Autor: Bladimir López/analista del CESPAD
Edición: Claudia Mendoza
20 de marzo del 2021
La llegada al poder del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha reabierto el debate sobre el extractivismo minero en Honduras. La presidenta Xiomara Castro, en la toma de posesión[1], lanzó un contundente mensaje a los representantes, promotores y defensores del extractivismo minero, afirmando que su Gobierno cancelará las concesiones mineras a cielo abierto, por su alto costo ambiental.
Recientemente, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi-Ambiente)[2], informó públicamente la cancelación de los permisos de explotación y declaró a Honduras libre de minería a cielo abierto porque atenta contra los recursos naturales, la salud pública y limita el acceso al agua como derecho humano de las poblaciones. Esa decisión ha desembocado en una serie de reacciones de las partes involucradas: el sector minero, las comunidades que apoyan la minera y las organizaciones sociales territoriales que luchan contra el extractivismo minero.
En este análisis sostenemos la tesis que, aunque es necesario declarar al país libre de minería a cielo abierto, el debate no se agota allí y el alcance de esa declaratoria es limitado, en relación con las apuestas estratégicas del extractivismo minero y los intereses económicos y políticos de las élites extractivistas en el país. En ese sentido, este análisis pone en discusión, en primer lugar, los hitos históricos del extractivismos minero, con el objetivo de comprender la composición de las élites extractivista en el país, en un contexto de cambio institucional promovido, históricamente, por el Partido Nacional (PN).
En el segundo apartado se analizan las principales fuerzas sociales y políticas antagónicas, pero, de manera puntual, se exponen los efectos derrames del extractivismo minero en las comunidades, con el objetivo de posicionar las demandas de las organizaciones que luchan en contra del este tipo de extractivismo. En el tercer y último apartado se plantea, abiertamente, el enfoque de justicia ambiental como uno de los mecanismos orientados a fortalecer la institucionalidad pública, la reparación de los daños sociales y ambientales, la creación de un nuevo marco de política pública (con énfasis ambiental y territorial) y el diseño e implementación de una política de desarrollo territorial (en el marco de las transiciones post-extractivistas) como medida alternativa al desarrollo que promueve la minería.
En conclusión, en un contexto de declaratoria nacional libre de minería a cielo abierto, este análisis coloca en el debate las principales acciones que el Gobierno de Honduras podría emprender para hacerle frente al extractivismo minero, desde un enfoque de justicia ambiental y transiciones postextractivistas.
I. Hitos históricos del extractivismo minero en Honduras (1990-2020)[3]
En Honduras, como en el resto de América Latina, el desarrollo de la minería como actividad industrial surgió a raíz de la invasión española en 1502. Historiadores y arqueólogos han demostrado cómo los pueblos precolombinos ya hacían extracciones para usar los minerales como decoración en su vestimenta y utensilios. Cristóbal Colón observó que los pescadores en la costa de lo que es hoy Honduras, usaban en sus redes contrapesos de oro. Quizás así nació la fascinación por la riqueza minera de Honduras[4].
En este país centroamericano fue tanto el potencial minero, que las primeras divisiones políticas y las leyes promulgadas por los gobiernos estuvieron en consonancia con los intereses económicos de las empresas mineras. Este país se convirtió en el tercer polo productor de oro del continente, aunque su contribución fue muy modesta en comparación con México y Perú. Se ha estimado que en Honduras se produjo el 5% del total del oro enviado al Imperio español, sin embargo, fue la plata la que se convirtió en el principal motor económico y el factor decisivo en la organización administrativa del Estado moderno[5].
Honduras cuenta con un amplio potencial minero; destacan la presencia de plomo, oro, zinc, antimonio, mercurio, plata y hierro, así como abundantes sustancias no metálicas: mármol, caliza, ópalos, caolín, perlitas y granitos. Hasta el año 2017, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), había otorgado un total de 282 concesiones mineras. Cortés es el departamento de Honduras con la mayor cantidad de concesiones (56), le sigue Olancho con 33, Choluteca con 28, Francisco Morazán con 27 y Santa Bárbara con 25[6]. De ese total, 54 se encuentran en territorios indígenas y garífunas, representando el 20% de las concesiones que se han otorgado en el país[7].
Según la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias en Extractivas en Honduras, en el IV informe de conciliación (2017-2018), se afirma que existen aproximadamente 177,135.34 hectáreas otorgadas para la explotación de minerales metálico y no metálicos, las que se dividen en 106,318 hectáreas destinadas a la explotación y 70,997.34 a la exploración, lo que representa un 1.57% del territorio nacional otorgado, ya sea para explotación y exploración. Es importante señalar, también, que en el país los trámites en solicitudes de derechos mineros metálicos y no metálicos suman un área de 138,873.52 Hectáreas, lo que representa 1.23% del territorio nacional solicitado. En conclusión, el 2.77% del territorio nacional se encuentra otorgado y solicitado para la producción minera.
Según los datos del Banco Mundial (BM), en el siglo pasado la minería representó un moderado impacto en el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), oscilando entre el 3% y el 2% (Ver gráfico #1). Esos datos estuvieron determinados por la prevalencia del viejo pacto que se desarrolló en el marco del enclave minero del siglo XX. Sin embargo, durante el período de 1985 a 1997, la minería sufrió un fuerte descenso debido a la diversificación de la economía que promovieron las políticas de Ajuste Estructural en el marco del Neoliberalismo. De igual forma, es importante mencionar que, durante la década de 1990, surgió un fuerte y mediático movimiento ambientalista con alcance nacional contra la explotación minera. Esa situación conllevó a que los gobiernos clausuraran las concesiones mineras y forestales en muchas regiones del país.
Gráfico #1
Aportación de la minería al PIB en Honduras (1970-2019)
Fuente: Banco Mundial (2019). Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MINR.RT.ZS?end=2019&locations=HN&name_desc=false&start=1970&view=chart
En el contexto del huracán Mitch (1998), la minería vuelve a impulsarse desde el sector gubernamental, adoptada como una de las principales medidas para reactivar la economía y generar empleo. Entre el 2002 y el 2008, existió un repunte moderado del 0.1% al 0.6%, en un contexto marcado por las facilidades de inversión y por la existencia de una Ley de Minería, con amplios beneficios al sector empresarial. Por último, entre el 2010 y el 2,019, periodo del post golpe de Estado del 2009, hubo un descenso del aporte de la minería al PIB (entre 0.5% a 0.3%), determinado por la recesión de la economía mundial (en Honduras se traduce en la baja inversión extranjera), la paralización y la cancelación (a través de declaratorias libre de minería y otros) de emprendimientos extractivismos mineros, en medio de fuertes luchas étnico-territoriales en diversas comunidades del país.
En conclusión, el aporte de la minería al PIB ha sido bajo y no justifica su presencia en la matriz económica y productiva del país. La experiencia hondureña indica que son mayores los costos ambientales, políticos, sociales y culturales que los beneficios que deja la minería, en relación con las divisas y los empleos (7 mil personas laboran en las empresas mineras)[8].
Cuadro #1
Hitos históricos del extractivismo minero en Honduras (1990-2020)
| No | Acontecimiento | Gobierno en el poder | Importancia | Impacto en la expansión del extractivismo minero |
| 1 | Proyecto Inventario Minero Nacional impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1991). | Rafael Leonardo Callejas (Partido Nacional). | Levantamiento del primer mapa metalogenético del país. | Punto de partida para la aprobación de concesiones mineras durante la década de 1990. |
| 2 | Se crea la Ley para la Regulación de las Operaciones de Exploración Petrolera y Minera (1991). | Rafael Leonardo Callejas (Partido Nacional). | Se buscó retomar y modernizar el extractivismo minero en Honduras. | El extractivismo minero encuentra un asidero institucional clave para su expansión. |
| 4 | Se emite la Ley General de Minería, y se crea la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), (1998). | Carlos Flores (Partido Liberal). | Surgimiento de la nueva institucionalidad pública rectora del extractivismo minero. | Amplios beneficios fiscales para atraer la inversión extranjera. |
| 5 | Suspensión de las concesiones mineras en Honduras. | Ricardo Maduro (2004). | Se sientan las bases para que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la Ley de Minería aprobada en 1998. | —————————– |
| 6 | Se aprueba la Ley General de Minería (2013). | Porfirio Lobo Sosa (2013). | Impulsada una nueva institucionalidad que concentra los temas relacionados al extractivismo minero. | Se abre un ciclo de concesiones mineras (metálicas y no metálica) sin precedentes en la historia del país. |
| Decreto de Ley que identifica zonas para la construcción de parques mineros en Honduras. | Juan Orlando Hernández (2016). | Tipifica al territorio nacional en distritos mineros, en un contexto de implementación de las ZEDE. | Se abrió un nuevo proceso de expansión de la frontera extractivista, bajo una lógica empresarial y depredadora. | |
| 7 | Reformas a la Ley de Minería. | Juan Orlando Hernández (2020). | Ampliación de beneficios fiscales al capital nacional e internacional. | Expansión de la frontera extractivista. |
| 8 | Creación de la Secretaría de Transparencia. | Juan Orlando Hernández (2000). | Instancia suscrita a la presidencia de la República. | Profundiza la corrupción extractivista. |
Fuente: Elaboración propia
Desde la década de los 90, Honduras entró en un nuevo ciclo de expansión minera, determinado por tres factores principales. Primero, el crecimiento de la demanda internacional. Segundo, por los cambios tecnológicos globales que permitieron a las empresas mineras explotar minerales que se encuentran difusos, abarcando grandes extensiones. Tercero, por las reformas legales en materia minera aprobadas a finales de esa década, con muchos beneficios fiscales y una débil flexibilidad ambiental. A partir de entonces, se propició la realización de transacciones de compra-venta de derechos de concesión minera, principalmente con compañías del norte de América: Estados Unidos y Canadá.
La frontera extractivista minera en Honduras se expande potencialmente en el contexto del golpe de Estado de 2009, favorecido por la demanda mundial de recursos minerales (hierro, plata, oro y zinc), por la aprobación y posteriores reformas a la Ley de Minería y la aprobación de beneficios fiscales a favor del capital nacional y transnacional. En ese contexto, la dinámica de las concesiones mineras se ha caracterizado por cuatro elementos de fondo:
i) el control institucional de la élite extractivista (capital nacional y multinacional que promueve la política extractivista con nexos con los partidos políticos)
ii) la ausencia de consulta y consentimiento comunitario
iii) el bloqueo al acceso a la información pública y,
iv) corporaciones municipales influenciadas y coaptadas por las empresas mineras[9].
Más recientemente, en el marco de la pandemia del Covid-19, la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, siguió con el patrón de entrega del territorio a las empresas mineras bajos nuevas modalidades, pero siempre reforzando el esquema de concesiones.
Para el caso, en sus dos administraciones de gobierno (2014-2022), Hernández puso en marcha un proceso de entrega de licencias ambientales exprés de manera virtual[10], al margen de todo proceso de participación ciudadana y desarrollo de los estudios técnicos pertinentes. De igual forma, heredó reformas a la Ley de Minería que brindan nuevos beneficios fiscales para las empresas mineras, en relación con el canon territorial e incentivos de exoneración de impuestos[11].
El contexto anterior abrió un escenario de corrupción extractivista y de vulneración de derechos humanos y territoriales en las comunidades de país. En esa línea, vía decreto ejecutivo, se suspendieron los cabildos abiertos[12], una de los principales mecanismos institucionales que históricamente han utilizado las comunidades para declarar a los municipios libre de minería. Asimismo, también vía decreto ejecutivo, se creó una nueva instancia institucional denominada secretaría de la Transparencia, supeditada al Poder Ejecutivo, con responsabilidades en lo referente a la regulación de la industria extractiva[13].
La minería cobró fuerza a través de un marco legal promovido por las alegalidades, las que definen la relación entre corrupción y extractivismo, como un proceso que conlleva sobornos para acceder a concesiones mineras, el delito de cohecho para modificar evaluaciones de impacto ambiental, el abuso de funciones para ocultar impactos ecológicos y el tráfico de influencias que ampara la violencia contras las comunidades locales[14].
Tal como evidencia la historia, el extractivismo minero ha sido impulsado, principalmente, por los gobiernos vinculados al Partido Nacional, institución política que ha promovido la creación de marcos normativos y reformas de leyes con amplios beneficios fiscales, con el objetivo de atraer la inversión extranjera. En contraposición, se ha desarticulado la institucionalidad pública de corte ambiental, y se han debilitado los espacios de participación para que las comunidades decidan su futuro ambiental y territorial.
En conclusión, la lucha estratégica contra el extractivismo minero será posible si se avanza en el desmontaje de la institucionalidad minera, sustituido por un nuevo marco que promueva la construcción de políticas públicas ambientales, con amplia participación social y promoción de los derechos humanos y derechos de la naturaleza.
II. Los efectos derrame del extractivismo minero en las comunidades y las principales fuerzas políticas y sociales antagónicas
En ese contexto de expansión de la frontera extractivista minera, persiste la presencia de múltiples luchas étnico territoriales que han puesto en el centro del debate las contradicciones que vulneran derechos y preceptos constitucionales. Los cuestionamientos históricos más importantes que se hacen a la Ley de Minería son:
a) permite a las compañías mineras transferir los derechos recibidos.
b) permite la expropiación forzosa.
c) establece una contribución mínima a las municipalidades y al fisco hondureño.
d) dispone sobre las jornadas de trabajo.
e) carece de una reglamentación adecuada para el cierre de las minas.
f) otorga exoneraciones exageradas a las compañías.
g) permite la exploración y explotación en todo el territorio nacional, incluyendo las áreas protegidas.
Esta situación ha conllevado al desarrollo de un amplio proceso de efectos derrame con grandes impactos en la política pública ambiental y territorial. Los efectos derrame están relacionados con la violación a los derechos humanos y de la naturaleza. A su vez, están vinculados al aumento de la conflictividad territorial, y son más palpables cuando se analizan a través de los cambios en las leyes de participación ciudadana o en el marco de la vigilancia y regulación ambiental. Pero, también, en la alteración de las narrativas y conceptos sobre justicia y democracia[15].
En Honduras, históricamente las organizaciones socioterritoriales han posicionado seis grandes efectos derrame del extractivismo minero en las comunidades:
i) ambientales (contaminación ambiental y pérdida de la biodiversidad)
ii) políticos (militarización del territorio, pérdida de soberanía territorial, ausencia de autodeterminación, criminalización, judicialización y asesinatos)
iii) sociales (división en las comunidades, violencia, pobreza, desplazamientos y desigualdades)
iv) culturales (recolonización de la vida cotidiana, racismo, desconocimiento de las prácticas ancestrales y destrucción del patrimonio cultural)
v) género (trabajo no renumerado, violencia machista, patriarcado, trata de personas y prostitución) y,
vi) debilitamiento de la institucionalidad ambiental (bajo presupuesto, corrupción extractivista, ausencia de personal técnico y especializado y politización política -partidaria)[16].
Alrededor de los efectos derrame del extractivismo minero se han instalado en el país tres procesos paralelos: corrupción extractivista sustentada en las denominadas alegalidades; fragmentación del desarrollo territorial, y la militarización del territorio.
En relación con el tercer proceso, sobresale una amplia política de control territorial, promovida por actores estatales y no estatales, que ha dejado como consecuencia procesos de judicialización, persecución, criminalización y asesinatos de las comunidades, líderes y lideresas que se oponen al extractivismo minero. Los efectos derrame son clave para comprender y darle respuesta, de manera estratégica, a la “violencia extractivista” en los territorios en resistencia.
Sin embargo, es importante mencionar que los efectos derrame se presentan de manera diferenciada en las comunidades. La experiencia de la lucha socio-territorial hondureña indica que, a mayores niveles de conflictividad (región norte, sur y noroccidente), mayores son los efectos derrame, y a menores niveles de conflictividad (región de occidente y centro oriente) menores son los efectos. Lo anterior es clave para comprender el espacio geográfico del extractivismo minero, en los esfuerzos por identificar su trascendencia histórica, sus apuestas económicas y su importancia en los planes de desarrollo territorial que se ejecutan desde el Gobierno de Honduras y los sectores empresariales.
En ese marco, en la última década se han instalado tres fuerzas opositoras al extractivismo minero: i) organizaciones socioterritoriales, ii) organizaciones de sociedad civil, iii) fuerzas políticas de oposición.
En las dos primeras fuerzas se identifican algunos rasgos en común, que evidencian su constitución política y la apuesta estratégica en la defensa del territorio. Primero, se cohesionan alrededor de la identidad ambiental y el territorio aparece como el eje articulador de las estrategias de defensa territorial. Segundo, comparten los mismos adversarios: sector empresarial, élite política extractivista, y fuerzas policiales y militares. En Honduras es común que estos adversarios ataquen, de manera recurrente, a las organizaciones de sociedad civil que acompañan procesos de defensoría territorial contra el extractivismo minero. Tercero, promueven la misma totalidad transformadora, la que consiste en que las comunidades sean las que decidan el destino de los proyectos mineros y gestionen, de manera democrática, los bienes comunes naturales presentes en sus territorios.
Producto de la reconfiguración política de los partidos, en el contexto post golde de Estado, la oposición al extractivismo minero ha encontrado eco en el partido Libertad y Refundación. Sin embargo, aunque en su programa político hace mención a que las comunidades deben decidir sobre la instalación de los proyectos mineros, LIBRE, como institución política, sigue respaldando al alcalde Adán Fúnez del Municipio de Tocoa (recientemente nombrado Gobernador), departamento de Colón, pese a las declaraciones y denuncias que las organizaciones territoriales han realizado, responsabilizándolo por la instalación de un proyecto minero en la principal zona de reserva de ese municipio.
III. ¿Qué hacer después de la declaratoria nacional libre de minería a cielo abierto en Honduras?
Las recientes declaraciones de funcionarios de Mi-Ambiente, han abierto el debate sobre la dinámica del extractivismo minero, en cuatro direcciones:
- Primero, los sectores empresariales se han mostrado temerosos y a la vez molestos de la decisión, ya que afirman que sus empresas operan con base en Ley. Así mismo, afirman que generan empleo y que son actores clave en el desarrollo del país.
- Segundo, las organizaciones territoriales que han aplaudido la decisión de declarar al país libre de minería, sostienen abiertamente que el Estado debe jugar un rol activo en el desarrollo territorial y emprender acciones encaminadas a lograr que las empresas reparen los daños ambientales, sociales y culturales que han provocado en el territorio.
- Tercero, tensiones en el seno del Gobierno, asegurando que las grandes empresas mineras (en los casos de Azacualpa y Guapinol) podrán continuar con su proceso de extrahección con mayor control estatal. Lo anterior evidencia que el actual Gobierno no cuenta con una estrategia clara para avanzar en un proceso de desarrollo territorial, alejado de una dinámica extractivista que continúa favoreciendo los intereses de la élite extractivista.
- Cuarto, comunidades que se agencian recursos económicos a través del trabajo en el emprendimiento extractivista minero, asegurando que estas empresas promueven la inversión en materia social: salud, educación y ambiente. La reacción desde este actor es de importancia, ya que evidencia que las empresas mineras, ideológicamente han ido legitimando su presencia en los territorios, pese a los ecocidios territoriales a gran escala, como lo demuestra el caso de Azacualpa, Guapinol, entre otros en el país.
En ese contexto de tensiones y disputa de actores, el quehacer estratégico con el extractivismo minero a cielo abierto se puede enfocar en dos apuestas estratégicas: i) construcción de una política de justicia ambiental y, ii) una política de desarrollo territorial con enfoque de transición post extractivista.
i. Justicia ambiental
En Honduras, los conflictos socioambientales han puesto en evidencia las denominadas “injusticias ambientales”, comprendidas como prácticas expropiatorias y depredadoras que las empresas mineras causan sobre determinados sistemas ambientales, sociales, culturales y ecológicos en los territorios concesionados al capital nacional e internacional para la extrahección de minerales.
Las injusticias ambientales tienen su asidero conceptual en la teoría de la justicia desarrollada por John Rawls, quien establece que los individuos determinarían la existencia de dos principios básicos de justicia: a) todos tienen los mismos derechos políticos (libertades básicas), y b) la distribución de la inequidad social y económica de los impactos ambientales (sustentada en dos elementos: colectivo (grupos humanos) y ecológico (naturaleza y biodiversidad).
Alrededor de la economía ecológica, el desarrollo conceptual y posicionamiento político de las injusticias ambientales ha conllevado al surgimiento de una serie de enfoques sobre la justicia, aplicado al campo ambiental y ecológico, sobresaliendo: justicia ambiental, justicia climática, justicia ecológica y la justicia energética. La justicia ambiental es la que más recorrido y desarrollo ha tenido, convirtiéndose en la principal propuesta que los movimientos socioambientales han posicionado hasta convertirla en instrumentos de políticas públicas en diferentes países del Norte Global (países desarrollados) y el Sur Global ( países en proceso de desarrollo).
La justicia ambiental incluye elementos sociales y medioambientales en su esfera de aplicación, y como señalan Arriaga y Pardo[17], este concepto reconoce la desigualdad en la distribución espacial y social y por lo general son los grupos identificados con perfiles socioeconómicos bajos los que sufren de una mayor carga de impactos ambientales y sociales producto de los extractivismos. En ese sentido, la justicia ambiental se refiere a las normas y los valores culturales, reglas, reglamentos, conductas, políticas y decisiones de apoyo a comunidades sostenibles, con los que la gente puede interactuar con la confianza de que su entorno es seguro, cuidado y bien protegido, en un contexto de participación activa de las comunidades.
La justicia ambiental debe entenderse como un paradigma complejo, que tutela el uso sustentable de los recursos naturales, vinculándolos a las políticas públicas, para que en éstas se inserten aspectos de protección a los derechos fundamentales, relacionados en un amplio marco de participación de los actores sociales y territoriales para incidir en el proceso de toma de decisiones y que trascienda en la resolución de problemas ambientales. Es decir, la Justicia Ambiental se enfoca en dos elementos claves: desarrollo sustentable y participación ciudadana en la construcción de políticas públicas.
En Honduras, en el caso particular del extractivismos minero (también puede utilizarse en otra modalidad extractivista), la justicia ambiental podría conjugarse alrededor de cinco elementos (ver cuadro #2), para hacerle frente, de manera estratégica, a los impactos ambientales y efectos derrame que ha dejado a su paso la minería en las comunidades del país.
Los elementos que se proponen para construir una política de justicia ambiental son los siguientes:
Cuadro #2
Política de justicia ambiental en el caso del extractivismo minero en Honduras
| Elemento de la justicia ambiental | Dimensión política territorial | Elemento constitutivo para una política de justicia ambiental en el caso de la minería en Honduras | Mecanismos para avanzar en la construcción y aplicabilidad de la política de justicia ambiental |
| Distribución | Acceso equitativo a los bienes, servicios ambientales y beneficios económicos. | Acceso y democratización del territorio: los bienes comunes en manos de las comunidades rurales y originarias. | Es importante avanzar en los siguientes niveles de actuación:
Primero: revisión de la normativa extractivista y ambiental.
Segundo: creación de nuevos marcos normativos que pongan en el centro los derechos de la naturaleza y derechos territoriales.
Tercero: promoción de políticas públicas integrales de acceso y control del territorio en manos de las comunidades.
Cuarto: construcción de una nueva institucionalidad pública de corte ambiental y territorial que promueva una gestión eficaz y eficiente del tema socioterritorial.
Quinto: políticas públicas que abran paso a la ambientalización de la sociedad hondureña. |
| Reconocimiento | Reconocimiento de las culturas originarias, derechos territoriales, formas de vida y de producción. | Soberanía y desarrollo territorial: para la promoción del derecho territorial y el desarrollo sustentable desde la lógica comunitaria y territorial. | |
| Participación | Participación en instancia de toma de decisiones, garantizando el marco necesario para acceder a recursos y bienes ambientales. | Autonomía organizativa y política territorial: que promueva la creación de una nueva gobernanza territorial con la visión de las comunidades y organizaciones. | |
| Reparación | Procesos de saneamiento (desde las empresas) territorial sobre el medio ambiente y biodiversidad y reparación de daños sociales, culturales y territoriales hacia las personas y comunidades. | Creación de un marco de reconocimiento de derechos de la naturaleza y derechos territoriales: aplicabilidad del marco internacional de derechos humanos y territoriales y medidas de gestión de reparación de daños sociales, culturales, ambientales y psicológicas. | |
| Sanciones legales | Proceso de acción penal hacia las empresas y funcionarios que de manera fraudulenta aprobaron concesiones mineras al margen de la Ley. | Justicia retributiva: con el objetivo de penalizar a funcionares y empresas que cometieron delitos en el proceso de obtención de licencias ambientales. |
Fuente: Elaboración propia.
Tal como ilustra el cuadro anterior, la política de justicia ambiental es un esfuerzo por darle respuesta, de manera estratégica, a los impactos ambientales y efectos derrame del extractivismo minero, teniendo como punto de partida el hecho de que las comunidades tendrán acceso y control sobre sus principales medios de vida. Lo anterior reforzará la soberanía territorial y la implementación de un amplio proceso de desarrollo sustentable, bajo la cosmovisión de las comunidades.
Esa visión de gestión territorial y desarrollo sustentable será posible en la medida que las comunidades desplieguen, de manera autónoma, su potencial organizativo y político, sustentado en sus experiencias organizativas.
Así mismo, es importante, para abrir un proceso de desarrollo territorial que promueva el bien común y el buen vivir, tomar en cuenta las formas autónomas de las comunidades de organizar la economía, la política, la cultura y la vida en general. La experiencia en Latinoamérica indica que la justica ambiental encuentra su sustento fuerte, cuando el Estado es capaz de generar las condiciones necesarias para que sean los territorios los que decidan sobre sus propias formas de desarrollo y organización social.
Para complementar el ciclo de la justicia ambiental, el Estado deberá actuar en dos direcciones. Primero, responsabilizar económicamente a las empresas de los ecocidios territoriales, a través de medidas que restauren el medio ambiente, reparen los daños causados a las comunidades y a las personas defensoras de tierra y territorio. Segundo, acciones penales hacia funcionarios y empresarios que, en un contexto de corrupción extractivista, entregaron o entreguen permisos de operación minera al margen de la Ley y sin consulta comunitaria.
Es importante hacer énfasis en que la justicia ambiental no se refiere solo a reparar daños y llevar ante el sistema judicial a las personas responsables de dañar el medio ambiente y destruir la biodiversidad. Se trata de avanzar en la creación de un nuevo modelo de gestión política e institucional del tema ambiental y territorial, abordando, de manera relacional, las cinco dimensiones de la justicia ambiental. Para eso, los niveles de actuación que se menciona en la tabla, ofrecen una guía para avanzar en los elementos centrales de la justicia ambiental expuestos en este apartado: desarrollo sustentable y participación ciudadana en la formulación de políticas públicas ambientales y territoriales de desarrollo.
Así mismo, como bien lo expone Henri Acselrad[18], se debe tener presente que la justicia ambiental propone la construcción de un nuevo orden político-legal que reconozca los derechos ambientales culturalmente específicos, los derechos a la protección ambiental y derechos al acceso equitativo de los bienes comunes naturales. Los primeros se basan en reconocer los derechos de comunidades tradicionales, ubicadas en la frontera extractivista. Los segundos en proteger a las comunidades contra la segregación territorial y desigualdad socioambiental que promueve el mercado. Y los terceros, asegurar el acceso a la tierra y el control del territorio de las comunidades contra el monopolio industrial. Es importante mencionar que este marco de derechos se distancia grandemente de la propuesta de los DESCA, que se proponen desde instancias de la ONU. En definitiva, se invita a la reflexión sobre la constitución de otro derecho ambiental alejado de la visión empresarial y concatenado con los intereses rurales, indígenas y campesinos[19].
En conclusión, la justicia ambiental es importante debido a la trascendencia que tiene en la vida de los seres humanos y los ecosistemas. Dejar de lado la justicia ambiental puede llevar a un contexto de destrucción masiva de los ecosistemas y a la pérdida de calidad de vida, en un contexto desenfrenado de extractivismo minero.
ii) Transiciones postextractivistas a la minería: el desarrollo territorial sustentable y autocentrado
Uno de los principales señalamientos críticos a la propuesta de la justicia ambiental, es que no ofrece un marco interpretativo para pensar formas alternativas al desarrollo que promueven los extractivismos. En el Sur Global, durante la última década, se ha realizado un esfuerzo importante para llenar ese vacío con una propuesta fundada en aportes teóricos, que ha realizado desde inicio de siglo 21 el grupo modernidad, colonialidad y decolonialidad (MCD), constituido por pensadores y pensadoras, con una trayectoria política y militante en los movimientos socioterritoriales, universidades públicas y partidos políticos de izquierda, tipificados como conocimientos nacidos en las luchas.
En el marco de la decolonialidad, las alternativas al desarrollo en Latinoamérica se contraponen al desarrollo alternativo promovido desde los centros internacionales del capitalismo mundial. Por ejemplo, el desarrollo sostenible, el capitalismo verde, liberalismo verde, pacto verde, entre otros. El punto de partida de las alternativas al desarrollo es poner en “cuestión la visión misma de desarrollo”. Desde los movimientos socioambientales se sostiene que el desarrollo que promueve el sistema capitalista significó la privatización de los servicios públicos, la perdida de derechos, Estados al servicio de las élites y la mercantilización/ colonización de la naturaleza.
En ese sentido, alrededor de los extractivismos se ha desarrollado una propuesta alternativa bajo el paragua de las transiciones postextractivistas. Para Eduardo Gudynas[20], las transiciones postextractivistas se basan en la idea que los extractivismos tienen un futuro acotado, ya que está basado en recursos no finitos y no se renuevan. Además, los extractivismos son económicamente costosos, socialmente graves y generan una elevada conflictividad política. En ese sentido, se proponen tres propuestas para pensar alternativas al desarrollo a los extractivismo: buen vivir[21], decrecimiento[22] y desarrollo territorial sustentable y autocentrado (endógeno). En el caso de Honduras, en relación con el extractivismo minero, la tercera propuesta es la que mejor se adapta al contexto de país, ante la inexistencia de condiciones políticas e ideológicas para avanzar en las dos primeras propuestas, debido a su fuerte contenido anticapitalista y antiextractivista.
En Honduras, la visión de desarrollo territorial se ha expuesto desde una mirada capitalista y neoliberal en el Plan de Nación y Visión de País, y recientemente en el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible[23]. En la práctica ha conllevado a lo que Maristella Svampa ha denominado mal desarrollo, visible en el aumento de la pobreza territorial, el desplazamiento territorial forzado, la expansión de la frontera extractivista rural y urbana, la conflictividad territorial y los ecocidios territoriales. Es decir, que el Estado, en su afán por sentar las bases para un desarrollo territorial sostenible (centrado en el ser humano y la naturaleza), ha abierto un amplio proceso de fragmentación territorial que, entre sus tantas consecuencias, es visible la dependencia económica y social en el extractivismo minero, posicionado en diversas comunidades como medio de generación de empleo y de atención social: salud, educación y ambiental.
En Honduras, el extractivismo minero se presenta como un “actor social total”, ya que interviene en la comunidad donde se instala, genera conflictos sociales, provoca divisiones, tienden a reorientar la actividad económica y se convierte en agentes de socialización directa con acciones sociales, educativas y comunitarias, con el objetivo de tener un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones. Tal como ha sido planteado en detalle por Jan Bebbingtona, Judy Brownb, Bob Framec y Lan Thomsond[24], en Honduras el extractivismo promovió una completa reestructuración del Estado y la sociedad, “no estamos ante “reformas”, sino ante cambios que ponen en cuestión algunas realidades de las sociedades, como el proceso regresivo en la distribución de la tierra”.
El extractivismo minero, como actor social total, introduce la idea que el Estado, como agente regulador de lo territorial (económico y social), tiene que sentar las bases para impulsar un desarrollo sustentable territorial autocentrado, comprendido por Marcelo Sili[25] como un proceso de transformación rural que, a través de la organización y dinamización del territorio y de la puesta en marcha de metodologías dinámicas y flexibles de organización social, pretende alcanzar:
- un alto grado de innovación y diversificación económica productiva, con actividades agrícolas y no agrícolas que permitan construir sistemas productivos locales competitivos, reducir el riesgo y la vulnerabilidad frente a los cambios en los mercados, y reducir drásticamente los niveles de pobreza y marginalidad
- altos niveles de capital social y cultural rural, a fin de fomentar la inclusión social, el arraigo de la gente a su tierra y una mayor capacidad de innovación social y cultural y
- el desarrollo de la infraestructura, equipamientos y servicios eficientes para el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida.
Es decir, con el desarrollo territorial sustentable y autocentrado se persigue el fortalecimiento de la base económica local, a través de la diversificación de las actividades productivas y del aprovechamiento de las sinergias de los diversos sectores. Para lograrlo, es importante el encadenamiento entre actividades productivas y no productivas que aumenten la competitividad del territorio.
En el caso del extractivismos minero en Honduras, el desarrollo en los territorios con alta y mediana tradición minera se puede pensar un proceso de desarrollo en los siguientes términos:
Cuadro #3
Claves para el desarrollo territorial sustentable y autocentrado
| Dimensiones | Procesos | Prácticas de construcción de desarrollo territorial |
| Político administrativo | Gobernanza, planificación territorial y comunitaria. | Lógicas de abajo hacia arriba y definidas colectivamente |
| Económicoproductivas | Generación de empleo y diversificación productiva. | Estrategia regional de desarrollo |
| Ambientales | Ordenamiento territorial, gestión ambiental y alianzas gubernamentales. | Plan regional de ordenamiento territorial |
| Sociales yculturales | Autonomía, identidades culturales, participación. | Articulación de actores territoriales |
Fuente: elaboración propia
El proceso de reflexión de las transiciones y desarrollo territorial deberá de comprender al menos 5 elementos de fondo, antes de traducirse en planes o programas de desarrollo.
Primero, comprender la evolución histórica de la matriz económica y productiva de la región donde se pretende instalar el proceso de desarrollo territorial.
Segundo, conocer la estructura y dinámica de las clases sociales, con el objetivo de comprender la composición social del territorio en relación a las perspectivas de cambio de las clases sociales.
Tercero, identificar la distribución ambiental y ecológica del territorio, para explorar las formas productivas de desarrollo en los territorios.
Cuarto, evaluar el capital social instalado en el territorio para comprender el tejido social correspondiente, para que se origine a un proceso de desarrollo territorial estratégico, con la articulación de actores importantes de la zona.
Quinto, valorar el sistema productivo que se pretende instalar en el territorio, en relación con la demanda productiva regional, nacional e internacional, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial que responda, de manera sustentable, a la dinámica del mercado nacional e internacional.
Los elementos expuestos en el apartado anterior deben plantearse en propuestas de transiciones post extractivistas atrás mencionadas: pasar de un extractivismo minero depredador a uno sensato. En ese sentido, esa transición requiere de la implementación de controles ambientales, subsidios estatales para la reconversión de la economía comunitaria, creación de bloques económicos regionales y la regulación social, con una mayor participación de la sociedad en la creación de políticas públicas. Es una apuesta estratégica del desarrollo territorial sustentable y autocentrado, en medio de un cambio político institucional.
En conclusión, declarar a un país libre de minería a cielo abierto es responder, estratégicamente, con formas alternativas al desarrollo que promueve el extractivismo minero que ha operado en Honduras hasta la fecha. El reto incluye construir modelos propios de justicia ambiental y desarrollo territorial sustentable autocentrado, tomando en cuenta las políticas públicas actuales, la experiencia de los movimientos socioambientales y sus realidades.
Referencias
[1] EL DISCURSO ÍNTEGRO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO EN SU TOMA DE POSESIÓN. Diario El Heraldo, 27 de enero del 2022. Disponible en: https://www.elheraldo.hn/especiales/tomadeposesion/discurso-completo-xiomara-castro-toma-posesion-honduras-GAEH1510701
[2] Mi-ambiente cancela los permisos de explotación y declara a Honduras libre de minería. Diario Roatán, 1 de marzo del 2022. Disponible en: https://diarioroatan.com/miambiente-cancela-los-permisos-de-explotacion-y-declara-a-honduras-libre-de-mineria/
[3] El primero y segundo apartado de este análisis se publicó por primera vez bajo el título, Análisis de Contexto: El Extractivismo Minero en Honduras, escrito por Lucía Vijil y Bladimir López, para el Observatorio Centroamericano de Industria Extractiva, Guatemala, 2021. Los puntos expuestos por el autor en este documento han sufrido cambios importantes en su relación a la primera publicación.
[4] Oyuela, Leticia. Esplendor y miseria de la minería en Honduras. Editorial Guaymuras, 2003.
[5] Arancibia, Juan. Honduras: ¿Un estado nacional? Editorial Guaymuras, 2010. Araya, Carlos. El Enclave Minero en Centro América. Universidad de Costa Rica, 1979.
[6] López, Bladimir. Hidroeléctricas y minería: la corrupción desde el Estado, detrás de las concesiones. CESPAD, 2019. Disponible en: https://cespad.org.hn/2018/09/24/hidroelectricas-y-mineria-la-corrupcion-desde-el-estado-detras-de-las-concesiones/
[7] OXFAM. Territorios en Riesgo II: Minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras. Honduras, 2018. Disponible en: https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/honduras.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Hoja%20informativa%20-%20Territorios%20en%20Riesgo%20II%20-%202019.pdf
[8] Para mayor detalle véase: https://tzibalnaah.unah.edu.hn/xmlui/bitstream/handle/123456789/5658/T-MSepd00008.pdf?sequence=2&isAllowed=y
[9] Puntos de análisis sustraído de entrevistas realizadas a organizaciones socioterritoriales en Honduras. Tegucigalpa, mayo de 2021.
[10] López, Bladimir y Vijil, Lucía, Coyuntura desde los territorios, Honduras: Saqueo extractivista y defensa del territorio en tiempos de COVID-19. CESPAD, junio de 2020. Disponible en: https://cespad.org.hn/2020/06/05/coyuntura-desde-los-honduras-saqueo-extractivista-y-defensa-del-territorio-en-tiempos-de-covid-19/ .
[11] Aprobados nuevos beneficios fiscales para empresas mineras en Congreso Nacional. Criterio.hn, 15 de octubre de 2020. Disponible en: https://criterio.hn/aprobados-nuevos-beneficios-fiscales-para-empresas-mineras-en-congreso-nacional/
[12] Autorizan a municipalidades suspender cabildos abiertos presenciales en 2021. Diario Tiempo, 9 de enero de 2021. Disponible en: https://tiempo.hn/cn-suspender-cabildos-abiertos-presenciales-2021/.
[13] Gobierno le monta paralela al IAIP; crea Secretaría de la Transparencia. Criterio.hn, 8 de noviembre de 2020. Disponible en: https://criterio.hn/gobierno-le-monta-paralela-al-iaip-crea-secretaria-de-la-transparencia/
[14] Para una mayor profundización sobre el concepto de minería y alegalidades, véase: http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExtractivismosCorrupcionReviise2017.pdf
[15] Vijil, Lucía. Efectos derrame de los extractivismos en tiempos de pandemia: marco que agudiza la crisis territorial en Honduras. CESPAD, 2021. Disponible en: https://cespad.org.hn/2021/02/18/analisis-efectos-derrame-de-los-extractivismos-en-tiempos-de-pandemia-marco-que-agudiza-la-crisis-territorial-en-honduras/.
[16] Análisis surgido de entrevista realizada a la Coordinadora Ambiental Lenca Campesina e Indígena de La Paz. Tegucigalpa, mayo de 2021.
[17] Arriaga, A. y Pardo, M. (2011). Justicia ambiental: El estado de la cuestión. Revista Ris, 69(3), 215-230.
[18] Acselrad, Henri. El movimiento de justicia ambiental. Argentina, CLASCO, 2014.
[19] López, Bladimir. Alternativas al desarrollo y transiciones postextractivistas desde la práctica de los movimientos socioterritoriales. CESPAD, 2021.
[20] Sobre las fases que componen las transiciones, véase en detalle: Gudynas, Eduardo. Tan lejos y tan cerca de las alternativas al desarrollo. Ecuador, CLADES, 2021
[21] Para una reflexión detallada, véase: Enara Muñoz. Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina y Caribe: luchas sociales contra el extractivismo, 2014.
[22] Para una reflexión detallada, véase: Taibo, Carlos. El decrecimiento explicado con sencilles. España, Editorial Cataratas, 2020
[23] Para una crítica véase: Bladimir, López. Coyuntura desde los territorios: El Plan de Reconstrucción Sostenible y sus posibles repercusiones en las luchas territoriales. CESPAD, 2021. Disponible en: https://cespad.org.hn/2021/05/12/coyuntura-desde-los-territorios-el-plan-de-reconstrucción-sostenible-y-sus-posibles-repercusiones-en-las-luchas-territoriales/
[24] Véase en detalle: Theorizing engagement: The potential of a critical dialogic approach. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/227428830_Theorizing_engagement_The_potential_of_a_critical_dialogic_approach
[25] Sili, Marcelo. La Argentina rural. De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo de los territorios rurales. Ediciones INTA, Buenos Aires, 2005
