Escrito por Rubén Escobar
Tras el fraude electoral que aconteció en el 2017, que permitió la reelección de Juan Orlando Hernández, Honduras se enfrentó a un caos social que generó múltiples protestas simultáneas en diversos pueblos y ciudades del país. El primero de diciembre de 2017, en el sector López Arellano de Choloma, en una de esas manifestaciones, cinco ciudadanos perdieron la vida a manos de un contingente de 172 militares que estaba al mando del coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez. Además, un número indeterminado de personas resultaron heridas. Luego de ese hecho, los uniformados procedieron a recoger los casquillos y a ocultar con tierra la sangre de las víctimas, en un intento para borrar cualquier pista.
Seis años y diez meses después, el Ministerio Público interpuso un requerimiento contra Ponce Martínez, que fue resuelto favorablemente para el oficial, a quien solo se le mantuvieron los cargos “bagatela”. Pero el anterior es apenas un caso. Diversos organismos nacionales e internacionales reportan entre 23 y 38 muertes de personas, que dejó la crisis política de 2017, muchas a manos de militares. Hasta la fecha, todas en impunidad.
Un poder por encima de la justicia
El caso de Ponce Martínez es descrito en el informe “La eliminación de la función política de los militares hondureños y la sanción por las violaciones a derechos humanos”, preparado por la doctora en Sociología, Mirna Flores y publicado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
El informe enfatiza que la impunidad militar se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas por falta de castigo a los abusos y violaciones a los derechos humanos en los años 80s, tras el golpe de Estado de 2009, y por el conflicto postelectoral del 2017. Además, la cúpula militar salió indemne hasta ahora, pese a los señalamientos de ser cómplice de un Estado capturado por el narcotráfico y respaldar el poder autocrático del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien recibirá sentencia en el mes de junio en Nueva York.
Con la “cúpula militar que él (Hernández) nombró se garantizó el manejo de las instituciones del Estado e hizo posible su reelección ilegal, yendo contra la Constitución de la República”, refirió Flores en un diálogo con el CESPAD.
Para la socióloga, en todo este proceso de impunidad “quien más ha fallado es el sistema de justicia”, pues tras más de 40 años de una guerra contra el pueblo -a veces sutil, a veces abierta-, que continúa sin que se llegue a la verdad, sin sancionar, y sin garantizar los derechos de las personas que fueron violentadas y asesinadas.
Justicia para sanar
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, es del criterio que se necesita un “proceso de justicia transicional”, es decir, tras la grave crisis de los 80, 2009 y 2017 es necesario un periodo en que los militares rindan cuentas de sus acciones y salden las deudas pendientes con la sociedad. Solo así podremos avanzar hacia una siguiente etapa de desarrollo.
En esos periodos “se rompió el tejido social”, lo que hace necesario una justicia retributiva que investigue, judicialice y sancione a quienes cometieron esos crímenes del pasado reciente; y una justicia restaurativa, que repare a las víctimas y a la sociedad. “Mientras no avancemos hacia allá, vamos a tener esa herida abierta y manifestaciones de crisis”, señaló Mejía, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).
A Mejía le parece inconcebible que se les sigan brindando funciones de seguridad ciudadana a los militares, pese a que no son capaces de cumplir una de sus funciones constitucionales, la de cuidar las fronteras, que desde hace décadas están siendo permeadas por el narcotráfico, “con su complicidad o incompetencia”. A esto se agrega la no rendición de cuentas que caracteriza a sus actuaciones.
La socióloga Flores sostiene que se debe comenzar por abrir el debate para revisar la Constitución de la República y promover las reformas necesarias que retiren a los militares las asignaciones de intervención en la política, del papel de “garantes de la democracia”, de los procesos eleccionarios y de la alternabilidad del poder.
“Es un debate que no se ha abierto ni se quiere abrir, es más, es un tema intocable. Solo hay que ver lo que le dijeron al diputado Ramón Barrios. El espacio está cerrado”, señaló, en relación con la propuesta de este congresista de reformar el artículo 272 constitucional, para retirar a las Fuerzas Armadas la facultad de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.
La iniciativa provocó reacciones adversas, tanto en su partido, Libertad y Refundación (Libre), como en la oposición y en sus medios de comunicación afines, por lo que no volvió a discutirse.
Garantes de la alternabilidad en el poder gracias a los políticos
El 11 de febrero próximo las Fuerzas Armadas cumplirán 200 años de fundación. Su historia está firmemente vinculada con la política y el poder. Para mantener su vigencia, han sido partícipes de actos criminales y de guerra contra el pueblo, como la revolución de 1924; la masacre de garífunas en San Juan, Tela, en 1937; la matanza del 6 de julio de 1944 en San Pedro Sula y la desaparición de al menos 184 personas (estudiantes, campesinos, sacerdotes, líderes sindicales) durante la guerra fría en los años 80. Además, fueron protagonistas de sendos golpes de Estado en 1956, 1963, 1972, 1978 y 2009, que reconfiguraron las estructuras de poder a favor de las oligarquías predominantes y corporaciones estadounidenses.
En 1981 inició una etapa de transición hacia gobiernos civiles, pero los militares garantizaron sus espacios de poder a través de la Constitución de la República, como guardianes de la democracia, responsables de resguardar la alternabilidad en el poder y “se abrió una ventana” para intervenir en asuntos de seguridad cuando las circunstancias lo requieran, explicó Flores.
Detrás de estas decisiones están muchos personajes políticos que “mantienen el poder de los militares” señala, porque tienen una idea constante de que les conviene tenerlos a su lado para evitar un golpe de Estado.
El informe de Flores establece que “En una democracia sin tutelas de poderes fácticos, asegurar el imperio de la Constitución y la alternabilidad en la presidencia es una responsabilidad del Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia), y el libre ejercicio del sufragio es una facultad indelegable de un Tribunal Supremo Electoral (en nuestro caso, del Consejo Nacional Electoral)”.
El director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), José Javier Acevedo, señala que el punto más bajo de control militar en la historia se vivió durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, cuando el servicio militar dejó de ser obligatorio. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó una estrategia muy exitosa de “repotenciamiento que avanzó mucho en el gobierno de Callejas” y siguió creciendo en los gobiernos subsiguientes, de “mano dura”, cuestiona.
Esta situación se reflejó en la ocupación de los espacios civiles, como la defensa del bosque, la asistencia en situaciones de desastre, la lucha contra el narcotráfico, la administración de las cárceles y, por supuesto, en la seguridad ciudadana. Aparejado a lo anterior, se aprobaron fuertes ampliaciones del presupuesto, procesos de capacitación de sus miembros e intervención en toda clase de temas.
“Eso los recolocó como grandes tomadores de decisiones en el país”, dice Acevedo, quien enfatiza que la expectativa histórica es que en algún momento los militares dejen de tener la potestad de garantes de la alternabilidad del poder, porque con ello “superan a cualquiera autoridad electa por el pueblo. Es necesario revertir esa situación”.
Sin embargo, Acevedo coincide con Flores en que actualmente no existen las condiciones adecuadas para provocar esa reversión de poder, en parte debido a la distribución de cuotas políticas que existe en el Congreso Nacional, ente en el cual el partido Libertad y Refundación no alcanza la mayoría simple. También por las luchas internas dentro del mismo partido en el gobierno, en el que suelen haber cuestionamientos a las decisiones de las cúpulas.
Eso “no les permite amalgamar una fuerza lo suficientemente estable y poderosa para tomar decisiones autónomas en ningún sentido”.
Según los analistas, eso conlleva que, a corto plazo, los militares permanezcan impunes, sosteniendo su poder político e influencia en temas de seguridad ciudadana.
