Escrito por: Lucía Vijil Saybe
Parte 1 / 2
El cierre del año 2022 y el inicio del 2023 fueron períodos de consternación para los movimientos socio-territoriales, las comunidades que habitan los territorios en conflicto y diversos sectores de la sociedad civil. Los asesinatos de Mauricio Esquivel (21 de diciembre del 2022), Aly Domínguez y Jairo Bonilla (7 de enero del 2023), y José Omar Cruz y Andy Martínez (18 de enero del 2023) han aniquilado casi por completo la esperanza de un abordaje de la conflictividad de manera oportuna y con medidas eficaces e integrales.
En este escrito se pretende responder a las siguientes preguntas: ¿cómo se puede caracterizar la actual dinámica de conflictividad socioterritorial en Honduras? y, ¿qué elementos construyen la ética ambiental requerida para la transformación de esas conflictividades?
A manera de introducción
En Honduras, las olas extractivas que comienzan con el período colonial entre el siglo XV y el XVIII; la economía de enclave en los siglos XIX y mediados del XX, y que continúan con las políticas neoliberales de finales del siglo XX, más la agudización del extractivismo en el siglo XXI (con énfasis en los años posterior al Golpe de Estado del 2009) han marcado pautas interesantes en relación con la conformación de las élites económicas y políticas, las dinámicas de flujo de mercancía y trabajo, y el impacto ambiental en diferentes zonas del país.
Cada una de esas fases asiste a lo que Harvey (2004)[1] denomina “acumulación por desposesión”, que es el proceso caracterizado por generar nuevos desplazamientos y posicionamientos respecto al territorio y el medio ambiente para las comunidades. Agrega que esa desposesión asume diferentes formas de violencia en relación con el descarte de los saberes ancestrales, formas y métodos de cultivo; mecanismos de toma de decisión y formas de organización.
En ese escenario de apropiación, las grandes empresas transnacionales continúan supeditando al país a una economía primario-exportadora, contraproducente para el desarrollo de la sociedad hondureña. Por eso no resulta sorprendente la ebullición de las luchas ancestrales por la tierra, por el derecho a un relacionamiento integral con la naturaleza, el aseguramiento de entornos seguros para vivir y el reconocimiento del espacio para habitar un territorio con todas sus formas de organización.
Esa disputa, que también reside en ejercicios de resistencia territorial por parte de las comunidades, se da en el marco de una dinámica de conflictividad socioambiental (que se puede también aproximar a los conflictos agrarios), mediante la que Maristella Svampa (2011)[2] introduce dos elementos importantes para considerarse:
- a) Giro eco-territorial, es decir, las narrativas presentadas por los movimientos y comunidades que son de carácter ambiental, marcando un regreso al territorio.
- b) El papel de la ciudadanía y democracia y la forma en que se plantean directamente críticas a las formas de representación, a través de los sistemas formales de elección abogando por la transformación de los mecanismos de gestión del territorio.
El papel histórico del Estado en relación con cada una de las olas extractivas ha sido marcado por el uso de la institucionalidad para la promoción de leyes que habilitan la operación de las grandes empresas transnacionales, el desconocimiento de las formas de organización comunitarias y la promoción de la represión militar y policial a cualquier acción ciudadana que posicione demandas específicas en torno a sus derechos humanos.
¿Qué caracteriza a la actual dinámica de conflictividad socio-territorial en Honduras?
Una lectura muy general de la conflictividad requiere de una caracterización previa de los actores en disputa, pero también considerar:
a. una crisis climática que se traduce siempre en la vulneración de los sectores de la población más pobres
b. que en el contexto hay un gobierno de transición que acaba de cumplir su primer año de gestión y
c. que los ejercicios de resistencia territorial, con mayor frecuencia en el último año, han atendido a las demandas por el derecho a la tierra y protección de los bienes comunes de la naturaleza.
En ese sentido, se identifican 3 actores grandes en la dinámica de conflictividad:
A. El Gobierno de Honduras. Específicamente se identifica a las Secretarías de Defensa, Secretaría de Seguridad, Instituto Nacional Agrario y Secretaría de Derechos Humanos. Con el cambio de autoridades y con una base compleja de relaciones de poder institucionalizadas con las grandes empresas transnacionales, salir de esa lógica ha sido complejo para las autoridades del gobierno. A pesar de sus pronunciamientos públicos, las acciones efectivas no se han trasladado hacia la resolución de la conflictividad. De hecho, pareciera que el enfoque de los titulares de las diferentes instituciones deja entrever una falta de claridad en relación con la forma en cómo se dirigen y afrontan las disputas por los bienes comunes de la naturaleza.
Sobre este conflicto, algunas autoridades de este gobierno se han pronunciado de la siguiente forma:
“Ciertos grupos catalogados hasta de insurgentes, que parece que son residuales de los narcotraficantes o no sé qué, que se han tomado las bases campesinas de la reforma agraria, digamos Salamá, La Norteña, Aprobah, ahí tenemos este mes para tomar decisiones en este Gobierno y lo está exigiendo la empresa privada”[3]. Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA)
“Investigar a profundidad si el conflicto del Bajo Aguán es inminentemente agrario o si puede estar impregnado de casos de violaciones de derechos humanos. Las reuniones se realizarán en el despacho de Seguridad, donde trabajarán en tres ejes: uno es identificar violaciones de derechos humanos, en segundo lugar, garantizar la tenencia y seguridad jurídica de la tierra y en tercer punto judicializar los casos y realizar los respectivos desalojos de acuerdo con la ley”[4]. Ramón Sabillón, Ministro de Seguridad de Honduras
“Esta Secretaría de Estado, a través de la Dirección General del Sistema de Protección es la instancia que por mandato de Ley debe proteger y brindar medidas idóneas a defensoras y defensores de DDHH, las medidas dictaminadas cuyo cumplimiento corresponde a la Secretaría de Seguridad, han sido insuficientes, ineficaces y han fallado de forma frecuente, con el consecuente incremento del riesgo para sus beneficiarios”[5]. Natalie Roque, Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).
B. Empresa Privada. La narrativa instalada por este sector ha sido a favor de posicionar la invasión de tierra y los discursos que involucran a las empresas extractivas como la raíz del problema. Ese discurso toma fuerza cuando se coloca el tema del crecimiento económico a través de la generación de empleos y el discurso a favor de que no se pierda la inversión, colocando en primer nivel de relevancia a las relaciones económicas. Las élites económicas en Honduras continúan esperando la facilitación de sus operaciones para la acumulación de capital basados en su íntima relación con el Estado y en las garantías que les permiten (sin una supervisión efectiva) continuar violentando los derechos de las comunidades y de la naturaleza. Un claro ejemplo es el Caso Guapinol.
Al respecto, también algunos funcionarios del gobierno se han pronunciado:
“Cuando se dan las invasiones, las medidas deben ser firmes y esos problemas se deben resolver en los juzgados porque somos un país se supone civilizado”[6]. Fernando García, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
“Es una situación que se está yendo de las manos, ya el sector palmero está a punto de desaparecer debido a las invasiones y lo que preocupa, es que (…) las propiedades que invaden son las que ya están por vender su fruta”[7]. Olvin Mondragón, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
“Con la invasión de tierras pierde Honduras, pierde la empresa privada y los hondureños que generan empleo digno. Están jugando al gato y al ratón, no se sabe quién manda”[8]. Armando Urtecho, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
C. Movimientos Socioterritoriales. En su apuesta política continúan colocando en el debate la crisis civilizatoria manifiesta en las comunidades, al igual que el papel de las empresas en relación con el detrimento de la naturaleza, el tejido social y la violencia en sus territorios. Asimismo, las escaladas de violencia que han sido capaces de identificar como resultado de la corrupción extractiva, la impunidad y el abandono estatal. Con este contexto, los movimientos socioterritoriales se colocan como ese sujeto político, capaz de reivindicar el derecho por una vida digna y en armonía con la naturaleza.
Sobre el tema, desde estos sectores, algunos directivos de organizaciones vinculadas con la temática y crisis, afirman lo siguiente.
“La pregunta es: ¿El Estado garantiza los derechos humanos cuando no aplica sanciones a las empresas que contaminan?”[9]. Cristopher Castillo, Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH).
“Hemos tenido amenazas, estigmatización, persecución, fuimos objeto de una campaña por la ZEDE que nos califica de falsos, de estar contra el desarrollo, que somos antisistema, cuatreros y desestabilizadores”[10]. German Chrininos, Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA).
“Es un destierro que se basa en la depredación, que acapara territorios, saquea los bienes comunes y criminaliza las luchas de resistencia. Son proyectos mineros y petroleros, represas, expansión de monocultivos a gran escala, implementación de las ZEDE”[11]. Mirian Miranda, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
“Se nos dijo que en ocho días iba a haber un informe ya estas alturas no tenemos tal informe, ni sabemos que dice allí, pero sospechamos que mantenerlo oculto y no querernos dar la información representa que hay fuertes presiones que pesan más que el derecho a la existencia y al derecho al agua de las comunidades, así como la protección de un área que es un derecho para Honduras”[12]. Leonel George, Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Cada sector descrito, es parte de una configuración del poder real efectivo. Pero esas relaciones de poder están cruzadas por una dinámica monetaria, que ha sido devastadora y promotora de la conflictividad socio-territorial, sin encontrar, efectivamente, salidas integrales que permitan, por un lado, el control de las empresas y sus formas violentas de apropiación, así como el incentivo oportuno por la construcción de alternativas al desarrollo capaces de repensar transiciones a modelos económicos con menos cargas de desigualdad, racismo y machismo.
Algunas reflexiones
- En la dinámica de conflictividad son claros los intereses en disputas y los argumentos que sostienen los planteamientos. Por eso, en esa línea, siempre es importante identificar el origen y una revisión de las medidas implementadas. Por ejemplo, en el Valle del Aguán, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo, en el marco de un espacio de diálogo con el sector campesino, una de las medidas implementadas en el tema civil (titularidad de la tierra) fue la instalación de la Fuerza de Tarea Xatruch, es decir, una respuesta militar.
- En la lectura antropocéntrica de la dinámica del conflicto, existe una ausencia completa del abordaje de la crisis ecológica a la que se enfrenta el país y la región, y que se visibiliza cuando son respuestas únicamente pensadas en torno al humano, no como la restauración a la naturaleza, que permita explicar los límites de la coexistencia del humano con los ecosistemas.
- Hay un desafío persistente sobre las formas en las que se están estableciendo (o no) los diálogos entre las partes, en relación con la conflictividad. Mientras las medidas tomadas continúen pautándose a corto plazo, será imposible imaginar una transición más oportuna del actual modelo de acumulación capitalista.
En la segunda entrega de este tema se hará énfasis en la urgencia de esgrimir planteamientos que coadyuven a construir una ética ambiental, en el marco del abordaje de la conflictividad socioterritorial y los límites humanos en relación con el tema.
[1] Harvey, David. (2004), “El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión”. Disponible en: bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf
[2] Svampa, Maristella. 2011. Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro eco-territorial, La naturaleza Colonizada Héctor Alimonda (coord.), Buenos aires, Ediciones CICCUS-CLACSO, P. 181 – 215.
[3] Estrategia y Negocios. 2023. Gobierno de Honduras afina estrategia para solucionar invasiones de tierras. Disponible en: https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/gobierno-de-honduras-afina-estrategia-para-solucionar-invasiones-de-tierras-OL11834587
[4] El Heraldo. 2023. Gobierno asegura que respetará el derecho de la propiedad privada en Honduras. Disponible: https://www.elheraldo.hn/honduras/gobierno-asegura-respetara-derecho-propiedad-privada-honduras-BA9561737
[5] SEDH. 2023. Comunicado Urgente SEDH No. 2 -2023. Disponible: https://www.sedh.gob.hn/noticias3/1326-comunicado-urgente-sedh-no-2-2023
[6] Proceso Digital. 2023. Gobierno debe tomar medidas ante invasiones de tierra que ahuyentan inversión, reitera ANDI. Disponible en: https://proceso.hn/gobierno-debe-tomar-medidas-firmes-ante-invasiones-de-tierra-que-ahuyentan-inversion-reitera-andi/
[7] Proceso Digital. 2023. Invasiones en el agro mutan y agudizan la inseguridad. Disponible en: https://proceso.hn/invasiones-en-el-agro-mutan-y-agudizan-la-inseguridad/
[8] Proceso Digital. 2022. Invasión de tierras pone en riesgo 500 mil empleos, según el Cohep. Disponible en: https://proceso.hn/invasion-de-tierras-pone-en-riesgo-500-mil-empleos-segun-el-cohep/
[9] El Heraldo. 2023. Piden sanciones contra los que contaminan los ríos de la capital. Disponible: https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/piden-sanciones-contra-contaminan-rios-capital-IL11838257
[10] Conexihon. 2023. Defensores del ambiente desplazados silenciosamente por la industria extractiva en Honduras. Disponible en: http://conexihon.hn/2023/01/05/defensores-del-ambiente-desplazados-silenciosamente-por-la-industria-extractiva-en-honduras/
[11] ídem.
[12] Pasos de Animal Grande. 2022. A Lenir Pérez se le explayan las puertas de MiAmbiente y a las comunidades de Tocoa, Colón, les ponen candados para que no conozcan los resultados de inspección a la minera. Disponible en: https://pasosdeanimalgrande.com/pag/index.php/articulos/denuncia/124-a-lenir-perez-se-le-explayan-las-puertas-de-miambiente-y-a-las-comunidades-de-tocoa-colon-les-ponen-candados-para-que-no-conozcan-los-resultados-de-inspeccion-a-la-minera
