Escrito por Gustavo Irías
El 1 de septiembre, Honduras ingresó en la fase final del proceso hacia las elecciones generales. Según la Ley Electoral de Honduras, Título VIII, este el momento para “promocionar y ejercer influencia en la opinión y en la conducta de los ciudadanos para inducir o solicitar el voto a favor de determinados candidatos de los movimientos y candidatos de los partidos políticos, alianzas de partidos políticos y candidaturas independientes, según sea el caso”.
Pero, ¿cuál es la disputa central en esta fase final? ¿qué intereses están en juego? ¿cuáles serán algunas características sobresalientes?
En realidad, todos los partidos políticos iniciaron su campaña electoral prematuramente. Prácticamente, el país ha estado en campaña desde hace más de dos años, mucho antes de la celebración de las elecciones primarias. Por eso, lo que establece la ley electoral, respecto al inicio de campaña es puro formalismo.
A lo largo de su historia, Honduras ha experimentado procesos electorales complejos, caracterizados por avances y desafíos que no han permitido la consolidación de las instituciones democráticas, la participación ciudadana y la transparencia electoral. Pero, las elecciones actuales son las más complicadas debido a los altos grados de polarización política-ideológica y a una especial crisis de la institucionalidad electoral. Aunque se han logrado acuerdos en algunos aspectos espinosos, como el sistema de transmisión de resultados (TREP), persisten riesgos que podría poner en peligro nuevamente el funcionamiento del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las principales fuerzas en contienda son los tres partidos predominantes, más conocidos como el “tripartidismo”: el Partido Liberal (PL), el Partido Nacional (PN) y Libertad y Refundación (LIBRE). Además, participan dos partidos menores con larga trayectoria en el sistema político: la Democracia Cristiana (DC) y el PINU Social Demócrata.
Las narrativas de la confrontación son principalmente dos:
- La primera, enarbolada por el partido de gobierno (LIBRE), que aboga por la refundación y el Socialismo Democrático, ofreciendo cambios políticos, sociales y culturales, además de defender la continuidad de la actual gestión gubernamental, retomando temas como la Ley de Justicia Tributaria, que resulta incómoda para los grandes gremios empresariales.
- La segunda, centrada en la defensa del orden social tradicional y de los privilegios de la élite económica. Esta postura sostiene la vigencia del mercado, la inversión privada y extranjera, y advierte que Honduras se encamina hacia un comunismo similar al de “Cuba, Nicaragua o Venezuela”.
Es una confrontación al estilo “guerra fría” en un falso dilema entre comunismo y anti-comunismo que, en clave democrática, complica la búsqueda de salidas viables a las múltiples crisis estructurales que afronta Honduras.
En este escenario, la ciudadanía se encuentra atrapada entre dos opciones: apoyar el socialismo bolivariano o respaldar tendencias de derecha y ultraderecha, próximas a los liderazgos de Trump, Bukele, Milei o Bolsonaro. A menos que los partidos pequeños, especialmente el PINU-S, logren encantar y movilizar a un electorado cansado por la polarización y las prácticas y cultura política tradicional del tripartidismo.
A pesar del cambio de gobierno en enero del 2022 y las altas expectativas de transformaciones profundas, el país continúa afectado por los históricos problemas como la pobreza, las desigualdades de diversa naturaleza, las limitadas oportunidades de empleo, la militarización y los graves problemas agrarios y socio ambientales sin resolver. Además, persisten problemas urgentes como la deficiente gerencia del sistema de salud y educación, el débil Estado de derecho y la falta de independencia del sistema de justicia para enfrentar las enormes deudas de impunidad sistémica y estructural.
Al respecto, un debate abierto en la campaña electoral gira en torno a si el gobierno de la Refundación ha logrado implementar un primer piso de transformaciones económicas, sociales y culturales. Es decir, cuáles son las reformas sustantivas que se han concretado en la presente administración. Este será un reto que tendrá que afrontar el partido de gobierno en los próximos meses y para ello necesitará de evidencias contundentes que permitan convencer a un electorado indeciso o escéptico.
Por otra parte, sigue vigente en un sector apreciable del electorado la herencia nefasta del narco gobierno de Juan Orlando Hernández. Es poco probable que el electorado que votó en contra del Partido Nacional en noviembre del 2021, se incline a su favor en las elecciones de noviembre de 2025. Aunque los casos de macro corrupción continúan siendo investigados en el sistema de justicia hondureño, significan apenas la punta del iceberg, y en el sistema de justicia estadounidense también prosiguen las investigaciones relacionadas con delitos de lavado de dinero (el último fue el referido a la Tasa de Seguridad) y otros vinculados a la criminalidad transnacional.
Finalmente, en las elecciones de noviembre se juega una disputa que no es tan visible en el debate público: el mantenimiento o reconfiguración del sistema de partidos políticos. Estas elecciones dirán si se consolida el actual multipartidismo limitado y polarizado (restringido a los tres grandes partidos), o si surge un nuevo bipartidismo (a partir de los tres grandes partidos). La opción menos probable sería el posicionamiento y victoria electoral de una fuerza política de centro que trastoque la actual configuración política.
La polarización ha llegado al punto en que cada una de las fuerzas en pugna están buscando asegurar apoyos en diversos ámbitos: sociales, políticos, religiosos, institucionales e incluso militares (esto último, en referencia a la disputa por el apoyo de la institución armada).
En este contexto, es importante destacar dos eventos de la coyuntura, el primero, la caminata de las iglesias por la paz y la democracia y, el segundo, la manifestación de LIBRE del 30 de agosto.
La caminata de las iglesias por la paz y la democracia
Desde mediados de julio, con la crisis que padeció la institucionalidad electoral como telón de fondo, las iglesias católica y evangélica comenzaron la organización de una caminata o marcha a nivel nacional. Un hecho histórico inédito es que por primera vez ambas congregaciones religiosas se unieron en un evento de esta naturaleza. A pesar de las reiteradas declaraciones de algunos de sus organizadores, afirmando que se trataba de una acción de carácter apolítico, en el contexto en que se desarrolló y con los actores convocantes y participantes, este acto ciertamente representó la primera manifestación significativa de oposición política de cara a la fase final de las elecciones.
Algunos sectores intentaron desnaturalizar la acción de las iglesias, argumentando que el carácter laico del Estado excluye a las iglesias de que participen en política. Sin embargo, desde una perspectiva sociológica, con enfoques muy diversos (Durkheim, Max Weber, Marx y Robert Bellah) se reconoce que las iglesias desempeñan un rol político activo en las sociedades, ya sea como promotores de cambios sociales o de defensa del orden establecido. Para el caso, en la historia de Honduras, la iglesia católica ha sido un actor creíble en la investigación de hechos deleznables como el soborno bananero a Osvaldo López Arellano y la masacre de los Horcones, mediando en la crisis política de 1985, promoviendo la organización campesina y la lucha por la reforma agraria en los años 70, guardando silencio (por lo menos su cúpula) durante la terrible implementación de la estrategia de la Seguridad Nacional en los 80, y apoyando el golpe de Estado de 2009.
De manera complementaria a esta mirada, Engels López señala que como instituciones fracturadas políticamente “las iglesias, así como movilizan demandas de transformación (a niveles locales), sus principales liderazgos son allegados al bipartidismo y a los grupos económicos tradicionales. Esta proximidad de las cúpulas religiosas (ocupando puestos claves en los gobiernos y en la administración pública), ha generado un proceso atomizador motivado por las fracturas culturales de la iglesia y por la irrupción de nuevas subjetivistas religiosas en la feligresía que contradicen la narrativa hegemónica de las cúpulas religiosas”.
La caminata del 16 de agosto se realizó con enorme éxito por la multitud convocada; según algunos medios de comunicación miles de personas se reunieron en aproximadamente 50 ciudades del país. Ahora bien, si se considera el carácter fracturado de las iglesias se debe admitir que hubo una participación políticamente diversa en esta caminata. No obstante, este hecho político promovido desde las cúpulas de las iglesias y sus aliados más cercanos (partidos tradicionales, sectores empresariales y otros) constituyó un primer ensayo general en la conformación de un amplio frente político opositor. Este es un tema que marcará el debate interno de los próximos meses entre las fuerzas de oposición, que podría desembocar en una alianza electoral o, por el contrario, profundizar las diferencias existentes entre las diferentes facciones de los partidos tradicionales.
La movilización de LIBRE
El Partido LIBRE arrancó su campaña final el 30 de agosto, con una manifestación convocada en San Pedro Sula. Este evento tiene un simbolismo particular para este partido porque en las elecciones primarias, tanto en el departamento de Cortés y en la ciudad de San Pedro Sula, obtuvo una baja votación y fue ampliamente superado por el Partido Liberal.
Cortés y San Pedro Sula representan plazas relevantes en la contienda electoral, al grado que, si no se logra una cuota aceptable de votos, el resultado puede convertirse en uno de los factores principales de derrota. Sin embargo, los votantes de las primarias apenas representaron el 30% de la carga electoral del departamento. En otras palabras, esto indica que aún existe un numeroso electorado por conquistar.
En cuanto a los partidos mayores, resulta difícil determinar su fuerza electoral sólo a partir de una manifestación. En términos generales, fue una concentración masiva de simpatizantes. Pero, esto fue resultado de un esfuerzo partidario a nivel nacional, con participación de personas provenientes de los diferentes puntos del país, aprovechando la ventaja de la disponibilidad de los recursos del Estado, como estilan los partidos en el ejercicio de gobierno en Honduras.
Como primera manifestación de la campaña final, era de esperarse que la candidata Rixi Moncada presentara sus propuestas de gobierno. No obstante, su discurso se concentró en destacar los logros del actual gobierno en materia de infraestructura vial, educación, salud, agricultura y otros rubros que han recibido inversión pública. También enfatizó la defensa y recuperación de lo público. Como propuesta particular destacó su compromiso por una lucha radical contra la corrupción pública-privada. Por otra parte, se posicionó en contra de los golpistas y la élite, afirmando que “Honduras está en resistencia y revolución”.
Parece que esa será la tónica de la campaña electoral de LIBRE: una estrategia centrada en defender los que considera logros de la actual administración, probablemente con poca autocrítica sobre los pendientes del Programa del Bicentenario, una oferta limitada de nuevas propuestas y una retórica de confrontación con la élite tradicional.
Discusión final
El CNE resolvió por unanimidad los lineamientos para la divulgación de los resultados preliminares (TREP), y logró el consenso para contratar la empresa que se hará cargo de instalar e implementar este sistema (GRUPO ASD S.A.S), dejando fuera a la controvertida empresa SMARTMATIC. Esta situación permite avanzar hacia las elecciones generales sin generar nuevas controversias sobre este tema. Sin embargo, aún persisten riesgos en otros ámbitos de la mecánica electoral.
La intensa confrontación inter partidaria continuará marcando el desarrollo del proceso, en un discurso que recuerda una especie de guerra fría. Los tres partidos mayores -Partido Liberal, Partido Nacional y LIBRE- se proyectan como las opciones predominantes. Sin embargo, si el electorado, cansado de la polarización, optara por una opción de centro como el PINU-S (como ya ocurrió en las recientes elecciones de Bolivia), el escenario se podría alterar.
El piso de respaldo electoral del tripartidismo son los resultados de las elecciones primarias. Sin embargo, los resultados de las primarias no son suficientes, la peculiaridad del sistema político caracterizado por la alta volatilidad del voto exige que todos los contendientes vayan a la conquista del votante independiente y de los nuevos votantes jóvenes. Son estos los que definirán los resultados finales. También serán determinantes las alianzas que logren pactar: LIBRE continúa apostando por conquistar nuevos sectores del Partido Liberal, por cierto, un partido muy fraccionado internamente. La candidatura de Nasralla y del Partido Nacional se enfrentan al desafío de continuar de forma independiente o pactar una alianza de hecho.
En esta recta final, también destacan como desafíos importantes: el riesgo de violencia política alimentada por discursos de odio, la desinformación en redes sociales, la necesidad de una gestión eficiente de la institucionalidad electoral para garantizar elecciones transparentes y legítimas, y la aceptación de los resultados por parte de ganadores y perdedores, evitando impugnaciones y conflictos posteriores.
Así ingresamos a la fase final decisiva del proceso electoral, en un contexto marcado por estas complejidades y desafíos.