A menos de cuatro meses de las elecciones generales en Honduras, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó su informe “¿Legitimidad en juego? Desafíos y propuestas para las elecciones 2025 en Honduras”, en el que alerta sobre riesgos estructurales que amenazan la integridad del proceso electoral y formula un conjunto de recomendaciones técnicas y políticas para garantizar elecciones transparentes, seguras e inclusivas.
El documento, resultado de un seguimiento sistemático a la gestión electoral y al contexto político entre junio y agosto, sostiene que el avance del cronograma no se ha traducido en una mayor certidumbre democrática. Por el contrario, persisten vulnerabilidades críticas en la logística, la administración electoral y la fiscalización del financiamiento político, sumadas a un clima de polarización y violencia que erosiona la confianza ciudadana.
Desde el CESPAD se advierte que las debilidades técnicas y la ausencia de consensos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) están generando cuellos de botella que podrían impactar la transparencia y la eficiencia de la jornada electoral. La experiencia de las elecciones primarias dejó lecciones claras que, a juicio de la organización, aún no han sido corregidas.
El análisis identifica cuatro áreas críticas que requieren intervención inmediata:
- Logística y transporte del material electoral: el cronograma establece que la distribución de kits tecnológicos y maletas electorales se hará apenas diez días antes de las elecciones, un margen que exige una logística probada y controles de seguridad estrictos para evitar retrasos como los ocurridos en marzo.
- Capacitación electoral: urge que el modelo de formación de miembros de las Juntas Receptoras de Votos sea estandarizado, supervisado y calendarizado con suficiente antelación, evitando capacitaciones improvisadas y desiguales.
- Depuración y confianza en el padrón: la integridad del censo electoral debe ser verificada mediante auditorías técnicas independientes, especialmente para el padrón exterior, donde los retrasos y disputas han sido recurrentes.
- Fiscalización del financiamiento político: es imprescindible dotar de recursos y autonomía real a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización para que sus sanciones tengan carácter disuasorio y se cumplan los techos de gasto establecidos.
Las recomendaciones del informe apuntan a reforzar los mecanismos de transparencia, incluyendo la publicación proactiva de información sobre contrataciones y avances del cronograma, la instalación de auditorías externas a los sistemas tecnológicos, y la adopción de protocolos de seguridad que protejan tanto la integridad física del material electoral como la de los actores involucrados.
Según Osiris Payes, autora del informe: “Estamos ante un punto de inflexión. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas definirán si el 30 de noviembre será una jornada que fortalezca la democracia o una más en la lista de procesos cuestionados. La ciudadanía merece garantías plenas, no promesas”.
El CESPAD subraya que las elecciones no pueden depender únicamente de la voluntad política de los actores en contienda, sino de la existencia de reglas claras, instituciones sólidas y procedimientos verificables. El fortalecimiento de la logística, la capacitación y la fiscalización son, según el informe, las condiciones mínimas para asegurar que cada voto cuente y que el resultado sea legítimo.