Vulnerabilidades estructurales que pueden distorsionar el padrón electoral y facilitar suplantaciones, así como la acumulación de más de 250,000 Documentos de Identificación Nacional (DNI) que no se han entregado, son entre otros algunos de los riesgos identificados en el segundo Informe de Monitoreo Electoral que publicó el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de Honduras, establece en el artículo 43, que «El Censo Nacional Electoral es el registro debidamente ordenado de los ciudadanos con capacidad para votar que se elaborará de acuerdo con la Ley”. Mientras, la ley también instituye que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Registro Nacional de las Personas (RNP), son las instituciones responsables de la elaboración y actualización del censo.
Sin embargo, las irregularidades en el censo o padrón electoral es un aspecto histórico en los procesos de elecciones en Honduras, que se ha configurado como un componente central de la desconfianza ciudadana en los procesos electorales de Honduras.
Aumento de votantes
En las elecciones generales de noviembre de 2021, 5 millones 182 mil hondureños estaban habilitados para votar. Pero, según el último censo electoral, el país registró un aumento de 697,203 nuevos votantes. El censo preliminar creció a 6.5 millones de ciudadanos.
Según el informe del CESPAD, la alta afluencia registrada tras la entrada en vigor de la amnistía para la reposición del DNI refleja la respuesta inmediata de la ciudadanía ante la gratuidad temporal, lo que sugiere que muchas personas no habían podido renovar su documento por causas ajenas a la falta de interés. Esta situación presenta una oportunidad para rediseñar políticas de acceso más inclusivas.
En ese escenario, la organización advierte que, en este componente del proceso electoral, aún persisten rezagos críticos que deterioran la confianza en la equidad y solidez del sufragio. Para el caso, el informe cita la supuesta existencia de redes de tramitadores y el historial de denuncias por suplantación de identidad en la última década, lo que evidencian fallas no resueltas en los mecanismos de control. Sin embargo, la organización aclara que muchas de estas denuncias públicas carecen de evidencia concreta, de informes oficiales por parte del RNP o investigaciones judiciales concluyentes.
La no entrega del DNI y la inminente exclusión de los hondureños residentes en Estados Unidos
El CESPAD señala que, si bien el aumento de personas en el extranjero para votar podría ampliar la participación ciudadana, también ha generado desconfianza. La entrega rápida (exprés) del DNI por parte de actores políticos, el control de los consulados por partidos políticos y las diferencias entre la Cancillería y el Partido Liberal han alimentado las sospechas de manipulación.
Pero, al igual que ocurre a nivel nacional, muchas de estas acusaciones no cuentan con pruebas verificables. En un contexto ya tenso, el CESPAD considera que la difusión de relatos sin evidencia puede crear percepciones de fraude que condicionan la aceptación de los resultados y debilitan la legitimidad del proceso antes de que se lleve a cabo.
En este escenario, uno de los aspectos que destaca el CESPAD es el riesgo de que más de 250,000 DNI no se hayan entregado, muchos de ellos para personas en el extranjero.
“Esto amenaza con dejar sin derecho al voto a un segmento potencialmente decisivo del electorado”, remarca el CESPAD, producto de la falta de coordinación entre el Registro Nacional de las Personas, la Cancillería y el CNE.
El CESPAD también considera que el inicio de la depuración del censo, aún en revisión y con declaraciones poco claras del presidente del RNP, no disipa las dudas sobre la consistencia técnica del padrón definitivo. La mezcla de datos dispares y la falta de claridad en la distribución de responsabilidades entre las instituciones muestran una coordinación interinstitucional endeble, lo que debilita la confianza en la etapa preelectoral.
Recomendaciones del CESPAD
Para la organización, es importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a través de sus consulados, realice operativos urgentes para la entrega de DNI en el extranjero, con coordinación institucional y con metas verificables.
También, que el Registro Nacional de las Personas establezca respuestas institucionales inmediatas y verificables ante denuncias públicas, para evitar que narrativas sin evidencia condicionen el proceso.
Y, no menos importante, que se implemente una estrategia focalizada de enrolamiento juvenil, mediante incentivos, mecanismos móviles y presencia territorial, con el fin de ampliar la participación electoral de los jóvenes.