Entre el mes de agosto del 2022 y febrero del 2023, el país estuvo inmerso en el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ-2023-2030). El evento revistió de trascendental importancia, en particular, por los fuertes señalamientos hechos a este poder del Estado, de haber formado parte de una élite política que instaló un sistema de corrupción sin precedentes en la endeble institucionalidad de Honduras.
Este proceso fue uno de los más observados y seguidos de cerca por la comunidad nacional e internacional porque se buscaba promover la selección de magistradas y magistrados con base en el respeto de los estándares internacionales y las buenas prácticas en materia de transparencia e independencia judicial.
Coherentes con el planteamiento anterior, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), una iniciativa ciudadana organizada para producir, difundir y movilizar conocimiento crítico e independiente; Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), una organización no gubernamental de cooperación internacional con la misión de apoyar la aplicación de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la representación legal, y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización de derechos humanos de carácter regional, con una amplia experiencia en el seguimiento y monitoreo de procesos de selección de altas autoridades de justicia en América Latina, constituimos una alianza que observó de cerca todo el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras (en adelante “el consorcio”).
Como consorcio, le dimos seguimiento a cada una de las etapas del proceso de selección de la nómina de magistrados de la CSJ, llevada a cabo por la Junta Nominadora (JN), y fue así que el 10 de noviembre del 2022 hicimos público el primer informe denominado Proceso de Elección de Magistrados/as de la CSJ Etapas de Juramentación, Organización, Funcionamiento y Convocatoria, que contiene los resultados de la veeduría ciudadana realizada desde el 14 de septiembre, fecha de instalación de la JN, hasta el 31 de octubre del 2022, fecha del cierre del plazo establecido para la presentación de las autopostulaciones.
En el primer informe, el consorcio presentó las valoraciones y el análisis de las etapas de juramentación, organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, hasta la convocatoria a las y los abogados para sus postulaciones.
En esta ocasión, el consorcio pone a disposición de la comunidad hondureña e internacional, el informe final que da continuidad al primero y que comprende los resultados de la veeduría realizada a las etapas de la aplicación de las pruebas toxicológicas a las y los candidatos, y las pruebas psicométricas y de conocimientos jurídicos. Asimismo, la etapa de investigación, tachas y denuncias, y entrevistas públicas, que dejaron como resultado la conformación de una nómina de 45 aspirantes que fue enviada al Congreso Nacional, de la que fueron electos los 15 magistrados y magistradas que integran la nueva Corte Suprema de Honduras.
Este informe hace énfasis en la valoración y reflexión sobre los aspectos positivos del proceso, las irregularidades que se identificaron, las malas prácticas que continúan y que nuevamente se evidenciaron en esta elección. Finalmente, se brindan conclusiones y una serie de recomendaciones que deberían tomarse en cuenta para los futuros procesos de elección de las más altas magistraturas del Poder Judicial, al igual que de otros altos funcionarios y funcionarias del Estado.
Descargue el informe aquí.