Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
26 de agosto, 2024
La captura e inicio del proceso judicial contra el juez Marco Vallecillo, Coordinador de los juzgados de Crimen Organizado, Corrupción y Medio Ambiente, acusado por el delito de extorsión, ha colocado en el debate el sensible tema de la corrupción en el sistema de justicia hondureño.
En la primera audiencia judicial, celebrada el 23 de agosto, el tribunal a cargo determinó dictar auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, a pesar de que existen voces disidentes que consideran que este proceso judicial está violentando el debido proceso. Sin embargo, lo significativo del caso es que ha puesto al descubierto la existencia de redes de tráfico de influencias, al más alto nivel dentro del poder judicial. Esta situación devela, además, la interferencia de poderes indebidos en la administración de la justicia, y cuestiona la vigencia de la independencia del sistema de justicia de Honduras.
Al igual que las redes de corrupción públicas-privadas, las redes del tráfico de influencia en el Poder Judicial ha sido una conversación recurrente en círculos privados de la población hondureña. Pero, si no hubiera sido por el apoyo a la acción penal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) nunca se hubiese conocido cómo operan esas redes criminales corruptas, en el drenaje de los fondos públicos para el financiamiento político electoral y en beneficio personal de la élite política.
Aunque debe reconocerse que la trama de fondo de este caso deja todavía muchas interrogantes sobre las reales dinámicas políticas, judiciales y de otro tipo que llevaron a su judicialización, en la actualidad, sin la presentación del requerimiento fiscal del Ministerio Público en contra del juez Vallecillo, seguiríamos sospechando de las prácticas indebidas en el sistema judicial sin disponer de las evidencias necesarias.
Pero, en hechos concretos, ha ayudado a colocar en la superficie las denuncias sobre la corrupción sistémica que corroe al Poder Judicial hondureño, el que históricamente ha respondido a los intereses de pequeños grupos privilegiados. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), “la corrupción en el Poder Judicial puede ser entendida como la desviación de las funciones judiciales, por la autoridad judicial u otros operadores de justicia, para obtener un beneficio material o inmaterial, propio o para terceros” (CIDH, Corrupción y Derechos Humanos. Párrafo 294).
La extendida corrupción e impunidad en la administración de justicia
La administración de la justicia ha estado permanentemente cuestionada por la ciudadanía por su corrupción e impunidad a favor de los poderosos. Eso explica las masivas marchas de las antorchas del 2015, demandando la instalación de una misión internacional contra la corrupción.
Este reclamo ciudadano se reafirmó en la actuación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los casos de la MACCIH entre el 2018-2020, en los cuales, haciendo uso del procedimiento especial para el juzgamiento de altos funcionarios públicos (artículo 313 de la Constitución de la República) facilitó el sobreseimiento de los principales responsables de casos emblemáticos de corrupción pública (por ejemplo, el caso Pandora y Red de Diputados), mediante la recalificación de los hechos y delitos, interpretación arbitraria de las leyes, resoluciones judiciales insuficientemente motivadas. En general, este proceso especial implementado por la CSJ fue uno de los principales obstáculos para la acción penal de la MACCIH, dejando en evidencia la estructural y sistémica impunidad, favorecida por la falta de independencia institucional y funcional del poder judicial.
En esas circunstancias se asistió a la elección de una nueva Corte (16 de febrero de 2023), con una nueva norma jurídica, con auditoría social por parte de organizaciones ciudadanas, pero con los mismos pactos entre los partidos políticos representados en el Congreso Nacional.
El caso incoado contra el juez Vallecillo nos indica que después de más de un año de haber sido electa la máxima magistratura del país, poco ha cambiado en sus prácticas jurídicas. Por lo menos, dos elementos significativos han quedado al desnudo: el primero, la existencia de redes de tráfico de influencias y, el segundo, la contratación de jueces y funcionarios públicos en la total discrecionalidad de la presidencia del Poder Judicial.
Regresando a los casos de la MACCIH, el tráfico de influencias fue evidente en esos procesos judiciales mediante la coordinación y asocio de abogados privados, funcionarios judiciales y el liderazgo político tradicional, a plena luz del día, sin ningún asomo de vergüenza, en la operación de un sistema diseñado para la impunidad y negador del acceso a la justicia. Es por eso que, en el presente, la expectativa que se abre es si el Ministerio Público comenzará a actuar con una nueva política criminal y enfrentará a estas redes criminales.
Por otro lado, la instalación ampliamente postergada del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ha permitido la concentración de la función judicial (ejercer la acción de impartir justicia) y la función administrativa (nombramiento de personal y otras) en el máximo órgano judicial y particularmente en la presidencia, impidiendo avanzar en la indispensable independencia institucional y funcional de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre esto último, el más reciente informe sobre Honduras de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) indicaba con preocupación que “continúa pendiente la promulgación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales sobre independencia judicial, especialmente en relación con los procesos de nombramientos, el ascenso escalafonario, los traslados, los regímenes disciplinarios y la separación del cargo de juezas y jueces”. A pesar del nombramiento de una Comisión en el Congreso Nacional para la elaboración de esta norma jurídica, aún no se conoce de proyecto de ley alguno, y mucho menos se tiene noticias de su inclusión en la agenda legislativa.
Las urgentes y postergadas reformas y políticas
Para que el caso judicial, motivo de esta corta reflexión, no sea un escándalo pasajero más, se impone la necesidad de impulsar con decisión reformas y políticas para el funcionamiento transparente e independiente del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esto es más urgente, si asumimos que como país estamos atravesando un período de transición del autoritarismo a la democracia y de recuperación y transformación del Estado de derecho.
Las reformas referidas al Poder Judicial son una responsabilidad del Congreso Nacional, por su relevancia, son principalmente dos:
La primera, aprobar la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial consistente con los estándares internacionales de la independencia judicial y del debido proceso, que permitan la selección del personal judicial (jueces y demás funcionarios), con base en criterios de mérito e idoneidad, asegurando los principios de transparencia, auditoría social y máxima publicidad. Por esta vía, habría que esperar un desaliento y reducción de las redes indebidas del tráfico de influencias.
La segunda, derogar el numeral 2) del artículo constitucional 313 (“conocer los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los Diputados”). Esto permitiría reducir los niveles de impunidad del sistema judicial y una lucha más efectiva contra la macro corrupción que involucra a redes criminales público-privadas.
El nivel de políticas es privativo de las decisiones internas de la Corte Suprema y del Ministerio Público. A nivel de la Corte sería de esperar una restructuración interna, en la que se restablezca el circuito anticorrupción como legado de la MACCIH; el caso del juez Vallecillo ha dejado en evidencia como la reestructuración anterior que fusionó los tribunales anti corrupción, con criminalidad organizada y medio ambiente no ha sido la mejor determinación, pues deja abierto el espacio para las influencias indebidas, pero, sobre todo, no se prioriza la lucha frontal contra la corrupción.
Y a nivel del Ministerio Público, un avance significativo sería la definición de una nueva política criminal, porque la que caracterizó al anterior Ministerio Público fue la de perseguir a los y las defensoras del ambiente, la tierra y los territorios, permitir la impunidad de los actores vinculados a la narcoactividad y la gran corrupción.
En tal sentido, se esperaría que la nueva política criminal se enfoque en atacar las redes corruptas, asegurando su procesamiento y castigo, recuperando, de esta manera, la confianza de la ciudadanía en los administradores de la justicia.
Queremos creer que aún son posibles cambios sustantivos, por lo menos no perdemos la esperanza.