Escrito por Jerson Martínez y Claudia Mendoza
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CERCS-1985) define los desalojos forzados como “desahucios forzosos”, y los conceptualiza como la acción de “hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”, de acuerdo con la definición que hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR-1985), de Naciones Unidas.
En Honduras, los desalojos de comunidades se han convertido en una problemática alarmante, que atenta contra el derecho a la tierra y a la dignidad de quienes la habitan. El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), a través del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial en Honduras, realiza un monitoreo constante a la situación de esta realidad. Sus registros revelan que, entre el 6 de junio de 2023 y el 14 de mayo de 2025, se llevaron a cabo 46 desalojos en todo el territorio nacional, afectando directamente a más de nueve mil familias de campesinos, indígenas, garífunas y obreras de zonas urbanas.
El registro más reciente documenta las acciones ejecutadas por la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, creada el 6 de junio de 2023 por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezada por el Instituto Nacional Agrario (INA).
Esta entidad ha sido protagonista en el despojo de tierras productivas, especialmente en el Valle del Aguán y el Valle de Sula, donde grandes corporaciones agroexportadoras han solicitado desalojos para impulsar monocultivos de palma africana y caña de azúcar, en detrimento de las comunidades campesinas que luchan por sus derechos a la tierra y a la soberanía alimentaria.
Por otro lado, los territorios de los pueblos originarios, principalmente en zonas lencas y garífunas, también han sido blanco de despojos. En estos casos, intereses del capital nacional y trasnacional buscan instalar megaproyectos turísticos, proyectos extractivos como minas, represas hidroeléctricas y planes de manejo forestal, poniendo en jaque sus formas de vida, cultura y territorio.
Los recientes desalojos y sus impactos
El 14 de mayo de 2025, las bases campesinas de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de la Regional de El Progreso, Yoro, fueron desalojadas de sus territorios. También territorios garífunas ancestrales en Trujillo, Colón.
La fuerza utilizada fue desproporcionada y arbitraria, afectando a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, además de criminalizar a líderes comunitarios campesinos e indígenas por su resistencia.
En los desalojos se registró el uso de maquinaria pesada para la destrucción de viviendas y los cultivos de las familias campesinas. No menos preocupante, su ejecución aconteció sin órdenes judiciales.
Lejos de resolver la problemática agraria, estas acciones profundizan las desigualdades existentes y facilitan el avance del modelo extractivista en el país. Este modelo, basado en el despojo de tierras productivas y territorios ancestrales pone en riesgo la supervivencia de las comunidades y perpetúa la exclusión social y económica.
Para mantenerse informado y denunciar estas violaciones, el CESPAD pone a disposición de la ciudadanía su Monitoreo de Desalojos, una herramienta que busca visibilizar y acompañar la lucha de quienes defienden su tierra y sus derechos.
Consulta el monitoreo completo aquí: