Escrito por Aimée Cárcamo
Aleyda Suyapa Álvarez se encuentra en la larga lista de mujeres que han sido violentadas en su ejercicio de participación política en Honduras. Ella participó en las elecciones de 2021 como candidata a diputada por el departamento de Choluteca, en las filas del partido Unificación Democrática (UD). En la rifa para definir la ubicación de los candidatos y candidatas de su partido quedó en la primera casilla, pero sus compañeros decidieron colocaron a un hombre y a ella la dejaron en segundo lugar.
Aleyda, quien es maestra de educación primaria, no logró convertirse en diputada en ese entonces, pero no desiste de su objetivo. En el 2025 participará nuevamente en la contienda electoral. “En Choluteca, en la historia, nomás recuerdo 3 mujeres diputadas que han llegado hasta allí”, dice, mientras cuestiona las diferentes manifestaciones de violencia por parte de los hombres, que enfrentan las mujeres que deciden incursionar en política.
Ese hecho no es un caso aislado. Aleyda tiene muy claro que estas situaciones que enfrentan las mujeres tienen su cimiento en el patriarcado que impera dentro de los partidos políticos y que, incluso, se expresa de forma verbal en las reuniones partidarias en las que se defiende el “derecho” para que los hombres accedan a primeros lugares, mientras a las mujeres se les deja relegadas, a las “segundas opciones”.
Mientras, “la violencia política sucede de forma muy silenciosa, pero muchas mujeres no lo admiten para encajar en sus partidos”, dice sobre el tema la precandidata a diputada por Francisco Morazán, Ana Lizeth Méndez, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH). Y “una manifestación de esa violencia es omitiendo la participación de la mujer dentro de las mismas instituciones políticas”, afirma.
Estas y otras situaciones relacionadas con diversos tipos de violencia enfrentan las mujeres que deciden incursionar en política en Honduras, tal como cita el informe “Violencia Política Contra las Mujeres: Un Desafío Global”, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el que establece que al menos el 80 por ciento de las mujeres políticas en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia o acoso durante su carrera política.
Otro estudio, realizado por IDEA Internacional, indica que alrededor del 75% de las mujeres políticas han experimentado algún tipo de violencia o acoso, incluyendo amenazas, abuso en línea y ataques sexuales, mientras que el informe «Violencia Política Contra las Mujeres en América Latina y el Caribe» elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, destaca que el 52% de las mujeres políticas en la región han sufrido algún tipo de violencia o acoso político.
El informe de julio de 2021 de ONU Mujeres, «Prevenir la violencia contra las mujeres en la política», aporta otros elementos, como que “la violencia afecta negativamente la participación política de las mujeres, generando miedo, limitando su libertad de expresión y obstaculizando su capacidad para ejercer cargos públicos”, lo que socava la democracia.
Una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres
Recientemente, la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional dictaminó a favor de dos proyectos de ley cuyo fin es el de coadyuvar a la participación equitativa y el ejercicio pleno y libre de los derechos políticos de las mujeres hondureñas. El primero es el proyecto presentado por el Consejo Nacional Electoral (NCE), “Reforma por adición a la Ley Electoral de Honduras, del Título para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”. La segunda es una iniciativa de las congresistas Fátima Mena y Johana Bermúdez, intitulada “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política en Honduras”.
En ambos proyectos se plantea abordar de manera integral la promoción y aprobación de disposiciones con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Asimismo, asegurar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en igualdad de condiciones en todos los ámbitos y roles de la vida política y pública, particularmente en los cargos de gobierno.
Ambos proyectos plantean respuestas a una problemática que desestimula la participación de las mujeres en procesos de elección popular e impacta, por ende, en la democracia.
“No se puede hablar de democracia en un país en el cual la mitad de la población está excluida (…),la mitad de la población no tiene la posibilidad de externar sus demandas o su posicionamiento político sin tener una reacción de violencia”, reflexionó la diputada Silvia Ayala, integrante de la Comisión de Género del Congreso Nacional, en un evento organizado por el Foro de Mujeres Políticas, una organización que forma parte del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH), espacio al que también pertenecen el Centro de Estudios de la Mujer -Honduras (CEM-H) y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Desde COMUNH, estas organizaciones promueven la urgencia de aprobar esta Ley, porque afirman que la violencia política es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres que participan en política.
“La violencia política desestimula y en muchos casos anula el ejercicio de participación política de las mujeres”, sostiene Dulce Davis, del Cespad. Agrega que “en materia de derechos políticos erradicar la violencia política contra las mujeres debe ser una de las principales apuestas, pues ya diversos estudios demuestran que la violencia política en razón de género es una de las principales causas por la que las mujeres no participan en política o abandonan su carrera política”.
El proyecto de una ley de violencia política contra las mujeres ya había sido presentado en otras legislaturas, pero no había llegado a dictamen, recordó Ayala, quien también comentó que inicialmente se esperaba que la normativa fuera aprobada el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayala trajo a colación que, “el propio 8 de marzo decía un diputado… ¿y por qué les tenemos que aprobar una ley especial (a las mujeres) si a nosotros los diputados varones también nos denigran? Pero a ninguno de ellos lo denigran por su condición de hombre”, acotó.
¿De qué trata la ley?
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres define seis tipos de violencia política: física, sexual, psicológica, económica, mediática y simbólica. Además, el tipo de agravantes e identifica los sujetos que podrán ser sancionados por esos actos de violencia política, entre ellos agentes estatales, compañeros de trabajo, autoridades de partidos políticos, precandidatos y precandidatas, periodistas y particulares.
También enumera las sanciones que aplicará el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los autores o partícipes de violencia política, que van desde amonestaciones escritas a multas de cincuenta a cien salarios mínimos. Aunque el CNE conocerá las denuncias de violencia política, debe considerarse la posible existencia de un delito el caso será remitido al Ministerio Público.
Una vez recibida la denuncia por violencia política, el CNE deberá analizar su admisibilidad dentro de los tres días siguientes, según la ley, que manda también que el procedimiento sea tramitado de forma expedita para restablecer los derechos políticos de la mujer o detener su vulneración.
La ley incluye una reforma por adición al artículo 163 de la Ley Electoral, que establece una multa equivalente al monto del doble utilizado a los partidos políticos que no utilicen el financiamiento público para el propósito de fomentar el liderazgo de las mujeres, que debe ser el equivalente al 15 por ciento de la deuda política.
Además de la distribución del 15% de los recursos de los partidos políticos, la ley incluye también el tema de ataques en redes sociales, la invisibilización de los liderazgos de las mujeres, su exclusión deliberada, la difusión de información falsa o calumniosa, todo explicado con bastante precisión para que no quede lugar a interpretación, resumió Ayala.
La Comisión de Equidad de Género solicitó la opinión del CNE sobre el proyecto de ley. El ente electoral respondió con otro proyecto para crear un capítulo sobre violencia política dentro de la Ley Electoral de Honduras, una propuesta muy valiosa, sin embargo, una reforma a la Ley Electoral requiere de 86 votos, mientras que una nueva ley sólo 65, “entonces ahí estamos un poco más cuesta arriba que como estamos hasta este momento”, dijo la diputada Ayala. En razón de lo anterior, el dictamen será presentado como ley especial y no como reforma a la Ley Electoral.
Lo que no incluirá la ley será la tipificación penal de los delitos de violencia política, en vista de que se encuentra en proceso la presentación de un informe especial en el Congreso Nacional sobre el actual Código Penal, lo que podría tener como consecuencia inmediata la necesidad de aprobar uno nuevo. Llegado ese momento, las organizaciones feministas, mujeres en política, el CNE y demás sectores involucrados serán convocados para la tipificación correcta de esos delitos.
Proteger la participación de las mujeres
Para Julio Navarro, actual consejero del CNE, el Estado de Honduras debe emitir políticas a través de sus diferentes instituciones para proteger la participación de las mujeres en la actividad política.
El funcionario coincide con las feministas y mujeres organizadas, al atribuir la violencia política a la visión patriarcal que persiste entre la sociedad: “la violencia política, es un problema que debe ser erradicado”, dice el consejero.
Celebró que el CNE nuevamente estará integrado por dos mujeres y un hombre, como en las pasadas elecciones generales de 2021. “Entonces, habrá compromiso con la protección de las mujeres”, acotó.
Sin embargo, para este funcionario “el gran trabajo” debe realizarse en las escuelas, la familia y en los distintos espacios en los que se pueda construir una cultura del respeto hacia las mujeres, en sus diversas manifestaciones sociales y políticas.
La normalización de la violencia política hacia las mujeres
Para la diputada Ayala, en el país se ha querido normalizar la violencia política al punto de considerarse “como un precio que tienen que pagar las mujeres que deciden incursionar en política o como parte de una cultura que debe ser aceptada, cuando en realidad se trata de una manifestación de la misoginia y el machismo que hay en Honduras”.
Ayala sostiene que, aunque las mujeres en política deben someterse al igual que sus pares masculinos al escrutinio permanente de la población, se deben cuestionar las decisiones y posicionamientos, pues los ataques de carácter misógino o que aluden a la condición de género validan la violencia política.
Para la coordinadora del Centro de Estudio de Mujeres de Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez, “no puede haber opresores y oprimidos y nosotras estamos siendo muy oprimidas”. Esta defensora de los derechos de las mujeres considera que la sociedad sigue asignándole papeles a las mujeres que las confinan al espacio privado, como objetos sexuales y de reproducción.
“Con esa visión alimentada por las normas patriarcales los hombres no logran ver a las mujeres como verdaderas protagonistas de la política partidaria”.
Se tratan dice, de roles de género que deben desmontarse con capacitación y marcos legales para llegar a la igualdad sustantiva. “¿Cómo es posible que nos pongan a competir sin que se haya resuelto el problema de los recursos… enfrentando la violencia política?”, cuestionó.
En el evento, en el que se le presentaron aspectos importantes que contiene la iniciativa de Ley a representantes de diversos partidos políticos, de la Unidad de Política Limpia, funcionarios del CNE, entre otros, la coordinadora del CEM-H planteó que el poder que buscan las mujeres no es el tradicional. A diferencia del poder hegemónico que da la dominación, las mujeres construyen desde una ética distinta y con un paradigma diferente, buscando poderes para la vida, para construir y transformar.
