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El presente Informe de Observación Electoral 2025 recopila los principales hallazgos de la Misión de Observación Electoral del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), efectuada en colaboración con la Plataforma Juvenil Electoral (PJE) y con el acompañamiento de Global Exchange. Esta misión forma parte de un proceso continuo de monitoreo electoral iniciado en septiembre de 2024 y culminado con una observación integral de la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025.
La observación abarcó todas las fases del proceso electoral (apertura, desarrollo de la votación, cierre y escrutinio) mediante un despliegue territorial de 150 observadores en centros de votación de 10 departamentos del país. Además, se implementó un sistema centralizado de procesamiento de información en tiempo real. La metodología utilizada se sustentó en instrumentos técnicos diferenciados y en un enfoque de observación imparcial, orientado a documentar hechos verificables y a alertar sobre riesgos estructurales que pudieran afectar la legitimidad del proceso.
Los hallazgos revelan que, en general, el proceso electoral siguió los procedimientos formales establecidos, especialmente en la entrega y custodia del material electoral, la prestación de servicios básicos y la aplicación de los mecanismos principales de identificación del elector. Sin embargo, persistieron debilidades estructurales que impactan la calidad democrática del proceso, destacándose en la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), la secretividad del voto y la conectividad del sistema electoral.
Durante la jornada de votación, se constató una mayor aplicación de los controles de identidad, aunque se detectaron incumplimientos en controles complementarios esenciales, como la verificación de la tinta indeleble y la retención de teléfonos celulares. Además, surgieron contingencias relacionadas con el padrón electoral y el funcionamiento del lector biométrico.
La etapa de cierre y escrutinio de la votación concentró los principales riesgos para la integridad del proceso. La misión documentó presiones para acelerar el cierre de las urnas, prácticas irregulares durante el conteo y decisiones discrecionales por parte de los miembros de las JRV, agravadas por una limitada vigilancia operativa de la autoridad electoral. Asimismo, se evidenciaron fallas en el Sistema de Transmisión y Divulgación de Resultados Electorales (TREP), las que afectaron la transparencia del proceso y generaron incertidumbre postelectoral.
Aunque no se detectaron prácticas de fraude electoral clásico, persistieron patrones de clientelismo, presión política y proselitismo, especialmente en las cercanías de los centros de votación. También se observaron conductas indebidas por parte de miembros de las JRV, que comprometen la imparcialidad y la libertad del voto.
En conclusión, las elecciones generales de 2025 se desarrollaron en un marco de legalidad procedimental básica. Sin embargo, no lograron superar las brechas estructurales que siguen limitando la transparencia, la equidad y la legitimidad del sistema electoral. Esto reafirma la necesidad de impulsar reformas institucionales orientadas a fortalecer la autoridad electoral, mejorar la responsabilidad de los partidos políticos, proteger el secreto del voto y garantizar la confiabilidad de los sistemas tecnológicos de transmisión de resultados.