Pandora, la monumental corrupción que agudizó la situación de vulnerabilidad de las mujeres rurales
“Caramba, le decía a mi esposo, si nos sale ese dinero vamos a comprar los insumos con tiempo, unas cerdas para que tuvieran animalitos, gallinitas, cositas que ayuden a la casa, al hogar”. Pero a Eva Luz Palma, una mujer campesina de 66 años, los planes que hizo una década atrás, cuando hasta su comunidad llegaron los rumores de que en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) “había un dinero disponible para ayudar a los campesinos”, quedaron en el aire.
Doce años después, los proyectos de la SAG que nunca llegaron son todavía tema de conversación entre los habitantes de El Chorro, municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro. “Platicamos de eso y nosotros lo único que decimos (es) que ese dinero era de nosotros, que cómo nos hubiéramos sentido nosotros si nos hubieran dado ese dinero, porque sinceramente nosotros somos humildes, humildes, humildes”, repite.
En pleno siglo XXI, la comunidad de El Chorro es parte de aproximadamente el 28 por ciento de las zonas rurales de Honduras que, según los datos de 2020 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no tienen el servicio de energía eléctrica.
“Es una hoguera, ni quiera Dios, sin luz para poner un ventilador”, exclama Eva Luz, quien se describe a sí misma como una “campesina organizada” de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Tampoco tienen agua potable en su casa. Debe acarrearla desde una bomba “que nos tira el agua en medio de la comunidad”.
Sulaco es uno de los tres municipios del departamento de Yoro (los otros dos son Yorito y Victoria) mencionados en el caso Pandora, una investigación sobre el desvío de 282,016,175 lempiras de la SAG que fue judicializado en junio de 2018 con el apoyo técnico de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Parte de la millonaria cantidad de dinero debía servir para mejorar la capacidad para la siembra de granos básicos en los tres municipios descritos y utilizarse también para proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes y para el fortalecimiento de políticas agroalimentarias en los departamentos de Olancho, Intibucá y Colón; también, en una escuela de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Sin embargo, los recursos “habrían sido destinados a financiar las campañas políticas en el año 2013 y otros gastos personales”, como señaló la Maccih en su quinto informe .
Eva Luz es parte de un grupo de 27 campesinos que gozan de un título de tierra colectivo, otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA) en junio de 2023. Con sus compañeros esta mujer dice que se reúnen y platican de la mentira. Mientras, en su casa, recuerdan que pensaban comprar los insumos sin dilación, para cosechar los granos. “A veces uno no tiene dinero para comprar suficiente fertilizante”, pero también en “comprar comidita, economizar el dinerito”, pero todo quedó en nada, porque “estamos seguros que ese dinero se perdió”.
La familia de Eva tiene en posesión más de una manzana y media para sembrar individualmente o “lo propio”, dicen. Lo que siembra junto a su esposo y dos de sus cinco hijos es maíz, frijoles y sorgo, sobre para el autoconsumo. “Nosotros pasamos de lo poquito que el señor (Dios) nos da, de los frijolitos, del maicito, es lo único que nos da, las cosechitas, pero dinero no tenemos”.
Dicen que cuando el invierno “es bueno”, logran cosechar entre 30 y 34 sacos de maíz, pero en otras ocasiones a duras penas llegan a 20 o menos. “Y uno no puede buscar así un buen mercado porque con ese poquito qué va a comerciar”, se pregunta.
Durante el gobierno actual, ha recibido dos sacos de fertilizante que sirvieron para cosechar maíz, “pero dinero nada, nosotros tenemos que reventarnos la cabeza pensando cómo vamos a comprar los insumos”.
Impacto negativo
“La corrupción del caso Pandora tiene rostros”, dice la coordinadora técnica de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, Wendy Cruz, en alusión a los hombres y las mujeres del área rural a quienes iban dirigidos los proyectos de la SAG.
El saqueo de recursos, que debieron invertirse en proyectos de desarrollo agrícola, dice Cruz, impacta en lo social y económico sobre todo en las mujeres campesinas que viven en condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión del acceso a bienes productivos, porque se les impide mejorar sus sistemas productivos, el acceso a una vivienda digna y a la salud, que en el área rural es casi inexistente.
Para la integrante de la Vía Campesina, esos recursos hubiesen reducido los niveles de pobreza y la migración, mejorado las condiciones de vida en estas regiones, cuya población ha ido disminuyendo sin tregua, desde hace décadas.
Mientras en 1990 la población rural equivalía al 60 por ciento del total de habitantes, en el 2000 pasó al 55 por ciento, en el 2012 al 47.19 % y en 2020 bajó al 44.9 %, tomando como base datos del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cuando el Estado no garantiza derechos fundamentales, como el de vivir con dignidad, “se dan estos hechos de migración”, expone Cruz, quien insiste en diferenciar el caso de las mujeres, entre quienes se ha profundizado la brecha de desigualdad, al incrementar la pobreza, lo que obliga a esposos e hijos mayores a emigrar del país, “pero eso significa que han recargado a las mujeres de las tareas tanto domésticas y productivas, porque quedan al cargo de los hijos (menores), de las parcelas”.
El impacto negativo de la corrupción es reconocido por las Naciones Unidas, al igual que la manera diferenciada en que ese flagelo afecta a las mujeres.
La exigencia de reparación
Por lo anterior, Wendy Cruz considera que el Estado debe resarcir esos daños causados al no hacer una inversión a favor de esta población en el tiempo oportuno, pero sobre todo porque el desvío de esos recursos para financiar campañas políticas ha sumergido a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad y discriminación.
En ese sentido, el caso Pandora es un ejemplo claro de la vinculación entre corrupción y derechos humanos, aunque ese enfoque todavía sigue ausente en el proceso penal hondureño, que todavía no ha dado pasos suficientes para el reconocimiento y reparación de las víctimas corrupción.
La coordinadora del Consejo para el Desarrollo de la Mujer Campesina (Codimca), Manuela Sarmiento, pide justicia en el caso Pandora que actualmente se encuentra en un limbo jurídico, pero también demanda que los recursos lleguen finalmente a la gente del campo que fue privada de ellos.
Para Sarmiento, Pandora es una injusticia que se cometió en contra de los y las campesinas, porque esos fondos iban destinados para mejorar sus condiciones de vida y el desvío de esos recursos “ha causado más pobreza” en las comunidades que eran las destinadas a recibirlos, mientras que otras personas fueron las que se beneficiaron y pudieron hacer “otras cosas que no tenían nada que ver con el tema de producción”.
Sarmiento menciona que en ese tiempo hubo crisis, precariedad y dificultad para obtener alimentos, por lo que muchas familias apenas lograban subsistir.
“La gente en el campo, si no cosecha, si no tiene algo de dónde agarrar, a veces no comemos”, lamenta, y con el presupuesto que fue desviado se hubiera mejorado no solo la productividad, sino que las condiciones de vida y de salud.
La coordinadora del Codimca reflexiona cuestiona que, en algunas dependencias del Estado, lo único que hacen es “arreglar papeles para que parezca que todo se está haciendo bien y de la mejor manera, cuando en realidad se cometen actos de corrupción”.
En el campo es donde se sostiene la producción, pero los fondos para las y los campesinos “son pocos, no llegan o cuando llegan no se aprovechan para lo que realmente son destinados debido a que no hay seguimiento”, acota.
Otra situación que menciona Sarmiento es la politización de los recursos, que son entregados como mampara, sin un seguimiento a las condiciones en que se encuentran las familias campesinas y vigilancia a los resultados de los proyectos.
Desde su comunidad de El Chorro, Eva Luz Palma no pierde la esperanza de que la ayuda que hace casi una década se les negó llegue algún día, “porque la esperanza es lo último que se pierde”.