Escrito por Mirna Flores
El 27 de enero de 2006, Manuel Zelaya Rosales ganó la presidencia de la República de Honduras, tras derrotar a su oponente Porfirio Lobo, del Partido Nacional, en las elecciones generales de 2005. Zelaya, quien era un político influyente dentro del Partido Liberal y ha sido parte de la oligarquía terrateniente del país, obtuvo su victoria con el apoyo de los sectores políticos pudientes y la venia del gobierno de los Estados Unidos. Pero, ese apoyo que recibió en ese momento fue cambiando a raíz de una serie de decisiones importantes que adoptó su gobierno, como la firma del Tratado con la Alianza Bolivariana (ALBA), el intento de nacionalizar algunas empresas, como la de telecomunicaciones, y un aumento sin precedentes del salario mínimo.
Estas y otras decisiones impactaron directamente en su relación con la oligarquía de Honduras y con el gobierno norteamericano. Sin embargo, el conflicto aumentó en intensidad cuando Zelaya, en Consejo de Ministros, aprobó la realización de una consulta ciudadana que permitía instalar una cuarta urna en las mesas de votación, en las elecciones generales de noviembre de 2006.
El sistema electoral hondureño contempla la instalación de tres urnas para la elección del presidente del país, las corporaciones municipales y los diputados del Congreso Nacional. Con la colocación de la cuarta urna se pretendía consultar a la población si estaba o no de acuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Según el gobierno de Manuel Zelaya, la consulta tenía como objetivo adaptar la Constitución de la República a la nueva realidad, pero eso significaba abordar el controversial tema de los artículos pétreos y su reforma.
En mayo de 2009, el Ministerio Público (MP) impugnó el decreto que aprobó el Consejo de Ministros, que permitía la consulta ciudadana. El MP argumentó que la constitución hondureña solo reconocía el plebiscito y el referéndum y en ningún caso consultas populares porque esa era competencia, únicamente, del Tribunal Supremo Electoral[1].
Mientras tanto, el Poder Judicial prohibió a las Fuerzas Armadas obedecer el mandato presidencial. A esto siguió la destitución por orden de Zelaya del Jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez Velásquez. Sin embargo, la presentación de un amparo que fue avalado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la decisión de Zelaya, de destituir al general Vásquez Velázquez.
Estas situaciones generaron un ambiente que para algunos sectores significaban amenazas que propiciaban la continuidad de Zelaya Rosales en el poder, mediante la reforma de los artículos pétreos.
Con el escenario descrito anteriormente, el 28 de junio, Zelaya fue sacado de su residencia por la fuerza, por un grupo de militares que estaban bajo las órdenes de la más alta jerarquía militar. Fue detenido y trasladado a Costa Rica y luego conducido a Nicaragua. Horas después de estos hechos, en el Congreso Nacional se leyó una carta que contenía la supuesta renuncia interpuesta por Zelaya a su cargo; esto implicaba que el golpe de Estado contaba con el apoyo del Congreso Nacional y del Poder Judicial. Por unanimidad, el Congreso decidió destituir a Zelaya de la presidencia, por considerar que sus acciones habían violado la Constitución. Como resultado, se designó como presidente (de facto) a Roberto Micheletti, entonces presidente del Congreso Nacional, quien gobernó hasta que finalizó el mandato de Zelaya en enero de 2010[2].
La comunidad internacional y las organizaciones de Derechos Humanos sancionaron el golpe de Estado. También la ciudadanía organizada se movilizó demandando el retorno del gobierno constitucional y justicia para las víctimas de la represión. Las protestas se realizaron en las calles de los principales centros urbanos, pero fueron reprimidas duramente por policías y militares que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos.
De esta manera se sostuvo un gobierno que para muchos sectores era ilegal. Las heridas del golpe quedaron abiertas e impunes las acciones de los militares que sacaron del país a un presidente, y reprimieron a los ciudadanos con armas y el uso excesivo de la fuerza. Hasta la fecha, los responsables materiales e intelectuales de esas graves violaciones a los derechos humanos no han sido identificados o tampoco investigados y llevados a juicio.
Después del golpe de Estado, cuatro gobiernos han asumido la administración del país, sin embargo, eso no significa que las heridas se cerraron y que los casos de violaciones a los derechos humanos de las víctimas del golpe de Estado del 2009 y del conflicto poselectoral del 2017, se resolvieron. De hecho, permanecieron en la opacidad de los tres gobiernos nacionalistas consecutivos.
Han pasado más de 15 años desde que ocurrió el golpe de Estado y la protesta que realizó la ciudadanía el 5 de julio, cuando decenas de militares rodeaban el aeropuerto de Toncontín, ante el anunciado inminente retorno de Zelaya al país.
En ese contexto, los militares se enfrentaron a los manifestantes, disparando balas que provocaron la muerte de Isy Obed Murillo, la primera víctima del golpe de Estado. Posteriormente, se registraron muchos lesionados por el uso excesivo de la fuerza.
La falta de voluntad política que mostraron los tres gobiernos nacionalistas que asumieron la administración del país, generó un entorno favorable a la impunidad y a la falta de independencia en la investigación criminal.
Sin embargo, en enero del 2025, el Ministerio Público inició una acusación formal en contra de tres altos militares en condición de retiro. En un primer momento se les impuso prisión en su domicilio, pero días después se les emitió prisión preventiva. Sin embargo, dos se entregaron voluntariamente (Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez), mientras que el tercero huyó (Romeo Orlando Vásquez Velásquez), por lo que fue declarado prófugo de la justicia. Estos requerimientos se consideran inéditos en la historia del pos golpe de Estado porque, hasta la fecha, el sistema de justicia hondureño no había actuado y los pocos casos que se han resuelto se debió a que las víctimas acudieron al sistema de justicia internacional.
Esta breve reconstrucción de los hechos que se produjeron en el contexto del golpe de Estado, relativos a las graves violaciones a los derechos humanos, pretende analizar algunos de los elementos que han contribuido a que persista la impunidad y a que, después de más de 15 años, los funcionarios y militares al mando de las estructuras gubernamentales que facilitaron esta situación, estén renuentes a rendir cuentas y esclarecer los hechos dentro del sistema de justicia. El asesinato de Isy Obed Murillo y las múltiples víctimas que reclaman justicia, reviven viejas heridas porque los hechos se reconstruyen de acuerdo con intereses en pugna. Por eso es muy importante acceder a la verdad, obtener la reparación de los daños y alcanzar justicia para fortalecer las instituciones.
Descargue informe aquí: informe PDF
[1] Staun, Eva. 2011. Revista de Derecho. UNED No8. Madrid, España.
[2] Eva Staun, 2011. Revista de Derecho. UNED No8, Madrid, España.
