Lunes 21 de octubre, 2023
Escrito por Óscar Hendrix
Las crisis tienen la cualidad de revelar de qué estamos hechos y qué tan fuertes o vulnerables somos. Y en Honduras, los escenarios de crisis son constantes, generados por obra humana (especialmente a través de la política) o por los fenómenos naturales que pueden convertirse en desastres cuando no se cuenta con la preparación adecuada.
El mes pasado se cumplieron 50 años del paso del huracán Fifí por Honduras (septiembre de 1974), un fenómeno natural que cobró más de ocho mil víctimas en el país. A finales de octubre de 1998, hace 26 años, el país tuvo el embate del terrible huracán Mitch, el que dejó más de cinco mil víctimas. Y en noviembre del 2020, en plena pandemia por el Covid-19, Honduras recibió los embates de Eta y Iota, dos potentes huracanes que dejaron consecuencias de las que el país aún no se repone.
Los fenómenos naturales suelen evidenciar las históricas vulnerabilidades sociales, ambientales e institucionales que a continuación se analizan, en especial porque, aunque esas vulnerabilidades son cíclicas, los problemas que enfrenta el país con su paso también son invariables.
Vulnerabilidad social
Dentro de este tipo de vulnerabilidades, las personas viviendo en condición de pobreza y pobreza extrema se convierten en los grupos poblacionales más frágiles para enfrentarse y reponerse de las crisis que dejan los fenómenos naturales. Este segmento poblacional se enfrenta a la insuficiente cobertura y muy deficiente prestación de servicios de los gobiernos, en especial en las áreas de educación y salud.
Con el paso de los huracanes, la población pobre se enfrenta a las secuelas que dejan las inundaciones en el sector educativo: las escuelas públicas se convierten en albergues y posterior a los desbordamientos, la niñez pobre no puede continuar sus estudios debido a la destrucción de los recintos educativos provocados por las inundaciones.
En el ámbito de la salud, la población pobre se enfrenta a las enfermedades endémicas que dejan los fenómenos naturales. Sin embargo, el país con su ineficiente cobertura en salud, no ha sido capaz de responder a la población que busca respuestas a sus problemas de salud.
Vulnerabilidad ambiental
Al hablar de vulnerabilidad ambiental, podríamos citar dos variables. Una, la generada debido a que Honduras sigue siendo uno de los países más sensibles del mundo y con los efectos del cambio climático esa vulnerabilidad se incrementa. En los recientes años el país ha enfrentado muchos incendios forestales y las secuelas de las fuertes inundaciones a las que el Estado y los gobiernos de turno han sido incapaces de evitar. Se trata de ecocidios en los que el Estado y gobiernos, incluso, han sido cómplices por acción y por omisión.
Por otro lado, en los últimos diez años, la conflictividad socioambiental se ha agudizado debido a una fuerte política de concesiones, especialmente las emitidas a favor de la industria extractiva, con énfasis en la instalación de empresas hidroeléctricas y mineras.
Las concesiones han desatado enfrentamientos entre comunidades y las empresas que se han instalado de forma inconsulta en sus territorios. El asesinato de líderes ambientalistas ha elevado la indefensión de las comunidades en los territorios donde se han instalado estas empresas. El crimen del pedagogo y ambientalista, Juan López, elevó, una vez más, las alertas en el país.
Vulnerabilidad institucional
Honduras ha sido vanguardista en crear todo tipo de instituciones, pero la infraestructura institucional pocas veces ha funcionado debidamente. Su efectividad y capacidad casi siempre ha estado condicionada a los intereses privados o partidarios, pero nunca, de forma permanente, a los intereses y necesidades de la mayoría de la población.
Los hondureños han tenido un Estado fallido para los más necesitados y un Estado muy eficiente y en complicidad para muy pocos. La impunidad, la corrupción y la inseguridad siguen condicionando la realidad nacional, y la población sigue lidiando con la herencia del modelo de desarrollo neoliberal que llevó a la privatización de muchos bienes comunes. Desmontar esto no es tarea fácil.
Las vulnerabilidades sociales e institucionales limitan seriamente la capacidad de afrontar con responsabilidad los desafíos y vulnerabilidades ambientales que tiene el país.
El problema de la visión y planificación excluyente
La visión unilateral del desarrollo en Honduras ha conducido a una planificación excluyente y agresora, que ha fomentado la conflictividad social. Un ejemplo es como el objetivo urgente de mejorar la matriz energética nacional (actualmente basada en combustibles fósiles), sustituyéndola por energías renovables, resultó en beneficio de unos pocos, en la violación de derechos humanos de muchos, en el desplazamiento interno de cientos de personas y en la muerte y ataque a defensoras de derechos humanos y ambientales, porque se priorizaron los intereses económicos mezquinos sobre el bienestar general de la población hondureña
Actualmente, hay muchas expectativas en que el proceso relativo al nuevo Plan de Nación logre ser la base de la construcción democrática de una genuina visión compartida y la legitimidad que ninguna planificación nacional ha tenido hasta el momento.
Sinergias mínimas y el Valle de Sula
Es muy difícil plantear y alcanzar objetivos que contribuyan a enfrentar los enormes desafíos que tiene el país, sin acuerdos, pactos y sinergias mínimas en aspectos y áreas fundamentales para potenciar el desarrollo humano.
Por mencionar un área de oportunidad y de urgencia para el país, se cita el Valle de Sula. Esta es una de las regiones más pobladas, donde se produce la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras. Pero también posee altos niveles de migración interna y externa.
Sobre el Valle de Sula, como en el resto del país, existen muchas visiones y diferentes objetivos económicos que no siempre están en armonía. Pero también existe una vulnerabilidad ambiental compartida que comienza con el cambio climático y sus consecuencias: altas temperaturas (incendios) y los elevados riesgos de inundaciones que dejan a su paso los huracanes.
Aunque urge un control planificado, muy poco se ha hecho para que la sociedad civil organizada y no organizada, la empresa privada y el gobierno converjan para asumir esa realidad de forma sostenida, conjunta y colaborativa. Actualmente, el gobierno y algunos sectores de la sociedad realizan acciones positivas, se sigue acumulando un déficit severo que afecta el desarrollo de la zona.
Escenarios prospectivos
De acuerdo con varios informes de expertos, ante los efectos del cambio climático, surgen nuevas realidades:
- Mayor cantidad de precipitaciones devenidas por las tormentas y huracanes; un incremento de alrededor del 15%.
- Menos tormentas, pero más fuertes. Mayor número de huracanes categoría 4 y 5; alrededor de un 10% de incremento.
- Mayor frecuencia de huracanes de rápida intensificación.
- Mejoras en la predicción de las tormentas, pero no con la suficiente detección temprana para lograr una preparación que evite la destrucción.
Estos escenarios exigen que la situación se asuma con responsabilidad, especialmente porque los últimos años han evidenciado que una tormenta, con alta precipitación, puede ocasionar mucho daño debido a la poca capacidad de respuesta estatal.
Oportunidades para mejora y acciones sugeridas
Lidiar con el presente para mejorar el futuro implica asumir deudas sociales históricas con el pueblo. En este marco, se identifican algunos espacios de mejora como los siguientes:
- En lo institucional:
a) Desconcentración y descentralización
Se deben mejorar los niveles de participación democrática y crear mecanismos que lleven a la desconcentración y descentralización para la construcción de obras de mitigación, algo prácticamente ausente en la actual administración gubernamental.
Esto simplificaría el ciclo de los proyectos de infraestructura relacionados con el control de inundaciones (los de montos pequeños y medianos) porque el levantamiento, diseño, adjudicación y ejecución estarían a cargo de una unidad o institución en el Valle de Sula. La experiencia indica que, frecuentemente, de poco ha servido que el personal y la coordinación de las oficinas regionales de algunas instituciones realicen su labor con diligencia porque en la capital del país, que es donde se concentra todo, se demoran los planes por diversas razones.
Profundizar el principio de subsidiariedad haría más democrática la gestión pública y permitiría agilizar la respuesta a las peticiones y necesidades de las comunidades, además de ahorrar recursos.
b) Coordinación interinstitucional
En el Valle de Sula se debe mejorar la coordinación interinstitucional. Los procesos siguen llevándose a cabo con muy poca participación y socialización ciudadana e institucional.
c) Soluciones basadas en la naturaleza (SBN)
Urge repensar el enfoque de infraestructura que se ha puesto en práctica durante las últimas décadas, dejando de lado el temor de aplicar nuevas y diferentes ideas con responsabilidad. Las soluciones basadas en la naturaleza son un paso necesario para que el país se adapte mejor a las realidades cambiantes de los territorios.
b) Incremento de presupuesto
El presupuesto para obras y estrategias de mitigación sigue siendo insuficiente. Los incrementos en el presupuesto general de la República, en los últimos años, no son proporcionales al incremento casi insignificante en las obras de mitigación en el Valle de Sula. Las comunidades más afectadas siguen sin ser una prioridad.
2. Transparencia, participación ciudadana y sector privado:
e) Transparentar el proceso de toma de decisionesEs importante darle la justa dimensión a la responsabilidad pública en la gestión de riesgos. Los funcionarios que laboran en las instituciones encargadas del control de inundaciones deciden, sin seguir criterios establecidos, qué comunidades se podrían inundar o cuáles no, qué población estará o no más protegida, debido al presupuesto insuficiente para realizar obras. Esta situación debe obligar a los funcionarios a: i) hacer público los procesos de toma de decisiones y su operacionalización, ii) informar en qué basan sus decisiones (la evidencia), iii) evidenciar los fundamentos técnicos (importantes y menos importante), iv) considerar la plena inclusión de la voz de la ciudadanía en cada proyecto.
f) Estrategias de articulación con el sector privado
Es importante articular las estrategias con el sector privado, a través de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Este podría ser un punto de encuentro en el que puede haber un lenguaje e interés en común para colaborar en conjunto: gobierno, empresa privada, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y comunidades.
g) Mayor auditoría social a los compromisos ambientales del sector privado
Medio ambiente, social y gobernanza (ESG’s por sus siglas en inglés). Este es un ejercicio unilateral de autorregulación que asumen algunas empresas y corporaciones para demostrar y hacer público su compromiso con el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este podría ser un espacio de colaboración porque se puede trabajar en conjunto para adoptar medidas que van más allá de las planteadas en la legislación hondureña. Actualmente se exige en materia ambiental porque contribuye a conocer que estos compromisos no son una mera estrategia de publicidad, whitewashing (“lavado blanco”) ni greenwashing (“lavado verde”), sino compromisos concretos y reales con el medio ambiente y la sociedad.
3. En planificación
h) Avanzar en el ordenamiento territorial
Definir y socializar de forma clara las áreas de mitigación, de reserva y las no aptas para habitar. Es importante avanzar en las características especiales de edificación en el Valle de Sula y, en caso de que se permita, hacerse con un enfoque de adaptación climática, con prácticas de planificación participativa y en ejercicios de zonificación abierta.
i) Planificación regional
Las corporaciones municipales deben asumir la ineludible realidad de que son interdependientes con otros municipios. La autonomía municipal pertenece al municipio en su conjunto, incluyendo a los/las pobladores, y no es algo exclusivo de sus autoridades. El desarrollo y la seguridad municipal dependen mucho del relacionamiento y de la coordinación de proyectos y estrategias con otros municipios. Los instrumentos de planificación municipal no pueden seguir aislados de su realidad regional; deben ser instrumento de la integración regional.
4. Educación
j) Educación ambiental.
Es importante la elaboración de manuales y enseñanzas sobre cuidados del ambiente y el quehacer, en situaciones de emergencia por fenómenos naturales. Desafortunadamente, la educación sigue descontextualizada de la realidad climática que enfrenta el país.
Los estudiantes reciben clases cerca de ríos y bordos, pero no tienen material educativo relacionado con las particularidades, virtudes y posibles riesgos en su territorio.
La falta de educación ambiental es terreno fértil para la desinformación en momentos de emergencia por razones climáticas. Durante Eta y Iota las comunidades se alarmaron por posibles descargas de la represa El Cajón, pese a que están situados cerca de otras cuencas que no se conectan con el río Ulúa, o están ubicados en puntos muy lejanos.
La recientemente aprobada Ley de Conciencia y Acción Climática Comunitaria podría ser un paso decisivo en esa dirección, si logra ejecutarse.
5. En lo Legal:
k) Reforma y aplicación del “Reglamento de Bordos”
Este reglamento fue publicado en enero de 2021. Es una herramienta útil y muy necesaria que no ha sido aplicada y que se puede mejorar, especialmente con agregados relacionados con algunos parámetros sobre estrategias de reubicación con enfoque de derechos humanos.
l) Nueva Ley de Contratación del Estado
Es importante que esta ley incremente la agilidad de contratar y mejorar la planificación de las instituciones responsables, sin generar excesiva burocracia. Las obras de infraestructura relativas a la mitigación y control de inundaciones deberían tener su apartado o figura especial, debido a su naturaleza y por los pocos meses disponibles para su ejecución durante el año, por la temporada de lluvias.
Esto podría reducir el uso excesivo de la “declaratoria de emergencia” para agilizar obras urgentes con suficiente antelación.