Escrito por Rubén Escobar
Después de casi cinco décadas de un conflicto territorial que ha desplazado y criminalizado a los pobladores de Zacate Grande, se ha encendido una luz de esperanza que podría concluir en un proceso de regularización predial que otorgue a cada quien la tierra que le corresponde. Sin embargo, los pobladores se han declarado en alerta luego que en las últimas semanas algunos representantes, específicamente de la Secretaría de la Presidencia y del Instituto de la Propiedad que han estado inmersos en estos procesos, han renunciado o han sido destituidos.
Para conocer el origen de las crisis sociales que enfrentan muchos pueblos de Honduras en la actualidad, como Zacate Grande, es necesario reescribir la historia. La de esta comunidad, enclavada en el Golfo de Fonseca, en el sur de Honduras, comienza a principios del siglo XX. Muchas de las familias actuales, provenientes de Nacaome y Choluteca, tienen hasta ocho generaciones de convivencia en el lugar. Pero, por ser una isla, los pobladores asumían que era propiedad nacional, eso explica porque nadie tenía títulos de propiedad.
Para establecer sus hogares y tierras de labranza lo único que recibían eran permisos municipales. Sin embargo, en los años 60 del siglo XX, llegó la señora Carmen Malespín, de nacionalidad nicaragüense, a reclamar la isla como herencia de su madre, Brígida de Sierra.
Allí comenzaron los conflictos con los pobladores, que demandan su derecho a seguir viviendo en la tierra que sus familias han trabajado por décadas. Como suele suceder en Honduras, la justicia se inclinó a favor del poder económico y reconoció el título de Malespín, pese a que la Constitución no permitía en esa época, ni lo permite ahora, la propiedad de tierras a extranjeros cerca de las playas e islas.
Además, el título de Carmen Malespín presenta muchas irregularidades, advierte Gerardo Aguilar, coordinador de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). Por ejemplo, define colindancias con haciendas de Nacaome y con otros sitios que no están ubicados en Zacate Grande. El título original describía una extensión de 60 caballerías, equivalentes a unas 2,700 hectáreas, pero Malespín reclamó la isla completa, que abarca más de 5,000 hectáreas.
Una península de mucho interés
Zacate Grande y sus pobladores sufrieron un giro en su historia en los años 70, cuando inició un proyecto de relleno de una franja de mar de poca profundidad, ubicado entre la isla y la parte continental. En los años 80 la obra terminó, convirtiendo el territorio en una península, lo que despertó el interés de muchos empresarios que lo consideraron un lugar ideal para vacacionar.
Más allá de eso, el sitio es un punto estratégico con fines comerciales e industriales, pues representa la única salida de Honduras hacia el Océano Pacífico y, por consiguiente, a los mares asiáticos, refiere Kevin Isidro, analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Es así que la familia Malespín, que nunca residió en Zacate Grande, comienza a vender grandes extensiones a diversos potentados, especialmente de origen palestino. Destaca entre estos Miguel Facussé Barjum, quien entre 1982 y 1987 acaparó unas 3,000 hectáreas.
Algunas comunidades, que existían desde hace más de 100 años, quedaron dentro de los títulos de propiedad de estos empresarios, como modernos señores feudales.
Según el documento “Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra”, realizado por el equipo del Cespad, para el 2015 Miguel Facussé aparecía como dueño de las poblaciones de Puerto Grande, Novillo, La Flor, parte de Coyolito, Huatales, Los Langues y Jocotes. Jorge Luis Cassís, propietario del Ojochal; Fredy Nasser de El Zope; la familia Malespín, de Playa Blanca y El Ojochal; mientras que Henry Arévalo, Juan Diego Zelaya, la familia Mendels, Karin, Faraj, Davivienda, la familia Gutiérrez y hasta el narcotraficante Juan Orlando Hernández aparecían como dueños de Coyolito, La Guayaba Dorada y El Zope.
“A raíz de eso empiezan los desalojos, el proceso de despojo del territorio, de criminalización, hostigamiento, amenazas y persecución. Hay compañeros que han sido baleados y golpeados. Yo estuve procesado 9 años por delitos de usurpación. Son 117 compañeros los que han tenido procesos judiciales y el año pasado dos compañeros estuvieron en prisión”, señala Aguilar, respecto a los procesos incoados por los terratenientes.
El dirigente estima que el 90 por ciento de las playas de Zacate Grande están en manos de grandes empresarios que han construido mansiones donde van a descansar en Semana Santa y, algunos, para las fiestas navideñas. Esto ocurre por encima de la ley, puesto que el Código Civil, en el artículo 617 define las playas como “bienes nacionales de uso público” y por tanto “pertenecen a todos los habitantes de la nación”.
Darle a cada quien lo que le corresponde
Después de décadas en las que los gobiernos de turno ejecutaban políticas de persecución a los pobladores, ADEPZA encontró en la administración actual la apertura necesaria para presentar una solicitud de regularización predial. Aguilar asegura que la petición que realizaron fue priorizada para agilizar el proceso.
Las etapas de la regularización predial incluyen: presentar la solicitud ante el Instituto de la Propiedad (IP); investigación registral, en la que se verifica la situación jurídica del predio; medición y amojonamiento para determinar su ubicación, linderos y área; una audiencia de vecinos para notificar a los colindantes del predio sobre el proceso de regularización y que se les da la oportunidad de presentar sus observaciones.
Finalmente se emite un dictamen técnico que determina la viabilidad de la regularización; si este dictamen es favorable se emite un título de propiedad a nombre del titular del derecho y se inscribe el inmueble.
Las comunidades que presentaron la solicitud fueron: Jocote, Coyolito, El Zope, Playa Blanca, El Ojochal, Pintadillera, Los Huatales, Puerto Grande, La Flor y Punta Novillo. Las que decidieron no participar fueron La Negra y Los Langues.
El 7 de marzo de 2024 se realizó una ceremonia formal para el lanzamiento del proyecto, en la que estuvieron representantes de las comunidades y funcionarios de gobierno, entre ellos el entonces secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor; la secretaria general del Instituto de la Propiedad, Nadia Espinal; la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, así como funcionarios de Gobernación y Justicia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
En los días subsiguientes llegaron técnicos del IP a realizar mediciones de las comunidades para establecer sus dimensiones y colindancias, un proceso que concluyó el 23 de marzo. El siguiente paso será elaborar un informe que detalle los hallazgos encontrados en el terreno. Para eso, los técnicos del IP tienen un plazo de seis meses, pero los pobladores esperan que se emita antes. Posteriormente se determinarán los lotes que están en posesión de cada uno.
Como parte del proceso, se han sostenido jornadas de socialización comunitaria sobre los avances del proceso de regularización predial. Han acudido representantes de las familias Facussé y Malespín, pero estos siguen sosteniendo que sus títulos son válidos y que por lo tanto el proceso iniciado no tendrá validez.
“En el territorio la conflictividad y los índices de violencia son muy agudos. A las instituciones del Estado les compete resolver el conflicto y dar una solución al problema de tenencia de la tierra”, refirió Isidro.
Por otro lado, los pobladores de la península, junto a organizaciones aliadas, gestionaron una investigación de tracto sucesivo para determinar la naturaleza jurídica y el estado actual de la tierra y revisar la validez de los títulos.
Aguilar indicó que como parte de las investigaciones han encontrado más irregularidades. Por ejemplo, que Miguel Facussé entregó 118 títulos de propiedad a algunos de sus empleados, pero la dimensión de esos lotes suma una manzana, cuando en la realidad hay familias que están en posesión de hasta 6 manzanas. Además, todos los títulos dicen colindar con propiedades de Facussé, lo que, en la práctica, sobre el terreno, no es así.
“Hay un montón de irregularidades y eso lo saben los Facussé, lo saben los Malespín y lo saben todos los del Club de Coyolito, que sus títulos de propiedad tienen vicios de nulidad”, expresó Aguilar.
El proceso de documentación de la tierra cuenta con el acompañamiento de al menos 16 organizaciones, entre ellas el Cespad, OACNUDH, Trocaire, la Red de Abogadas, el Bufete Justicia para los Pueblos, Protección Internacional, Observadores de Paz de Suiza, la Red Nacional de Defensoras, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, entre otras.
Un proyecto que debe continuar
El 30 de mayo la presidenta Xiomara Castro anunció que una junta interventora asumiría las riendas del Instituto de la Propiedad, supuestamente por presentar erogaciones por 18,000 millones de lempiras, sin tener respaldos. Además, por haber financiado la construcción de viviendas, y realizados gastos publicitarios y de obras sociales, que no le corresponden, pues los recursos eran para ejecutar la transformación digital de la institución. Como parte del proceso, los interventores destituyeron a la directora ejecutiva del IP, Lucy Salgado, mientras que elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal decomisaron documentación importante para la investigación.
Por otro lado, el 13 de junio de 2024, Rodolfo Pastor de María renunció a su cargo como secretario de la Presidencia para dedicarse a la política en las filas de la precandidata presidencial Rixi Moncada. Ambas instituciones han sido clave en impulsar el proceso de regularización predial en sus primeras etapas. Por eso, los pobladores de Zacate Grande se han declarado “a la expectativa” de lo que pueda pasar, dijo Aguilar.
Agregó que están haciendo los contactos necesarios para coordinar reuniones con la Secretaría de la Presidencia y con Nadia Espinal, la secretaria general del IP, para conocer la posición de las autoridades en relación con su apoyo al proyecto, “y esperamos que no cambie su posicionamiento. Hasta ahora no hemos sido notificados”.
El dirigente demandó a los funcionarios que el proceso continúe en beneficio de las 10,000 personas, aproximadamente, que habitan la península de Zacate Grande.
Isidro, del Cespad, coincide en que genera preocupación la intervención del Instituto de la Propiedad, y destacó la necesidad de continuar exigiendo a las instituciones participantes que el proceso no sea engavetado, y que la presentación del proceso de regularización predial en la Península de Zacate Grande no quede como un “evento propagandístico”.
Destacó que, con el nuevo proyecto gubernamental de construcción de un tren interoceánico, la importancia estratégica de Zacate Grande es mayor, por cuanto podría convertirse en el puerto de entrada y salida de mercancías para respaldar la actividad del canal de Panamá.
Para Aguilar, aquí surge la pregunta “¿cómo garantizamos que con estos megaproyectos se respeten los derechos de las comunidades que viven en esos territorios? Si en este momento, hipotéticamente, se comenzara a construir, las personas que han vivido ahí por décadas, no tendrían títulos de propiedad. Pero el terrateniente que ha venido despojando y concentrando la tierra, sí tiene un título y puede vender esa tierra. Entonces las comunidades quedan completamente desprotegidas”, concluyó.
