Escrito por Rubén Escobar
En el 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió dos sentencias que condenan al Estado de Honduras por violaciones de derechos territoriales en perjuicio de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. A finales del 2023, una nueva sentencia significó otra condena, esta vez por daños en la comunidad de San Juan.
La Corte determinó que el Estado hondureño incumplió su obligación de proteger y garantizar los derechos de las comunidades, lo que resultó en la pérdida de sus tierras y la falta de acceso a recursos esenciales. El tribunal internacional ordenó al Estado hondureño tomar medidas para reparar el daño, incluyendo la delimitación, titulación y demarcación de sus tierras, el desarrollo de proyectos de infraestructura y la atención a sus necesidades básicas.
La responsabilidad histórica proviene de actores diversos como el Instituto Nacional Agrario (INA) de la alcaldía de Tela, invasores de oficio y compradores de “buena fe”, que utilizando diversos mecanismos se fueron adueñando durante años de miles de hectáreas que son territorios ancestrales del pueblo garífuna.
El 12 de abril de 2024, el gobierno integró una comisión, mientras que las comunidades y organizaciones garífunas hicieron lo propio para ir tomando decisiones que lleven al cumplimiento de las sentencias. Sin embargo, no es el momento de echar “las campanas al vuelo”, pues lo realizado es solo un paso en el camino que se debe seguir, asegura la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Más en específico, conversamos ampliamente con el Dr. Rony Castillo Güity, un reconocido activista y defensor de los derechos humanos del pueblo garífuna, con una trayectoria académica que lo convierte en el primer hondureño en obtener dos doctorados: el primero en Ciencias Administrativas y el segundo en Estudios Latinoamericanos con enfoque en Educación, Sociolingüística e Indigenidad y Negritud.
Castillo, a quien su compromiso con la comunidad garífuna lo ha llevado a convertirse en la mano derecha de la insigne dirigente Miriam Miranda, nos habló amplia y profundamente sobre los obstáculos y las reales posibilidades de que el gobierno hondureño aplique la sentencia a favor de las comunidades garífunas.
RE: ¿Cuáles son los puntos más importantes que contienen las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son de obligatorio cumplimiento para el Estado de Honduras?
RC: Las sentencias de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz condenan y mandan al Estado a restituir el territorio. Eso es bien importante, es lo central de esta sentencia, que el Estado devuelva a Punta Piedra el territorio ocupado por una población, que han llamado Río Miel, y que es parte del territorio de la comunidad. Eso es lo principal para el cumplimiento.
En el caso del Triunfo de la Cruz, es lo mismo. Tienen que devolver parte del territorio ocupado por terceros, personas que no son de la comunidad. También manda que se titulen algunos lotes del territorio, otros que deben ser remedidos y saneados, o sea, al final la restitución es saneamiento. Saneamiento significa expropiar o comprar en todo caso a quienes adquirieron terrenos de buena fe, pero los que no lo adquirieron de buena fe deben ser reubicados para entregarle el territorio a las comunidades. En el caso de San Juan, el Estado tiene que asegurar la titulación de un territorio a nombre de la comunidad.
El Estado fue encontrado culpable y las sentencias tienen esos elementos: restitución de territorio, el tema de consulta (para ejecutar proyectos que afecten su estilo de vida) y que el Estado garantice la no repetición de los hechos violatorios a los derechos de las comunidades garífunas.
RE: ¿Qué tan factible es que los ocupantes sean reubicados?
RC: La misma sentencia establece el mecanismo de expropiación, la metodología de cómo el Estado debe hacerlo. Por ejemplo, en Punta Piedra, la sentencia establece que hay cuatro títulos que el Estado debe verificar. En caso de que tengan legitimidad, que hayan sido adquiridos legalmente, el Estado debe indemnizar a esas personas sobre el valor de las mejoras, y luego devolverlo a la comunidad. Si las personas (ocupantes) no quisieran vender por las buenas, el Estado tiene mecanismos para establecer justiprecios. La sentencia es un mandato, es de cumplimiento obligatorio.
En Triunfo de la Cruz, la sentencia establece los mecanismos para expropiar en caso de que sea necesario, o comprar o indemnizar. Tiene que hacerse un avalúo, revisarse caso por caso, porque son diferentes ocupantes. Muchos de esos terrenos en Triunfo de la Cruz fueron adquiridos posterior a la sentencia, o sea que no fueron adquiridos de buena fe.
Hay algo importante: a la tierra no se le puede dar valor, porque es una tierra comunitaria, es tierra ancestral. A lo que se va a dar valor es a las mejoras, a los bienes que las personas han construido. Eso es lo que debe ser indemnizado por parte del Estado.
RE: ¿De qué cantidad de territorio estamos hablando?
RC: En Punta Piedra es de más de 2,300 hectáreas. Ese es el título de la comunidad, y no sabemos a ciencia cierta cuánto está en manos de terceros, pero creemos que es la mayor parte del territorio, más de 1500 hectáreas. En Triunfo de la Cruz creemos que son unas 500 hectáreas que están en manos de terceros y que debe ser devuelto a la comunidad. El Estado tendría que hacer las remediciones, los avalúos, para determinar a ciencia cierta en qué condiciones están esos territorios.
¿Cuáles son los avances en el cumplimiento de las sentencias?
RC: Uno de los puntos importantes es que hemos presionado al Estado para que se instale una comisión de alto nivel para el cumplimiento de las sentencias. Esa comisión está coordinada por Cancillería, porque tiene competencias internacionales para cumplir responsabilidades. Es un paso importante, pero no es garantía. O sea, no por estar instalada la comisión ya se va a cumplir la sentencia.
La comisión está instalada desde el 12 de abril (2024). Ya tuvimos una primera reunión ordinaria de trabajo, y elaboramos un plan de acción. Tuvimos otra reunión extraordinaria y están iniciando a trabajar las subcomisiones para avanzar en los acuerdos. Vamos a ver cómo se va avanzando y cumpliendo los puntos que tenemos en agenda.
Además de Cancillería, la comisión está integrada por el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de la Propiedad, la Procuraduría General de la República, representantes del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. De nuestra parte está formada por miembros de la Ofraneh y representantes de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
RE: ¿Establecieron algún cronograma que especifique fechas de cumplimiento de objetivos?
RC: Establecimos una ruta, estamos trabajando, este mes es crítico. El Estado tiene que empezar a generar notificaciones a los terceros y a las instituciones que están en esas comunidades. También esta comisión va a iniciar los avalúos, los protocolos que se requieren, porque estamos hablando de un territorio ancestral, donde no existen protocolos. Es decir, es muy diferente al tema agrario, los protocolos que se establecieron según la Reforma Agraria. En este caso, el territorio ancestral tiene algunas condicionantes que son diferentes y ameritan elaborar esos protocolos para generar esa ruta que ya definimos para dónde vamos, cuál es el camino.
RE: Sabemos que la violencia es una de las afectaciones de los territorios garífunas ¿Han hablado con la comisión gubernamental sobre brindar seguridad?
RC: Efectivamente, el no cumplimiento de esas sentencias ha generado mucha violencia, muertes y más impunidad. Eso permite a los terceros ir ocupando otros territorios que estaban en manos de la comunidad. Otros grupos ligados con la criminalidad han entrado por esa falta de saneamiento y el cumplimiento de las sentencias.
Es un punto que se ha tocado con la comisión. Hay mucha presión y amenazas de los terceros que se han atrincherado para presionar y que no se cumplan las sentencias. En el Triunfo de la Cruz el sábado (18 de mayo) cerraron el paso a la comunidad, como un mecanismo de presión.
Esto viene principalmente de grupos de poder que se sienten afectados porque adquirieron de mala fe varios de los predios donde están ubicados complejos turísticos. Ellos van a seguir generando violencia. Tenemos amenazada a la coordinación de la Ofraneh, se han tenido atentados, hay varios compañeros y compañeras que han recibido amenazas. Por ello hemos puesto alertas y pedido seguridad al Mecanismo de Protección, aunque sabemos que no está funcionando. También hemos adoptado medidas propias por parte de las comunidades y hemos pedido al Estado asegurar un mecanismo de seguridad para los miembros de la comisión.
RE: El tema de la no repetición es importante para evitar futuras ocupaciones de los territorios
RC: Es un punto muy enfático de las sentencias: asegurarse de que no se repitan estas acciones. Incluso, debería haber procesos de persecución para funcionarios. Por ejemplo, alcaldes que se empecinan en seguir violentando los derechos de los pobladores. Muchas de las ventas (de territorios) las hacen funcionarios del INA, del ICF (Instituto de Conservación Forestal) en tema de áreas protegidas, o algunas Secretarías que hacen concesiones mineras, hidroeléctricas y cometen violaciones sin consultar a las comunidades. El Estado debe asegurarse de que eso no se repita.
RE: Históricamente los pueblos originarios han estado olvidados por los gobiernos ¿En las conversaciones han incluido el tema de desarrollo de proyectos?
RC: Ese es un punto bien importante. Hemos integrado una subcomisión de derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, que incluye elementos de educación, salud, agua y medioambiente.
La sentencia habla de reparaciones, que se vea una recompensa y que no se vuelvan a repetir (las violaciones a los derechos de los pobladores). Se deben resarcir los daños colaterales a las comunidades. Entonces sí, estamos incluyendo esas otras áreas. También hay otras poblaciones que no tienen sentencia, pero se incluyen para que los hechos no se repitan y así evitar posibles demandas.
RE: ¿Cuáles son los principales desafíos de las comunidades garífunas actualmente?
RC: Las comunidades presentan varios desafíos. Uno de los principales es el territorio. Las comunidades no tienen territorio, y por ello los jóvenes están saliendo, porque no tienen espacio ni para construir, tampoco para sembrar. El otro desafío es el cambio climático, con el tema de erosión costera, deforestación de las cuencas y problemas de agua.
Está el problema del narcotráfico y lavado de activos, que es parte de lo que ha generado esa violencia, y ha permitido que lleguen muchos con sombreros de empresarios (de la palma, de proyectos extractivos). Eso es un enorme desafío porque está vaciando a las comunidades, las está desplazando y las personas están saliendo masivamente para Estados Unidos y algunos para Europa.
Son problemas de migración y otros desafíos sociales, problemas de educación, salud, accesos a las comunidades, la niñez. Hay que trabajar fuerte.
RE: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta experiencia de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan?
RC: Es un aprendizaje muy importante para el país y para los otros pueblos indígenas, sobre el tema de propiedad colectiva. Es un elemento que tiene que incorporar el Estado de Honduras, el derecho a la propiedad colectiva. No puede seguirse manejando el territorio indígena como territorio agrario, porque no es esa la única vocación de los territorios. Están todos los hábitats funcionales de las comunidades, lo que sirve para vivir, los ríos, el mar, las playas, las montañas.
Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión colectiva del territorio. En el país no debemos pensar solamente en la propiedad privada y pública, debe incorporarse el elemento de propiedad colectiva para proteger ese derecho. Esto incluiría la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de cada una de las comunidades indígenas y negras del país.
RE: ¿Se puede decir que por primera vez se están tomando acciones por parte del Estado para tratar de crear una hoja de ruta y cumplir con las sentencias?
RC: No sé si por primera vez, no quisiera ser tan optimista. Lo dejamos como un paso importante, porque en otro momento se han hecho cronogramas para cumplimiento y no se han cumplido. Se hacen hojas de ruta y no se cumplen. Esperemos que este gobierno sea el que rompa esa mala práctica de firmar y no cumplir.
Estamos trabajando con la esperanza de que se va a cumplir, pero el nivel de optimismo no lo llevamos a ese extremo. Damos el beneficio de la duda al Estado y que la ruta que hemos definido se va a cumplir, pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, que sean los resultados los que hablen.