Por: René Estrada, periodista del CESPAD
7 de cada 10 municipios en Honduras tienen, al menos, un territorio concesionado para la instalación de proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos, monocultivos o agrarios, entre otros. Se trata de proyectos cuyo auge comenzó en la década del 2000 y que se instalaron en Honduras sobre el ideal de generar desarrollo. De allí la pertinencia de la interrogante ¿han contribuido al progreso de las comunidades donde están instalados?
Dentro de las empresas extractivas, las mineras e hidroeléctricas son las más conocidas en el país, probablemente por los conflictos socio-territoriales que han generado en diversas regiones. Los proyectos extractivos no son una novedad en Honduras, pero, sin duda alguna, su negociación, instalación e impacto en las comunidades han sido invisibilizados.
Los índices de pobreza indican que el 60% de la población hondureña ha vivido sin las condiciones mínimas básicas, durante la última década, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De igual forma, el desempleo y el subempleo se han mantenido como un problema mayúsculo. Pero, pese a ese escenario, los empresarios y los políticos continúan afirmando en su discurso que las empresas extractivas traen progreso para las comunidades y desarrollo para el país.
El discurso de siempre
El discurso político de las últimas tres administraciones de gobierno, que correspondieron al Partido Nacional, fue siempre a favor de la “inversión extranjera”, promocionando la concesión del territorio nacional, incluso, en eventos internacionales. En el discurso que brindó el ex presidente Juan Orlando Hernández, ante la asamblea general de las Naciones Unidas en el 2014, promovió las reformas a la Constitución de la República para la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), porque serían “unas de las mejores plataformas en el mundo para inversión y empleo”.
De igual forma, su antecesor, Porfirio Lobo Sosa, impulsó una iniciativa similar denominada “Honduras Is Open for Business” que, de acuerdo con los registros de periódicos locales, no funcionó pues las inversiones de capital extranjero y nacional se paralizaron debido a las constantes invasiones de tierras en el Bajo Aguán y en otros sectores del país.
Pero, indistintamente del por qué en Honduras no hubo una masiva inversión, las concesiones territoriales y de ríos continuaron otorgándose a empresas que se han instalado sin contar con la aprobación de las comunidades.
Guapinol y el inicio de su conflicto
Guapinol comienza a hacerse visible en el mapa sociopolítico de Honduras, en el año 2012. Ese año, mediante decreto No 127-2012, se declaró como área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras y, por lo tanto, se prohibió realizar actividades mineras, tomando en cuenta que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.
Pero, en el 2013, el Congreso Nacional reformó, de manera irregular, el decreto No 127-2012, con la finalidad de reducir la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera, de 24,223.7 hectáreas a 24,006.36. La reducción fue de 217.34 hectáreas que coincidieron, sorprendentemente, con la ubicación de las dos concesiones mineras otorgadasa la empresa “Inversiones Los Pinares”. Para más información de contexto sobre este caso, en el 2019, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), realizó un informe intitulado: En el caso de Guapinol y San Pedro: ¿Funciona el Mecanismo de Protección de DDHH, salvaguarda la vida de las y los defensores de la tierra, bosque y ríos? Junio 2019.
A partir de esas reformas, los problemas arrecieron en esa región del departamento de Colón. En la actualidad, las comunidades no solo son víctimas de la contaminación y destrucción del parque nacional, ahora también sobrellevan los efectos de una nueva planta procesadora de óxido de hierro que se encuentra instalada justo a la orilla del Río Guapinol.
Las administraciones gubernamentales anteriores a la de Xiomara Castro realizaron, de forma inconsulta con las comunidades, una masiva concesión de territorios. El Grupo EMCO, conglomerado de empresas mineras pertenecientes a Lenir Pérez, se benefició con la concesión en Guapinol, al igual que con múltiples contratos estatales, en los doce años de gobiernos nacionalistas. La construcción del Aeropuerto Palmerola es uno más.
¿Hay desarrollo en Guapinol?
Históricamente el departamento de Colón ha sido víctima de la política extractivista. Las concesiones en el Valle del Aguán se remontaban a las compañías bananeras, empresas que se instalaron a mediados del siglo pasado en la zona norte y del caribe de Honduras.
Pero, en la actualidad, las empresas mineras e hidroeléctricas se han convertido en un serio problema para las comunidades de la región, en especial en Guapinol, una pequeña aldea de alrededor de tres mil habitantes, ubicada a la orilla del río con el mismo nombre.
Una aldea que subsiste de remesas
En los registros del INE no se encuentran datos concretos sobre la aldea Guapinol y poblados aledaños. Sin embargo, la constante defensa de su territorio le ha permitido a la población organizarse y, basados en la participación interna, han logrado determinar que la comunidad de Guapinol está conformada por unas 900 casas.
Los aldeanos calculan que, al menos, el 80% de las familias tiene un pariente en los Estados Unidos que les envía remesas para sobrevivir. Mientras, otros habitantes de Guapinol se dedican a la agricultura y ganadería en pequeña escala; la mayoría produce solo lo necesario para vivir y quienes no trabajan la tierra tienen pequeños negocios como ferreterías y pulperías que han logrado montar con ayuda de los fondos recibidos de sus familiares en el extranjero.
Un centro básico que brinda educación hasta el noveno grado es lo que tienen como oferta educativa estas comunidades. Mientras, un centro de salud paupérrimo, desabastecido de medicamentos y de personal para atender la demanda de salud de las comunidades, es lo que hay entre los poblados que rodean al Río Guapinol. La población de esta región debe acudir a centros privados o al Hospital General San Isidro, en la ciudad de Tocoa.
Reynaldo Domínguez vive en Guapinol. Conoce las duras situaciones que enfrenta la gente de su aldea para salir adelante con sus familias. Por eso cuestiona que las empresas extractivas pretendan engañar con un discurso de desarrollo que en la práctica no existe.
“No nos dé, pero no nos joda”, dice, refiriéndose, en particular, a Los Pinares, la empresa que les ha generado una convulsión social sin precedentes, la destrucción del Río Guapinol y el saldo más lamentable: ocho defensores, encarcelados desde hace más de dos años.
Domínguez dice que 8 de cada 10 familias de la comunidad tiene un pariente en Estados Unidos o en España, que les ayuda económicamente. Por eso afirma que las remesas han sido el principal motor de desarrollo de la zona, porque la presencia gubernamental ha sido nula.
Un territorio entregado
El modelo extractivo de Honduras se caracteriza por la extracción de bienes naturales que, en su mayoría, se sitúan en comunidades de pueblos originarios y campesinos para el beneficio económico de terceros, que suelen ser inversionistas nacionales y/o extranjeros dueños de grandes empresas transnacionales. El Estado juega un rol importante en el extractivismo, pues su papel comienza desde que se emiten las concesiones hasta que entran en operaciones las empresas.
Según el informe Extractivismo y resistencia comunitaria en Honduras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el país, la política extractivista toma forma con proyectos hidroeléctricos, turísticos, monocultivos y monopolio agrario; mineros, ZEDES y Bonos REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación).
Estos proyectos son implementados con la promesa de desarrollo y progreso para las comunidades, pero, en su mayoría, son causantes de ecocidios que los hacen acreedores del repudio y resistencia de los pobladores ya que no suelen socializarse previo a su implementación.
De acuerdo con el informe Territorios en Riesgo III: Minería, hidrocarburos, y generación de energía eléctrica en Honduras, en un 70% de los municipios (200 de 298 municipios) hay áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía eléctrica. Las concesiones mineras se extienden sobre 185 municipios y los de generación de energía eléctrica en 81. Mientras, otros 25 municipios, ubicados en la costa norte, podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos.
En cuanto al impacto ambiental, se estima que 78 proyectos mineros y 47 proyectos de generación de energía eléctrica se ubican dentro de las áreas protegidas y/o en las microcuencas, una situación que evidencia una política estatal que no cumple con la protección necesaria de los bienes comunes de la naturaleza.
La falaz promesa de cambio
El factor común de las empresas extractivas es la promesa de un cambio. Si bien ese cambio se traduce en palabras como “desarrollo” o “progreso”, este tipo de empresas se jactan de traer beneficios a las comunidades, que les ayuda a crecer económicamente.
Con el cambio de gobierno, para las comunidades afectadas por el extractivismo se presenta una nueva esperanza. El compromiso de la nueva presidenta con los pueblos originarios y las comunidades afectadas se hizo público el pasado 27 de enero cuando, en su discurso inaugural, Castro dijo: “No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados. Así como, libertad para los presos políticos de Guapinol y justicia para Berta Cáceres”. De igual forma, se comprometió a abolir las reformas constitucionales que avalan las ZEDE, porque violentan la soberanía popular.
Castro, en sus intervenciones públicas ha prometido un cambio de contexto para las comunidades afectadas por el extractivismo en el país. Sin embargo, la situación no será fácil porque las reformas no se aprueban en el Poder Ejecutivo y deben, forzosamente, pasar por la decisión del Legislativo y el Judicial, poderes restantes del Estado que mantienen una postura dividida y/o a favor del partido de gobierno saliente, que aprobó la masiva concesión de territorios en Honduras.
Las comunidades necesitan soluciones urgentes a los problemas que devienen de la pobreza y el desempleo, pero la instalación de empresas mineras, hidroeléctricas y de otra índole, en diversas zonas del país, ha evidenciado que el extractivismo no es alternativa para la generación de desarrollo de los pueblos.
Muy al contrario, el extractivismo deja como saldo la constante persecución, criminalización, judicialización y el asesinato de pobladores, que se convierten en defensores de los recursos naturales de sus comunidades, un precedente que evidencia la necesidad de reformar las políticas públicas en materia extractiva, para garantizar el respeto de los derechos humanos de las comunidades.
