La ascensión de Xiomara Castro a la presidencia de la República se asumió por la mayoría de la población como un parteaguas en la vida de la endeble democrática de Honduras. Pero, aunque ya transcurre un año desde que se realizaron las elecciones políticas (noviembre 2021), las secuelas de los trece años del golpe de Estado (28 de junio del 2009), y los doce de gobiernos nacionalistas (2010-2022), continúan vigentes. Este contexto hace que la recuperación del Estado derecho sea muy difícil, pues el deterioro institucional se mantiene incólume en medio de la cooptación del Estado por una élite corrupta y asociada al narcotráfico, que continúa entronizada en la institucionalidad estatal.
Esas redes de corrupción (integradas por funcionarios y ex funcionarios públicos, diputados, empresarios, personas particulares), ligadas al crimen organizado y a estructuras del narcotráfico, quedaron develadas a través de los casos que judicializó la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y mediante las extradiciones y juicios que se han dilucidado en importantes Cortes de los Estados Unidos.
Pero esa élite dominante, aferrada a controlar la institucionalidad estatal busca (como sea) perpetuarse en el poder, y un mecanismo importante lo constituyen los procesos de elección de altos funcionarios del Estado.
En ese marco, los subsiguientes tres años se vuelven cruciales en la vida democrática de Honduras, pues el país se apresta a elegir funcionarios importantes como las y los magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030; el fiscal general y fiscal adjunto de la República y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
De allí que, para el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), documentar los procesos de selección de altos funcionarios públicos es de suma importancia para darles seguimiento con el objetivo de aportar insumos para el debate público e incidencia desde las organizaciones ciudadanas.
En ese sentido, este primer informe de monitoreo tiene su énfasis en la selección de las y los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia que fungirá entre el año 2023 y el 2030. Este documento se construye sobre la base de los principales hechos que se han registrado desde que se aprobó la nueva Ley de la Junta Nominadora, hasta los que acontecieron en el mes de noviembre.
Este será el primero de varios informes que documentarán, como se citó atrás, los importantes procesos de elección de altos funcionarios públicos en Honduras.
