Escrito por René Estrada
El escándalo mediático que protagonizó José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) e Isis Cuellar, diputada del Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación, volvió a poner en el centro del debate público en Honduras un asunto delicado: el uso de fondos públicos para el financiamiento de las campañas políticas.
Cardona y Cuellar sostuvieron una conversación que fue grabada y posteriormente filtrada a los medios de comunicación. En el video, ambos discuten sobre el uso de fondos públicos, presumiblemente provenientes de SEDESOL, para financiar actividades de campaña y proselitistas del partido Libertad y Refundación (LIBRE).
De acuerdo con lo expresado por la congresista en el video, se evidenció que mediante cheques por más de 100 mil lempiras se desviaron fondos destinados a la compra de equipos de sonido, máquinas de sublimación, mesas y sillas que fueron entregadas a 15 coordinaciones del Partido Libre del departamento de Copán.
Pero, más allá del uso ilícito de estos fondos, el escándalo mediático pone en la agenda pública un tema muy importante y que demuestra ser una constante en la lógica político-partidaria del país: la utilización de recursos públicos, originalmente destinados a brindar asistencia a poblaciones en condición de vulnerabilidad, para financiar campañas electorales y actividades proselitistas. Aunque es el primer caso de esta magnitud que afecta al gobierno de turno, se suma a una larga lista de incidencias a nivel de país.
En este contexto, resulta imprescindible analizar las similitudes entre este y otros casos, evaluar el impacto que el uso indebido de estos recursos ha tenido en la democracia del país y comprender cómo los fondos destinados a la asistencia social se convierten en herramientas clave para las y los candidatos a cargos de elección popular.
Un sistema opaco, marcado por una cultura política clientelar
La politóloga estadounidense Susan Stokes define el clientelismo electoral como “un intercambio contingente de bienes privados por apoyo político, típicamente votos, mediado por operadores políticos (brokers) que monitorean y organizan estas transacciones en nombre de los partidos”. Esta definición, en particular, resulta clave para entender cómo las redes de macro corrupción permean el sistema para la utilización de fondos públicos para financiar campañas electorales.
Este caso evidencia prácticas fundamentales del modelo clientelar en Honduras, entre las que se destacan:
- La aprobación y asignación de fondos o proyectos en específico, en este caso, 950 millones de lempiras para ejecutarse entre los años 2023 al 2025, destinados a infraestructura menor, obras sociales y becas. Este fondo ha sido gestionado por congresistas a través de diversas instituciones y secretarías de Estado.
- El predominio de congresistas y sus suplentes del partido oficialista en la gestión de estos recursos. Según registros de SEDESOL, en 2024 la Secretaría ejecutó aproximadamente 255 mil millones gestionados por congresistas, distribuidos en incentivos económicos provenientes del Fondo Solidario para Infraestructura Menor y Obras Sociales, kits escolares, ayudas sociales para emprendimientos y reparación de vivienda, becas educativas y ayuda humanitaria.
- El intento de legitimar y legalizar acciones proselitistas y clientelares. Las personas vinculadas y mencionadas en esta denuncia, así como otros congresistas que han utilizado estos fondos, argumentan que las acciones fueron ejecutadas y liquidadas conforme a ley. Sin embargo, es fundamental aclarar que el rol de las y los diputados es legislar, no ejecutar proyectos ni asignar fondos para beneficios electorales. En consecuencia, el uso de estos fondos se vuelve ilegítimo.
- La creación de estructuras partidarias y particulares como beneficiarias. En este caso, los fondos fueron gestionados por militantes del partido Libre, incorporando a otros actores en el esquema. La participación de particulares y simpatizantes del partido en estas redes socava la institucionalidad nacional, al promover modelos en los cuáles la afiliación política predomina sobre la legalidad y la transparencia.
Cambia el gobierno, pero no el mecanismo
El uso de fondos públicos para financiar campañas electorales en Honduras no es nada nuevo. De hecho, este flagelo fue evidenciado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), durante sus cuatro años de vigencia en el país (2016 – 2020). De las 12 investigaciones presentadas por el mecanismo internacional, dos estuvieron directamente vinculadas con el uso de fondos públicos para financiar actividades proselitistas: el Caso Pandora y el Caso Corrupción Sobre Ruedas.
De acuerdo con la MACCIH, funcionarios públicos, congresistas y personas particulares sustrajeron 282 millones de lempiras destinados a fortalecer las capacidades agrícolas del país, a través de una red de corrupción que conformaron. Posteriormente esos fondos fueron utilizados para financiar campañas electorales de los partidos Nacional, Liberal y FAPER.
En el Caso Corrupción Sobre Ruedas, por otro lado, se desviaron más de 11 millones de lempiras del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para financiar la campaña del Partido Nacional en el 2013. Según lo que investigó la fiscalía y la MACCIH, esta red de corrupción la integró Hilda Hernández, la hermana y exministra de comunicaciones del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, junto a otros altos funcionarios.
Al comparar estos dos casos con lo ocurrido en SEDESOL y la congresista, se identifican algunas similitudes:
- Los proyectos con fondos asistencialistas, dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad, vuelven a ser utilizados como pretexto para desviar fondos públicos destinados a otros fines.
- La creación de vínculos entre diferentes poderes e instituciones del Estado para consolidar redes de corrupción.
- La utilización de particulares o personas ajenas a cargos públicos para ejecutar y desviar los recursos.
En ese sentido, resulta evidente que, a pesar de haber sido administrado por diferentes partidos políticos a lo largo de la historia, las redes de corrupción en el país se consolidan mediante patrones similares y estructuras que han sido persistentes, fortaleciendo así los modelos patrimonialista y clientelista.
Un delito que afecta a múltiples víctimas
El financiamiento ilícito de campañas electorales con fondos públicos no solo socava la institucionalidad democrática, sino que también genera víctimas, ya que estos recursos estaban originalmente destinados a atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables. En consecuencia, se vulneran derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.
Desde el ámbito político, el uso de fondos públicos de origen ilícito en campañas viola el derecho a la participación libre y a la competencia política justa. Estas prácticas, que pueden ser interpretadas como compra de votos, limitan la libre capacidad de los ciudadanos para elegir libremente y minan la legitimidad del proceso electoral al restringir el acceso equitativo a los cargos públicos.
Según la Oficina de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, este tipo de corrupción es grave y de gran impacto para los países porque “desvían ingresos públicos y paralizan los presupuestos públicos que deberían proporcionar asistencia sanitaria, vivienda, educación y otros servicios esenciales, socavan la capacidad de los Estados para cumplir sus obligaciones básicas mínimas y sus obligaciones legales preexistentes de maximizar todos los recursos disponibles para respetar, proteger y cumplir los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Además, socavan el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones y los procesos, el Estado de derecho y, en última instancia, el propio Estado”.
Por ello, el uso de recursos estatales, especialmente los que son destinados a asistir a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, aumenta la desigualdad y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Frente a esto, es imprescindible que la respuesta a estas denuncias trascienda lo meramente legal, buscando también reparar a las víctimas y restituir lo que ha sido desviado.
A manera de conclusiones
La reciente denuncia sobre el uso indebido de fondos por parte del exministro de SEDESOL y una congresista del oficialismo reabre heridas en el país. Además de socavar la legitimidad de los procesos electorales, esta situación puede influir en los resultados electorales de las próximas elecciones de noviembre. A partir de lo escrito, se plantean las siguientes conclusiones:
- Las redes de corrupción en la gestión pública trascienden perfiles y cargos específicos. Aunque se haya separado al ministro de su cargo, es improbable que esa institución deje de ser utilizada como canal de corrupción.
- Las y los congresistas no deben gestionar fondos estatales, ya que su función principal es legislar. Aunque la gestión de estos recursos corresponde a secretarías de Estado, la utilización que hacen los legisladores de los fondos, según su conveniencia, los vuelve instrumentos de proselitismo con tintes electorales que favorecen al oficialismo.
- El financiamiento ilícito en campañas electorales representa un problema estructural en el país. Es necesario implementar estrategias de fiscalización efectiva, sancionar penalmente a quienes participan en estas prácticas y aplicar castigos electorales a las y los candidatos que se benefician con estos fondos.
A pocos meses de las elecciones generales, escándalos como este ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral y generan hacia la institucionalidad y sus representantes, por parte de la ciudadanía. A nivel nacional, es fundamental que esta denuncia sea investigada penalmente y que se apliquen sanciones a los responsables antes de noviembre. De lo contrario, el país enfrentará unas elecciones marcadas por altos niveles de polarización y tensión.
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