Escrito por Rubén Escobar
Los pobladores de la comunidad de Montaña Verde, en el departamento de Lempira, permanecen en alerta porque una reciente intervención militar y judicial podría estar siendo utilizada como un mecanismo de presión, para que los recursos naturales de la zona pasen a manos de personas ajenas a la población lenca, que se ha dedicado a cuidarlos desde tiempos inmemoriales.
Montaña Verde es una aldea distante, a unos 70 kilómetros de Gracias. Pertenece a esa jurisdicción, pese a estar más cerca de otros municipios como La Iguala y Cololaca. El trayecto en carro desde la comunidad hasta la cabecera municipal dura unas tres horas debido al agreste camino, que en invierno puede ser infranqueable.
La aldea está ubicada en las faldas de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde, que se extiende por 8,330 hectáreas y abarca los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y Lempira. Fue declarada reserva en 1987, aunque las comunidades lencas han batallado por su preservación desde hace siglos. Se eleva a unos 2,127 metros sobre el nivel del mar y es productora de agua para unas veinte comunidades de Gracias, La Iguala, San Rafael (Lempira); San Francisco de Ojuera (Santa Bárbara), y San Francisco de Opalaca en Intibucá.
En defensa de la montaña
José Isaías Bejarano Vargas es originario de Montaña Verde, aunque en la actualidad pasa la mayor parte del tiempo en La Esperanza, Intibucá, donde forma parte del Equipo Comunitario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Él explica que el área de Montaña Verde es rica en recursos naturales. Posee al menos tres quebradas de grandes dimensiones y enormes extensiones de bosque, incluso fuera del área protegida por el decreto 87-87. La batalla por su conservación, de parte de la comunidad lenca, ha sido constante. Por eso han tenido diversos litigios con terratenientes y empresas que han pretendido establecer proyectos, desde ganadería hasta un aserradero, que fue expulsado en 1985, narra el entrevistado.
Para ese año, José Isaías aún no había nacido pero sus padres y abuelos aún comentan en las conversaciones familiares la lucha que emprendieron para desterrar ese y otros proyectos, en un afán de conservar el bosque. “Solo quedaron las evidencias, un volcán de aserrín en casi media manzana, que era el plantel donde operaba la empresa extractivista. Fue un desastre. Ahora, nuevamente se ha poblado la montaña de bosque, pero las amenazas nunca se terminan”, refiere.
Una excusa para intervenir
De acuerdo con convenios internacionales, reconocidos por el Estado de Honduras, las comunidades originarias poseen gobiernos autónomos que tienen una autoridad denominada Consejo Indígena. Están integrados por representantes de diversas entidades, como juntas de agua, iglesias, patronatos, sociedades de padres de familia y otros. A su vez poseen una directiva facultada para resolver litigios entre familias.
Una de esas autoridades del Consejo es el procurador indígena, cargo que en Montaña Verde ocupa actualmente el señor Marcelino Miranda. En octubre de 2023, y a instancias de la comunidad, él denunció ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) que personas ajenas, posiblemente enviadas por terratenientes, talaron una parte del área protegida.
La denuncia fue relegada “al cajón del olvido”, hasta principios del mes de abril de 2024, cuando una comisión de las autoridades se apersonó al lugar, pero en lugar de enfocarse en la tala del bosque denunciada, levantaron un informe sobre un experimento que vienen realizando los pobladores de Montaña Verde y que consiste en sembrar café bajo las sombras de los árboles.
Miranda explicó que el área experimental está en el camino hacia la zona talada, pero fuera del área protegida. El propósito es llevar adelante el cultivo del café sin tener que cortar los árboles, como ocurría anteriormente. En respuesta, técnicos del ICF presentaron un plan de manejo del recurso bosque, que fue rechazado por los pobladores por cuanto implicaba una intervención del Estado en territorio indígena.
El 29 de mayo de 2024, y sin notificación previa, llegaron tres vehículos pick up con al menos una decena de efectivos militares, una juez de paz en calidad de juez ejecutor, un representante de la Procuraduría General de la República y la fiscal del Ministerio Público, Carmen Mejía.
En vista de que desconocían los propósitos de las autoridades, una comisión de dirigentes locales les hizo señal de parada en un lugar público, frente a la cancha de la comunidad, cuando regresaban de hacer su recorrido. La fiscal Mejía dijo que no informó a las autoridades indígenas porque suponía que funcionarios del ICF habían hecho las notificaciones y aseguró que en una próxima intervención se aseguraría de informar antes de llegar.
Miranda explicó que la comitiva traía una orden del Juzgado de Letras para evaluar el área cultivada “ya con la intención de extinguir o eliminar el café” en una próxima visita, agrega.
Para el dirigente, la forma de intervención de las autoridades es una estrategia y un mecanismo de hostigamiento -tras haber rechazado el plan de manejo-, con el propósito de acceder a los recursos naturales, tanto el bosque como las fuentes de agua.
Insistió en que ellos conocen los límites de la reserva porque se esfuerzan para mantenerla. Entonces “es absurdo que, si la estamos cuidando, venga alguien a decirnos que todo es área protegida. Está protegida por nosotros. El Decreto cubre la parte de arriba, y también la cuidamos con mucho gusto”, agregó Miranda.
¿Plan de manejo o control de recursos?
Técnicamente, un plan de manejo es un instrumento que define las estrategias y acciones para conservar el recurso bosque, pero, a la vez, podría establecer rutas para la explotación de la madera en el caso de que se considere viable.
Por esa razón, para el activista Bejarano Vargas, una vez que el Estado tenga el control de los recursos a través de un plan de manejo, podría privatizarlos como ha ocurrido con las concesiones mineras, hidroeléctricas o las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede).
“Por ahora seguimos en alerta, por cualquier atentado que pueda venir o cualquier concesión que pueda hacer el Estado”, acotó.
Enfatizó que tras las acciones de las autoridades se encuentran las intenciones de controlar los territorios para su aprovechamiento a favor de terceros.
Militares, pueblos originarios y la “cero deforestación”
Durante su intervención en Montaña Verde, las autoridades civiles se hicieron acompañar de un contingente de militares. Cuando los pobladores conminaron al grupo visitante a dialogar, los hombres de verde se bajaron de sus vehículos y, con armas en mano, procedieron a rodearlos.
Voces expertas advierten que bajo la estrategia de “cero deforestación al 2029”, lanzada recientemente por la presidenta Xiomara Castro, existe el riesgo de reforzar una militarización que podría vulnerar los derechos de las comunidades indígenas y agravar los conflictos territoriales en lugar de solucionarlos.
“Cero deforestación al 2029” pretende enfrentar la grave crisis ambiental que atraviesa Honduras. Aunque la iniciativa reconoce que “el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva y el narcotráfico están arrasando los bosques”, algunas de sus medidas han generado preocupación en torno a la militarización y la falta de participación de las comunidades indígenas afectadas.
En un análisis publicado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), su director Gustavo Irías destaca dos inquietudes centrales: el reforzamiento de la militarización del Estado y la sociedad; y la ausencia de participación y representación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la estrategia.
Irías advierte que la estrategia otorga roles protagónicos a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en tareas como “el decomiso y destrucción de maquinaria que depreda bosques, el desalojo de actividades” en áreas protegidas, y el incremento de hasta 8,000 efectivos militares para “garantizar la soberanía en dichas áreas”.
“Desde una perspectiva de derechos humanos, la amplia presencia de los militares en las zonas forestales es muy preocupante, debido al rol desempeñado por las Fuerzas Armadas en la represión y criminalización de las organizaciones sociales territoriales que han defendido sus bienes naturales”, advierte el analista.
Asimismo, cuestiona que la estrategia “fortalece las inquietudes” sobre la persistencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el mantenimiento de jueces y fiscales de jurisdicción nacional cuestionados, y “el fortalecimiento y eventual crecimiento numérico de la PMOP”, alejándose de las promesas de desmilitarización.
Por otro lado, Irías critica la ausencia del enfoque de participación social en la estrategia, contraviniendo los convenios internacionales que obligan a Honduras a asegurar la participación de los pueblos indígenas en asuntos que afecten sus vidas.
Enfatizó que potenciar la participación comunitaria es el camino para asegurar la democratización del país, colocando en el centro a los sujetos del cambio político y social.
Manejo de recursos millonarios
Para la experta en temas de defensa y militarización, Mirna Flores, la creciente presencia de los militares en todos los ámbitos de la sociedad es un reflejo de instituciones civiles débiles, que no son capaces de enfrentar las tareas que se les han encomendado.
Enfatizó que cualquier fuerza de seguridad que intervenga en territorios indígenas debe primero entrar en contacto con las autoridades locales y líderes comunales. Sin embargo, las autoridades civiles y militares “obvian” este requisito, porque se sienten con el derecho que les conceden decretos como el del estado de excepción.
Según la analista, la crisis de seguridad pública “les ha abierto las puertas a los militares para meterse en cuantas actividades del Estado se solicita”, incluyendo temas ambientales, control de narcotráfico y hasta el sistema penitenciario.
Cuestionó que, contrario a las promesas de campaña de delimitar las funciones militares, ahora se esté impulsando un incremento de 8,000 efectivos de la Policía Militar del Orden Público para participar en la estrategia contra la deforestación.
“Eso es paradójico porque en el periodo de Juan Orlando Hernández se limitó a 5,000 efectivos máximo. Y ahora están pidiendo aumentar la fuerza de la PMOP a 8,000, justificándolo con este plan”.
Pero la presencia militar no es gratuita. En el plan “cero deforestación” se asignará un presupuesto de 19,000 millones de lempiras, de los cuales un porcentaje importante irá para las Fuerzas Armadas. Además, Flores señaló que ellos están involucrados en otros macroproyectos, como la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne.
“¿Qué quiere decir eso?, que se les va a dar el presupuesto”, concluyó.
