La inseguridad ciudadana, producto del crecimiento de la criminalidad y la delincuencia, ha sido uno de los problemas críticos del país en las dos últimas décadas. Honduras, pese al descenso progresivo de las Tasas de Homicidios, continúa ubicado como el país más violento de Centroamérica y el segundo más violento en América Latina. No hay duda que para el gobierno de Xiomara Castro y para la Policía Nacional es casi un imperativo reducir esa Tasa en un contexto regional en el cual países como El Salvador, de 103 homicidios por 100,000 habitantes en el 2015, bajó a 7.8 muertes por 100,000 habitantes en el 2022. Además, ese país ha adoptado medidas de control en las cárceles, que mantiene niveles elevados de aceptación entre la ciudadanía. Estos hechos, al margen del impacto que han tenido en el Estado de derecho y para los derechos humanos, son deseables para los gobernantes, sobre todo de los países vecinos.
Otro aspecto imperativo es ampliar la mirada y reconocer que la violencia no solo se trata de homicidios. Persisten otros indicadores que impactan negativamente la calidad de vida: la extorsión, las masacres y las muertes violentas de mujeres y femicidios que han creado una mayor percepción de inseguridad y temor por la violencia brutal con que son cometidos estos hechos; también la delincuencia común afecta a los ciudadanos cotidianamente.
En diciembre del 2022, el miedo y la incertidumbre ante la magnitud del fenómeno de la extorsión, detonó en protestas por parte de los empresarios y trabajadores del transporte urbano, afectados por las amenazas que realizan las maras y pandillas y otras bandas delincuenciales. Castro, en respuesta a la movilización y demanda del sector del transporte urbano y frente a los graves daños que provoca la extorsión, lanzó el Plan Integral de Tratamiento de la Extorsión y delitos conexos y puso en marcha un estado de excepción aprobado mediante Decreto Ejecutivo PCM 29-2022[1].
Con la aprobación del estado de excepción se pusieron en suspenso 6 garantías constitucionales por 30 días, en los barrios/ colonias y municipios que, según la Policía Nacional, se encontraban asediados por la presencia de maras y pandillas, principales causantes de la extorsión. El régimen de excepción incluye medidas que restringen la libertad de movimiento y reunión de los habitantes; permite, también, el ingreso de los policías en los hogares para realizar arrestos sin tener una orden judicial.
El discurso de las autoridades se dirige a enfrentar el crimen organizado, atacar de manera frontal las estructuras criminales vinculadas a la extorsión, el sicariato, el tráfico de drogas y el lavado de activos. En cuanto a sus resultados, sin ofrecer datos contundentes, la policía calificó de “éxito” el estado de excepción, porque se ha logrado capturar a más de un centenar de miembros de organizaciones criminales de las maras y pandillas que cometen delitos contra la población hondureña. Sin embargo, el CONADEH ha planteado, continuamente, la debilidad de las cifras presentadas por la policía y los riesgos de mantener un estado de excepción por tiempos prolongados para los derechos humanos, sobre todo porque el país tiene cuerpos policiales y militares que en el pasado han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Además, pese al estado de excepción (que se ha prolongado en varias ocasiones), la violencia no ha cesado en el país. Pese a la medida, 9 masacres se produjeron en menos de tres meses; muertes violentas de mujeres y femicidios que quedaron en la impunidad; enfrentamientos en las cárceles y otras formas de violencia ponen en precario la efectividad de las decisiones gubernamentales.
Luego de la manifestación de inconformidad con los resultados de la Policía Nacional en esa primera etapa del estado de excepción, la presidente Castro anunció una segunda Fase del Plan contra la Criminalidad y la ampliación de la medida por 6 meses más; se amplió el territorio de ejecución, otorgándose responsabilidades directas a la policía y a las fuerzas militares sobre los resultados del Plan contra la Criminalidad. Este plan en la fase II, fracciona el territorio en áreas en las que tienen responsabilidad la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar de Orden Público[2].
Esta suma de acciones y decisiones permite plantear algunas interrogantes: ¿está otorgando más funciones policiales el gobierno a los militares, porque la propuesta de desmilitarizar ha sido abandonada?, ¿persiste la intención de incrementar el presupuesto, el equipo y el poder a los militares con estas medidas?, ¿se fortalece la militarización con el estado de excepción? Probablemente no se tengan todos los elementos para responder a estas interrogantes, pero la intención es mantener el debate sobre las expectativas ciudadanas de profundizar la democracia y las condiciones de bienestar de la población, más allá de los intereses personales de los sectores económicos y sociales interesados en el bienestar, protección y seguridad como bien privado y no como un bien público.
Descargue el informe aquí.
[1] https://tnh.gob.hn/gobierno/gobierno-oficializa-en-la-gaceta-el-estado-de-excepcion-en-barrios-y-colonias-de-tegucigalpa-y-sps/
[2] https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/04/09/honduras-extendio-por-otros-45-dias-el-estado-de-excepcion-en-el-marco-de-su-lucha-contra-las-pandillas/
