiquetados como vándalos, delincuentes y personas anómalas.
En resumen, los militares han fortalecido su presencia desde el golpe de Estado de 2009, y los procesos electorales en Honduras reavivan la controversia sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la política. Por ello, el debate acerca del rol militar ha estado presente a lo largo de todo este periodo de retorno a la democracia, especialmente después de la crisis de 2009.
En este documento, se pretende analizar la problemática relación de los militares con los procesos electorales en un contexto tan polarizado como el del proceso electoral del 2025. En esta contienda, han estado presentes los tres partidos mayoritarios, el comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como diversas organizaciones de la sociedad civil movilizadas en oposición o cercanas al Partido Refundación. Además, se ha evidenciado una intervención directa del presidente Donald Trump, quien inclinó el voto hacia el conservador Partido Nacional y descalificó a los candidatos de los otros dos partidos políticos.