Escrito por Mirna Flores
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Introducción
La matanza en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en el Valle de Támara, Francisco Morazán (20 de junio), en la que perdieron la vida 46 mujeres (la mayoría integrantes de la pandilla MS-13 y otras que no pertenecían a ninguna pandilla), ha develado los altos niveles de descomposición e ingobernabilidad institucional, corroída por la corrupción y la complicidad con que funcionan los centros de privación de libertad en Honduras.
Hasta el momento, ni los militares o los miembros de la policía, instituciones que han tenido de manera alterna el manejo de las cárceles, han podido enfrentar la ingobernabilidad de estos centros, un problema que ha aumentado durante la última década, al calor del crecimiento vertiginoso de la población penitenciaria.
El asesinato de estas 46 mujeres es el hecho más violento y letal que se ha producido y registrado en la única cárcel femenina en Honduras, y ha puesto al desnudo los niveles en que han escalado los enfrentamientos entre las pandillas recluidas en las prisiones del país. Este hecho ha alarmado, particularmente porque en la cárcel de mujeres se registraban diferencias notables en comparación con las cárceles de hombres, por bajos niveles de conflictividad.
Sobre este suceso y durante el momento preciso, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, manifestó en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente:
“Conmocionada, monstruoso asesinato de mujeres en CEFAS, planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”.
La masacre, que ha causado el rechazo social por la crueldad e intensidad, como señaló Castro, se ejecutó a vista y paciencia de las autoridades responsables de garantizar la seguridad en los centros penales. Lo más lamentable es que las amenazas a este grupo de reclusas que perdieron la vida, de acuerdo con denuncias, era un hecho conocido y previsible, una situación que nos hace plantearnos algunos escenarios y las siguientes interrogantes:
- ¿por qué, ante un acto de violencia de tal magnitud (planeado, organizado, ejecutado y anticipado por las mujeres víctimas) no se tomaron las medidas para evitarlo?
- ¿cómo ingresaron las armas de fuego, las armas contundentes y los recipientes de gasolina dirigidos a las privadas de libertad?
- ¿el regreso de los militares y particularmente de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), resolverá el problema de ingobernabilidad, corrupción y enfrentamientos entre maras y pandillas en las prisiones?
- ¿con la bukelización de las cárceles y el traspaso de su manejo y administración a la policía militar, incrementarán las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad?
Pero el contexto de inseguridad ha acarreado otros hechos de violencia que se han producido casi simultáneamente a la masacre en la cárcel de mujeres de Támara, que es necesario citar: al menos 8 sicarios asesinaron a la Erika Bandy y dos de sus guardias de seguridad. Bandy era la esposa de Nery López, un reo que se hacía llamar Magdaleno Meza y quien era un presunto narcotraficante que fue asesinado en una cárcel de máxima seguridad en Honduras (2019), a quien, además, se le relacionaba con el juicio de Tony Hernández y el de su hermano, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, popularmente conocido como JOH. A estos crímenes se suma, solo en el mes de junio, el asesinato de 13 personas (sábado 24) en un billar en Choloma, Cortés, donde se celebraba un cumpleaños. Un grupo de hombres entró al lugar y abrió fuego contra todos los invitados. A este brutal ataque se adicionó la muerte 8 personas más, en diferentes lugares del país.
