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Escrito por Mirna Flores
- Introducción
En Honduras, las relaciones entre la democracia y la institución militar han sido complejas. Durante las transiciones en los años 80s y 90s, los militares no abandonaron el afán de conservar cuotas de poder político para mantenerse vigentes (como sucedió en el resto de América Latina), una situación que obedece al objetivo de resguardar el estatus que históricamente ocuparon y, además, porque la Constitución Política de 1982 les otorgó no solo las funciones de ser garantes de la defensa y la soberanía, también otras funciones políticas que han tenido consecuencias negativas para el Estado de derecho y la democracia.
Por otra parte, la distensión que generó el conflicto centroamericano en los años 90s y el proceso de pacificación regional, permitieron dar pasos importantes hacia el control civil de la defensa. Sin embargo, el tema del control civil sobre las Fuerzas Armadas siguió siendo un problema no resuelto. La Constitución Política dejó la puerta abierta para que intervinieran en lo político y asumieran funciones que les corresponden a otras instituciones. Esto entraña la presencia militar en actividades que rebasan las funciones de la defensa, de manera permanente. En la historia reciente se identifican tres periodos en los que se profundizan los déficits del control civil y democrático de la defensa, que tienen graves consecuencias para los derechos humanos y la represión por motivaciones políticas:
- La década de los 80s, momento en que en la región centroamericana vivió la guerra fría y la confrontación armada entre guerrillas y ejércitos.
- El periodo después del golpe de Estado de 2009, en el cual se persiguió y se reprimió a la oposición política que protestaba en contra de la defenestración del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
- La crisis poselectoral de 2017, fase en la que se reprimió duramente la protesta social, que emergió del rechazo a la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández (JOH), mediante un fraude electoral. La respuesta del gobierno de JOH fue sacar los cuerpos de seguridad del Estado (policías y militares) para reprimir la protesta, con graves consecuencias para los derechos humanos.
La gran interrogante, a partir de lo planteado, es la siguiente: ¿por qué en contextos menos adversos para la democracia y los derechos humanos, en relación con los vividos en la última década, sigue existiendo poca apertura para realizar cambios en el ámbito constitucional, institucional, de rendición de cuentas y de transparencia?
Para responder a esa interrogante, este informe se estructura a partir de dos ejes de análisis, relacionados con los avatares de la reforma del sector defensa en la débil democracia hondureña:
- La necesidad y voluntad de impulsar las reformas democráticas del sector defensa.
- La rendición de cuentas, investigación y enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos en los que incurrieron las Fuerzas Armadas, en el marco del golpe de Estado y en el periodo poselectoral 2017.
Estos dos ejes, además, forman parte de las preocupaciones porque no se han abierto espacios para el debate y la propuesta.
- El manejo democrático de la defensa
En los años 90s, luego de la distensión del conflicto armado y de la demanda de la construcción de la paz en Centroamérica, el avance democrático requería de la separación de las funciones policiales de las funciones militares, también, de la reducción y el acotamiento de los roles militares en el marco de los acuerdos de paz. Ese entorno regional, más la inconformidad ciudadana por los abusos cometidos por la policía, bajo el mando de los militares, dio lugar a la primera reforma que tuvo un papel importante en un entorno favorable al desarrollo democrático. Estos cambios dieron como resultado la separación de la investigación criminal de la Policía Nacional y su traslado al Ministerio Público (MP), la creación del Comisionado de los Derechos Humanos (1995), la creación del Ministerio de Seguridad (1998) y la aprobación de una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras.
Después de un breve periodo de apertura a la reforma militar se produjo el retroceso y los miembros de las Fuerzas Armadas volvieron nuevamente a la escena política, asumiendo tareas propias de la policía, relacionados con enfrentar la criminalidad y la inseguridad ciudadana, también asumieron un rol importante en la lucha contra el narcotráfico.
Desde la perspectiva de Ruth Diamint, la decisión de otorgar funciones propias de otras instituciones a las Fuerzas Armadas, además de ser una decisión poco racional, desvirtúa el rol profesional de los militares. Su retorno deja en evidencia que el control civil y sus funciones políticas no son asuntos irrelevantes en Honduras, como quedó demostrado luego del golpe de Estado del 2009 y el conflicto poselectoral del 2017.
Para Diamint, es irracional usar los pocos recursos que tenemos en nuestros países pobres para fortalecer a las Fuerzas Armadas, en detrimento de otras necesidades sociales e institucionales. Los militares son una institución cara, demandan equipo, instalaciones, preparación, instrucción, y servicios. En cuanto al gasto público, los militares duplican montos y, desde la organización general de la administración estatal, doblan y superponen tareas.
La Constitución Política de Honduras permite que (de manera excepcional y por tiempo limitado) los militares realicen labores de seguridad pública. No obstante, en un contexto de creciente percepción de la violencia como problema central y ante una policía altamente corrupta, su presencia en actividades de orden público se volvió permanente, una situación que expone a los militares a mayores riesgos de generar violaciones a los derechos humanos y corrupción.
En el caso de Honduras, la resistencia a abrir el debate sobre la función militar en la democracia se ha mantenido en los gobiernos, a lo largo de las últimas décadas. También, la cultura militarista reafirma y legitima la intervención, al grado de naturalizar su presencia en cuanta función requieran las instituciones del Estado.
La impunidad militar se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas por falta de castigo a los abusos y violaciones a los derechos humanos en los años 80s, en el contexto de la guerra fría. Luego, en el marco del golpe de Estado de 2009 y, posteriormente, en la fase del conflicto poselectoral del 2017. La cúpula militar se involucró en el fortalecimiento de un Estado capturado por el narcotráfico y el poder autocrático de un expresidente, hoy condenado en una Corte en Nueva York por vínculos con la narcoactividad y el crimen organizado.
- La iniciativa del diputado Ramón Barrios
Ramón Barrios, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), sometió un proyecto de reforma de ley encaminado a reformar la Constitución de la República para suprimir la función de las Fuerzas Armadas de velar por la alternabilidad de la presidencia, lo que implica modificar el artículo 272 de la Constitución Política.
El artículo 272 Constitucional textualmente dice:
Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia. Cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso; el presidente de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un (1) mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas. *Modificado por Decreto 136/1995 y ratificado por Decreto 229/1996. Modificado por Decreto 245/1998 y ratificado por Decreto 2/1999.
Según el diputado Barrios, el último párrafo debe leerse de la siguiente manera:
… “se instituye a las Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución y los principios del libre sufragio”.
Reacciones a la propuesta:
- El coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, a través de su cuenta x, publicó un mensaje afirmando desconocer la propuesta que hizo el diputado Barrios. “No dudo de las buenas intenciones del diputado Barrios. Y, aunque él tiene las facultades, esa iniciativa no fue conocida por la presidenta @XiomaraCastroZ, ni por la dirección del @PartidoLibre y no la compartimos”.
- El diputado Jorge Calix dijo, de forma pública: “Espero que esta noticia sea falsa. Una de las funciones constitucionales es y debe ser, garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia. Creo que este tipo de proyectos de ley generan incertidumbre en la población. Y hace pensar que se busca un proyecto reeleccionista, que no creo sea el caso. Pero por si las dudas, aquí dejo claro que LA REELECCIÓN SIGUE SIENDO ILEGAL HOY, ASÍ COMO FUE ILEGAL ANTES. Para eso, no cuenten conmigo”.
- El jefe de la Bancada del Partido Nacional, Diputado Tomás Zambrano, respondió a la publicación realizada por el asesor presidencial y expresidente Manuel Zelaya, citada atrás:
“Presidente Zelaya, para que el Pueblo hondureño pueda creer que el Gobierno de Libre no tenía conocimiento de la crisis que están generando por varias acciones emprendidas esta semana. Ud. solo tiene que darle instrucciones al Diputado Barrios que retire ese proyecto en el CN. De la misma forma comunicarles en la CSJ a los magistrados afines de Uds. que respeten el orden de precedencia para rotar las presidencias de las salas”.
- Romeo Vásquez Velásquez, General en condición de retiro de las FF. AA: “Lo que está haciendo este diputado (Ramón Barrios) es siguiendo una estrategia para quedarse en el poder, ellos tienen un plan”.
- Jari Dixon Herrera, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), calificó de “sanas las intenciones del diputado Barrios”, quien en las últimas horas propuso reformas a las facultades de las Fuerzas Armadas de Honduras. “Creo que él lo que pretende es que las Fuerzas Armadas nunca utilicen esa normativa como excusa para dar un golpe de Estado, pero considero que en el momento que se presenta no es el adecuado”.
Sobre la reforma al artículo 272 de la Constitución Política, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), planteó en uno de sus análisis que:
“En una democracia sin tutelas de poderes fácticos, asegurar el imperio de la constitución y la alternabilidad en la presidencia es una responsabilidad del poder judicial (Corte Suprema de Justicia), y el libre ejercicio del sufragio es una facultad indelegable de un Tribunal Supremo Electoral (en nuestro caso, del Consejo Nacional Electoral)”.
Para el CESPAD, el avance democrático no puede quedar limitado a la restricción de las facultades de las Fuerzas Armadas para garantizar la alternabilidad de la presidencia de la República. También debe contemplar la eliminación en la determinación del aseguramiento de la vigencia de la Constitución y del libre ejercicio del sufragio, porque esas funciones los coloca como garantes de la democracia, un rol que es impensable en las democracias avanzadas.
- Los déficits de conducción democráticos y los abusos a los derechos humanos
La falta de castigo de los militares que han cometido abusos en los distintos gobiernos autoritarios que emergieron de las transiciones democráticas, ha generado una alta impunidad militar, en medio de bajos niveles de rendición de cuentas y, paradójicamente, la respuesta estatal de aumentar sus funciones y presupuestos.
Cuando asumió el poder, Xiomara Castro enfatizó en su compromiso con la defensa de los derechos humanos, un aspecto que se ha hecho visible con la reducción de hechos que derivan en la represión de la protesta social, por parte de la Policía Nacional o del ejército. Sin embargo, todavía hay una deuda histórica de los militares con los derechos humanos; muchos hechos de violación a los derechos humanos siguen impunes.
En el periodo previo a las elecciones del 26 de noviembre de 2017, la credibilidad del proceso electoral estaba en cuestionamiento: una cláusula constitucional impedía la reelección presidencial y, en consecuencia, la candidatura del expresidente Juan Orlando Hernández para un segundo mandato. La suspensión de la cláusula electoral que contenía la prohibición se llevó a cabo y eso produjo fuertes cuestionamientos al sistema electoral y judicial. A esta situación le siguió el fraude en las elecciones generales y luego al país le sobrevinieron protestas ciudadanas en rechazo a un segundo mandato del expresidente Hernández. La respuesta estatal fue la represión ejercida por policías y militares en contra de los manifestantes.
En el Informe Anual (2019), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) estableció que la impunidad en Honduras persiste en los casos de violaciones perpetradas por los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad. Solamente una pequeña parte de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de la defensa y seguridad, en el contexto de las protestas por los resultados de las elecciones 2017 están siendo juzgadas.
Los fiscales a cargo de las denuncias de las violaciones a derechos humanos en las que estaban implicados miembros del ejército, indicaron a la OACNUDH que se enfrentaron a obstáculos para obtener información crucial para sus investigaciones y calificaron de obstructiva la conducta de las Fuerzas Armadas. Establecieron que los investigadores enviados a las brigadas y batallones para recuperar las posibles pruebas, se quedaban esperando durante horas antes de recibir o poder revisar las pruebas. El acceso se les denegó con el alegato de que no habían seguido el procedimiento adecuado, o que los funcionarios responsables no estaban disponibles.
El informe planteó que el patrón de comportamiento de los militares en el 2019, es una continuación de la histórica ausencia de la rendición de cuentas ante las violaciones a derechos humanos que se produjeron en los años ochenta y noventa, incluida la desaparición de 184 personas. En cuanto a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado reciente, la impunidad es generalizada, así como son insignificantes los progresos realizados en el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas militares y de seguridad, acusados de las violaciones a los derechos humanos cometidas después del golpe de estado de 2009.
En el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 2023, la OACNUDH señaló nuevamente que en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas permanecen en la impunidad. La investigación y el juzgamiento no han permitido el establecimiento de presuntos responsables, ni de la determinación de la responsabilidad de mando.
Con base en la información recabada por el Ministerio Público, el periódico digital Criterio.hn (2024), realizó una publicación en la que se hizo el recuento de 769 denuncias, por 20 delitos que se presentaron entre el 2018 y 2022, en contra de la Policía Nacional. Mientras, en contra de las Fuerzas Armadas se interpusieron 153 denuncias por 19 delitos, entre el 2017 y 2022. Muchas de esos hechos se desarrollaron en el marco de las protestas contra el fraude electoral del 2017, mediante el cual se reeligió Juan Orlando Hernández.
El sistema de administración de justicia continúa caracterizado por altos índices de impunidad, barreras estructurales y problemas sistémicos para el acceso a la justicia, principalmente por una debilitada independencia judicial, demoras procesales y la limitada participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el proceso penal.
Finalmente, se destaca en el informe que Honduras sigue dependiendo del ejército, en gran medida, para una serie de funciones relacionadas con la seguridad: desde la aplicación de la ley hasta la seguridad de los centros penales.
En la actualidad, pese a que las falencias en la investigación criminal y el letargo en el que están sumidas las instituciones y los poderes fácticos (a diferencia de los gobiernos autocráticos que mantuvieron el poder durante los últimos 12 años), existen más garantías sobre el derecho ciudadano a ejercer la protesta social y/o que las fuerzas de seguridad pueden ser sometidas a la justicia por casos de violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de los obstáculos, los retrasos, pero también de la judicialización de casos que no se registraron en el pasado, es la acusación a funcionarios militares por las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que ejercían el derecho a la protesta.
- Acusación y sobreseimiento provisional a un coronel por la muerte de 5 manifestantes en el marco de las protestas postelectoral 2017 ¿voluntad de las nuevas autoridades del Ministerio Público y/o falencias en la investigación criminal?
El 13 de febrero del 2024, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), presentó ante el Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, un requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra el coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez, a quien la fiscalía supone responsable de cinco delitos de homicidio ocurridos durante las protestas por la reelección presidencial en 2017. Las personas fallecidas son Víctor Evelio Martínez Álvarez, Róger Alberto Vásquez Reyes, José David Ramos Lamber, Mauricio Yonathan Echeverría Hernández y Michael Yair Ponce Sauceda.
En la relación de hechos y la denuncia investigada, el Ministerio Público establece que:
El primero de diciembre de 2017, “un grupo de pobladores protestaba en una de las calles de la colonia López Arellano de San Pedro Sula. El acusado, coronel Ponce Martínez, al mando de 172 Policías Militares del Orden Público, llegó a la zona con el propósito de desalojar a los manifestantes cuando las personas que protestaban intentaban abrir paso al conductor de una rastra, quien les manifestó que traía a un familiar enfermo y necesitaba llegar a un hospital.
En ese momento los policías militares, siguiendo la orden del coronel, se ubicaron en posición de ataque, utilizando sus armas de uso oficial, abrieron fuego contra la humanidad de todos los manifestantes, dejando como saldo lamentable la muerte de cinco ciudadanos quienes quedaron tendidos en la carretera. Al terminar los disparos varios policías militares comenzaron a perseguir a los pobladores, quienes en medio del pánico huían de las balas en todas direcciones, propinándoles golpes con sus armas, toletes y patadas lo que provocó, además, que muchas personas terminaran heridas.
Siguiendo siempre las órdenes del coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez, varios militares comenzaron a manipular el lugar de los hechos recogiendo los casquillos de sus armas y colocando armas de fuego para hacer creer que los manifestantes portaban pistolas, sin embargo, el Ministerio Público logró comprobar que eso no fue cierto. Simultáneamente, los uniformados, tiraban tierra con sus pies a los lagos hemáticos (charcos de sangre), que habían quedado en el lugar con la finalidad de ocultarlos.
El Juzgado de Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, tras audiencia inicial, sobreseyó provisionalmente al coronel de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), acusado por el Ministerio Público de la muerte violenta de cinco manifestantes después de las elecciones generales de 2017.
Según lo establecido en un comunicado del Poder Judicial, “El Ministerio Público no logró acreditar el mínimo indicio racional de participación del acusado por este delito y tampoco que haya girado instrucciones a sus subalternos para que abrieran fuego contra los manifestantes”. Sin embargo, dictó auto de formal procesamiento en la causa instruida contra el coronel, por suponerlo responsable de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad, en perjuicio de la fe y la administración pública. En la evacuación de los medios de prueba se acreditó la comisión de los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad, porque se movieron los cuerpos del lugar donde se suscitaron los hechos. Asimismo, se señaló en la resolución que falseó los informes solicitados por el Ministerio Público en el marco de la investigación.
En el análisis de las acciones emprendidas por el Ministerio Público se percibe algún avance en el juzgamiento de hechos graves de violaciones a los derechos humanos, en el marco de los conflictos políticos que se produjeron durante el gobierno y la narco-dictadura de JOH. Sin embargo, el proceso ha sido lento y la investigación criminal continúa como el principal reto.
En este contexto, de mayor apertura a los derechos humanos de las víctimas de la violencia política ejercida en el pasado, el Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (COFADEH), ha enfatizado que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, memoria y reparación. Sobre estas expectativas, en el caso de Honduras, existe una deuda histórica. Por esa razón, el COFADEH presentó ante el pleno del Congreso Nacional una propuesta de Ley de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. La Ley, como se citó renglones atrás, tiene como objetivo el derecho a la verdad, a la justicia, memoria y a la reparación, debido a que el Estado de Honduras tiene una deuda enorme con las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional desde hace más de 40 años. La propuesta del COFADEH también plantea la creación de una Comisión de la Verdad y un registro único de las víctimas de violaciones a derechos humanos durante la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en la década de los 80.
- CONCLUSIONES
- Las sociedades latinoamericanas han estado expuestas a niveles sin precedentes de violencia, criminalidad y corrupción. Sin embargo, la respuesta estatal sigue privilegiando la represión sobre la prevención. Combatir estos hechos requiere más democracia y menos coerción.
- La inseguridad no se resuelve con la presencia de los militares dentro de los diversos ámbitos de los Estados y gobiernos. Las Fuerzas Armadas no deben tener funciones políticas porque no pueden ser garantes y árbitros de la democracia. El arbitraje es aprovechado para intervenir en temas políticos, pese a que corresponde a los civiles resolver estos temas. Y es en ese espacio donde las Fuerzas Armadas han cimentado una larga data de violaciones y abusos que, al tenor de la pervivencia de un sistema de justicia frágil, se cede espacio a la impunidad.
- En diversos casos de abusos y violación de derechos humanos en los que se involucra a miembros de Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, la investigación y los procesos judiciales han sido endebles, al punto de que no se ha permitido el castigo de los presuntos responsables, ni la determinación de la responsabilidad intelectual y de mando. Algunos casos se han tornado emblemáticos: los asesinatos y abusos militares y policiales cometidos contra manifestantes durante la crisis política en el gobierno de JOH; el presunto asesinato de Marcos Pineda, joven lenca miembro del COPINH, por un policía que fue absuelto y el otorgamiento de libertad al agente policial condenado por la muerte de Keyla Martínez. Todos estos casos, tanto del pasado reciente como de la actualidad, muestran la gran deuda que el Estado tiene con las familias de las víctimas.
