Minera en Sapadril: devastación y violencia anunciada

• Luego de la visita de la Comisión Interinstitucional, COPECO informó sobre daños ambientales. En el apartado sobre explosivos indica que la empresa utiliza Anfo Agente de voladura a base de nitrato de amonio tipo prill, mezclado con combustible. “Una vez detonado el explosivo, se genera una gran concentración de gases nitrosos, considerados como tóxicos y que terminan afectando la calidad del aire”. El uso del ANFO en campos abiertos, produce material particulado, el que se considera uno de los contaminantes atmosféricos con impactos en vegetación, materiales y la humanidad. Asimismo, los hallazgos de la inspección se resumen en: i) la cantera no cuenta con perímetros que delimiten sus instalaciones y las viviendas se encuentran cerca del plantel, ii) las lagunas de sedimentación no son impermeables y habilitan en tiempos de lluvia la contaminación directa al Río Sapadril, iii) por el uso de dinamita, existe daños a las viviendas, iv) plantel sin señalamiento y v) contaminación acústica. (Foto 2 y 3 en Anexos. COPECO. Informe Técnico de Evaluación de Daños. 5 de junio del 2024).
• El informe técnico de la SERNA, luego de la visita de la Comisión Interinstitucional, indica en sus hallazgos que las 31 medidas consideradas para el proyecto y su funcionalidad, no son efectivas para cumplir con el objetivo de preservar, restaurar y conservar los recursos naturales. En el punto 9, la empresa afirma que “no hay especies de interés en la zona que tengan que tomar en cuenta para su protección”. Un punto importante son los deslizamientos de tierra y la contaminación visual que implica la remoción de especies. Algunas personas de la comunidad han documentado videos específicos sobre desplazamiento de especies, monos alejados de sus entornos y deambulando luego de las grandes explosiones con dinamita[1]. (Foto 4 en Anexos. SERNA. Memorando No. DGRH-167-2024. Informe técnico sobre opinión técnica a solicitud de apoyo a SINEIA del expediente 06-C-2009 Cantera Sapadril. 30 de mayo del 2024).
• La Secretaría de Salud entregó un informe sobre el estado de salud de los habitantes de las comunidades aledañas a la concesión minera (Oficio No. 963-UVS-2024). Se visitó un total de 177 viviendas y en las que habitaban 831 personas. Los resultados relevantes son: i) en la visita se identificaron afecciones dermatológicas (181 personas) como dermatitis y respiratorias (174 personas) relacionadas con resfriados, asma y bronquitis, ii) se identificaron afecciones auditivas (hipoacusia y otitis en relevancia) y trastornos mentales (ansiedad, nerviosismo y depresión) y, iii) el 75.7% de las viviendas presentaron fisuras por explosión. Las observaciones finales de la Secretaría de Salud presentan la relación entre el polvo generado con la mina y las enfermedades respiratorias presentes en las personas, los ruidos originados por la empresa están relacionados con las enfermedades auditivas, los trastornos mentales son desencadenados por ruidos, explosiones y movimientos de maquinaria. De hecho: “la ubicación de la mina es una extensión del área urbana de Puerto Cortés, por lo que es incompatible con la salud pública de las comunidades”. Y, de acuerdo, a los artículos 54 y 55 del reglamento de Salud Ambiental, “se concluye que la mina no debe operar en el lugar donde está ubicada actualmente”. (Foto 5 en Anexos. Fuente: SESAL. Oficio No. 963-UVS-2024. Evaluación del Estado de Salud en habitantes de las comunidades aledañas a la concesión minera Sapadril – Agrecasa. 3 de junio del 2024).
• Luego de los distintos informes presentados por la intitucionalidad, mediante resolución No. 151/2024 se declaró procedente la suspensión de las actividades mineras el 9 de mayo del 2024. Sin embargo, El INHGEOMIN a través de la resolución SG-262/2024 se pronunció sobre un recurso de reposición interpuesto por AGRECASA a dicha suspensión de actividades, en el cual la empresa solicitó autorización carácter urgente para el acarreo y posterior exportación de material de piedra triturada que se encuentra en el plantel de la empresa a fin de evitar que por las lluvias se pueda generar escorrentías que lleguen a los afluentes de agua cercanos a la carretera Sapadril. La autoridad minera indica que AGRECASA presentará un plan de remediación “donde se incluya mejoras en temas de drenaje superficial, cunetas e infraestructura receptora adecuadas, controles de niveles y excedencias ante eventos hidrometeorológicos de altas precipitaciones no esperados, alturas máximas, protección de taludes, impermeabilización mediante geomembranas de acuerdo a estándares de los depósitos de colas, procedimientos de Monitoreo continuo a nivel superficial y uso de piezómetros (subterráneo) en los niveles de la laguna de lodos y controles de contaminantes, instrumentaciones a incorporar como inclinómetros y proyecciones de su vida útil, estructuras que eviten la formación de cárcavas, mejorar la capacidad en contener la generación de agua con finos”.

Asimismo, indica que: “El plan de remediación de los cuerpos de agua, ríos Sapadril, Río Brisas del Mar y Río Medina presentados por AGRECASA, representan un punto de partida, sin embargo, es necesario, a partir de los puntos presentados, considerar el impacto de la remoción de sedimentos en la dinámica fluvial y estabilidad en los bordes del río. Así mismo, el lavado a presión no garantiza la remoción de concentración de metales pesados como el Manganeso y Calcio”. A pesar de esos dos argumentos y que los planes de remediación con están presentados en su totalidad, INHGEOMIN autoriza a AGRECASA, para el acarreo y posterior exportación de material de piedra triturada que se encuentra en el plantel.

En ese contexto, luego de la suspensión de la concesión minera por los daños constatados en los informes enunciados previamente, el vencimiento de la contrata de aguas y el incumplimiento por parte de AGRECASA, en relación con la contaminación ambiental generada, entre 2010 y 2024 se registraron varias manifestaciones públicas y tomas de carretera relacionadas con este conflicto.

En mayo de 2024, las comunidades bloquearon la carretera hacia Puerto Cortés, exigiendo la suspensión de las actividades mineras de AGRECASA, debido a la contaminación y daños ambientales. La protesta fue reprimida violentamente por la policía, con varios manifestantes heridos[2]. También, en julio de 2024, los pobladores bloquearon nuevamente la carretera que conecta Puerto Cortés con San Pedro Sula, exigiendo el cierre definitivo de AGRECASA debido a los daños que la minería causaba en la flora y fauna de la región[3].

A lo largo de los años, las demandas de las comunidades que han participado en manifestaciones contra la empresa AGRECASA en Puerto Cortés, han girado principalmente en torno a problemas ambientales, económicos y sociales. Han sido enfáticos en temas de salud, y lo que está generando en términos de afectaciones en la piel, picazón al contacto con el agua y la contaminación sonora.

Algunas de las demandas más recurrentes incluyen:

1. Cierre definitivo de la mina AGRECASA. Las comunidades locales han acusado a la empresa de causar daños irreversibles a la flora, fauna y cuerpos de agua de la región, como los ríos y la reserva Sapadril.
2. Los manifestantes han reclamado la restauración de los ecosistemas afectados por la actividad minera, exigiendo que la empresa repare los daños ambientales y detenga la deforestación que ha alterado los recursos naturales esenciales para la subsistencia de las comunidades.
3. Las comunidades también han pedido al gobierno hondureño que intervenga y regule de manera más estricta las concesiones mineras, señalando la inacción de las autoridades ante los impactos ambientales y sociales que ha causado la minería. Asimismo, de la responsabilidad de la Alcaldía de Puerto Cortés en el entramado para habilitar la operación de la minera.
4. Las comunidades han denunciado la intromisión de la Cámara de Comercio como “mediador” en el marco del conflicto. Es decir, AGRECASA en conjunto con volqueteros y otros actores, han presionado a la Municipalidad de Cortés para continuar con la extracción de material y así cumplir las medidas de mitigación en la propia zona de concesión.

Estas demandas muestran la tensión entre los escenarios extractivos que han instalado narrativas de “desarrollo” y lo que representa realmente para las comunidades. De hecho, este caso en concreto, es la manifestación cruda de la continuidad de la “consolidación y expansión del modo de producción capitalista que, durante los siglos XVII y XVIII, comenzó a conducir las prácticas extractivas hacia la explotación de recursos naturales con fines comerciales y, posteriormente, de exportación. Es decir, el análisis se centra en el paulatino abordaje que las reglas del mercado capitalistas impusieron sobre los modelos de explotación de los recursos naturales”[4].

Centraremos este análisis utilizando las categorías planteadas por Eduardo Gudynas[5] sobre las aproximaciones del extractivismo en su modalidad global. El autor indica que el extractivismo implica: a) un alto impacto ambiental (minería a cielo abierto, ganadería, represas o agroindustria), b) volumen de extracción (mochila ecológica) y c) intensidad de la extracción (ecotoxicidad, uso irracional de agua y energía).

Sobre el impacto ambiental, los informes técnicos presentados entre los meses de mayo y julio el 2024, han constatado la afectación a grandes áreas de bosque (deforestación), desplazamiento de especies a otras zonas, exposición de partículas contaminantes en el aire y fuentes de agua que son interceptadas para uso de la AGRECASA. El volumen de extracción está íntimamente relacionado con el número de horas de trabajo y que la concesión estaba otorgada de forma indefinida y sobre la intensidad de la extracción, es lo referido al uso de otros bienes comunes (como el agua) en grandes proporciones para asegurar la explotación de la mina.