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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta en este documento los resultados obtenidos con la veeduría ciudadana que realizó al proceso de selección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP) de Honduras, para el período 2023-2028, desarrollado por la Junta Proponente.
Para el CESPAD, la documentación exhaustiva de los acontecimientos relacionados con este tipo de procesos de selección de altos funcionarios públicos es crucial para dejar un registro histórico riguroso, que permita reflexionar sobre la evolución de las decisiones y eventos clave para extraer lecciones aprendidas que abonen a futuros procesos similares.
Estos registros significan un recurso valioso para futuras discusiones y para la toma de decisiones informadas, que promuevan la mejora continua, con base en la aplicación de lo que sugieren los estándares internacionales.
Por eso, este informe plantea la documentación detallada de los aspectos relevantes que ocurrieron en el proceso en sí, pero también destaca reflexiones, preocupaciones y plantea sugerencias.
Reiteramos que, para contribuir a futuros procesos, se ponen en la mesa de discusión aspectos internos sobre la forma en cómo desarrolló la Junta Proponente la preselección de candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal adjunto.
En ese sentido, se destacan los logros, los aspectos positivos y las debilidades de la gestión llevada a cabo por esta entidad porque es fundamental examinar cualquier indicio de influencias políticas e intereses particulares que pudieron haber afectado o no, la selección de los postulantes. La documentación de los hechos, de forma transparente, es un paso fundamental hacia la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones públicas.
Este informe representa el compromiso del CESPAD, en la promoción de este tipo de ejercicios porque es fundamental asegurar la transparencia, la independencia y la idoneidad en los procesos de selección de altos funcionarios públicos.
No menos importante, este tipo de ejercicios (vigilancia ciudadana) significan un pilar fundamental para garantizar la elección de los altos funcionarios públicos que se encargarán de la administración de justicia, con independencia y compromiso con la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos ciudadanos.
