- La independencia judicial es fundamental para la instalación de una CICIH, pues solo una Corte Suprema de Justicia (CSJ) sometida a la Constitución y la ley y alejada de directrices políticas, puede garantizar una lucha contra la corrupción y confianza al concierto internacional, afirma informe.
La Misión Internacional de Observación del proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (MIO-Honduras), dio a conocer su informe parcial sobre la primera etapa de selección por la Junta Nominadora (JN), en la cual demanda evaluar con rigor y darle el peso adecuado a las denuncias, investigaciones o procesos judiciales sobre corrupción, vinculación con el crimen organizado o violencia sexual y de género, de cualquier naturaleza, presentadas contra las y los postulantes.
Según el informe, “se deberá realizar una solicitud especial de información a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), a fin de garantizar que, con la información obtenida, se pueda desarrollar una evaluación apropiada de los requisitos de integridad, ética profesional e idoneidad para el cargo de todas y todos las y los postulantes”.
En las conclusiones del informe, se reconocen los importantes avances, principalmente normativos y de participación de la sociedad civil, a la que se dirige un especial reconocimiento por su compromiso de monitoreo y colaboración, y destaca el comprometido trabajo realizado por todas las personas que integran la Junta Nominadora, quienes han tenido que sortear obstáculos presupuestarios y el corto plazo que otorgó la ley para llevar a cabo el proceso de selección, entre otros aspectos.
En la entrega del documento participó en pleno, el equipo de la MIO-Honduras, integrado por Edison Lanza, ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Claudia Martin, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y profesora residente de la Facultad de Derecho de American University (Washington D.C); Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y Jaime Arellano, ex director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), ex viceministro de Justicia de Chile y socio fundador de Justicia Latinoamérica (JUSLAT), que también es el secretario ejecutivo de la Misión.
En cuanto a la injerencia política sobre el proceso de selección, la Misión subraya que constituiría un grave atentado a la construcción del Estado de derecho en Honduras, desestimar la lista remitida por la Junta Nominadora y acudir a una negociación político- partidaria para designar la nueva Corte.
En relación con las y los actuales diputados presuntamente involucrados en actos ilegales que serían conocidos por la futura Corte, el Informe destaca que “la autoexclusión de diputados y diputadas del proceso decisorio es lo que procede en caso de conflictos de interés respecto de las y los candidatos”. Esta observación ha sido reiteradamente expresada por diferentes liderazgos de la sociedad civil, porque de lo contrario los congresistas eventualmente estarían eligiendo a sus propios jueces para la futura revisión de un caso “que actualmente se investiga en su contra”.
El informe también insta al Congreso Nacional a conducir entrevistas públicas y transparentes a la totalidad de las personas incluidas en la nómina y hacer público su voto en todas las instancias y escenarios, además de fundamentar las razones de su decisión en todos los casos. En relación con las denuncias de que el Poder Ejecutivo estaría intentando incidir para controlar la CSJ, la MIO apuntó que el rol del Ejecutivo “debe ser transparente frente al proceso y así́ evitar cualquier injerencia indebida sobre la Corte Suprema de Justicia, tradicional tendencia de los Ejecutivos de la región”.
Sobre el plazo total para la escogencia de las magistraturas, la MIO-Honduras recomienda revisar la regulación constitucional y legal del proceso de selección de magistrados y magistradas, para establecer plazos generales e hitos intermedios que permitan su desarrollo dentro de parámetros temporales mucho más holgados y asociados a un financiamiento que lo soporte.
Sobre el plazo total para la escogencia de las magistraturas, la MIO-Honduras recomienda revisar la regulación constitucional y legal del proceso de selección de magistrados y magistradas, para establecer plazos generales e hitos intermedios que permitan su desarrollo dentro de parámetros temporales mucho más holgados y asociados a un financiamiento que lo soporte.
En cuanto a los recursos de amparo interpuestos por algunos candidatos y que aún no han sido admitidos o rechazados por la CSJ, la Misión expresa profunda preocupación por el efecto que lleguen a tener en el proceso de selección a cargo de la JN, por lo cual “no debiera existir ningún evento que pueda afectar el ajustado calendario del proceso, garantizando la JN el resguardo de este, conforme a las reglas preestablecidas”.
El informe también consigna que el mecanismo de selección constituye un avance en un tema fundamental como la paridad de género; sin embargo, requiere modificaciones urgentes a nivel constitucional y legal. Recomienda eliminar el requisito constitucional de notariado, por ser “irrazonablemente discriminatorio y restrictivo de la participación”, y aconseja sustituir la renovación total de los integrantes de la CSJ, por un mecanismo de renovación parcial, para evitar el riesgo de captura política.
Los integrantes de la MIO-Honduras llamaron a las organizaciones de sociedad civil, y a las organizaciones de mujeres en particular, a supervisar que en el proceso conducido por la Junta Nominadora y el Congreso Nacional se respeten a cabalidad las normas legislativas y reglamentarias para garantizar la paridad de género en la composición final de la nueva Corte.
La MIO-Honduras realizó su primera visita del 14 al 18 de noviembre y siguió un mecanismo de observación para emitir su informe preliminar con el objetivo de promover que el proceso de selección de los y las magistradas se realice conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas en materia de independencia judicial, transparencia y acceso a la información. La MIO asumió este compromiso invitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC).
Descargue el informe aquí.
