Análisis Semanal
Escrito por Gustavo Irías
Al igual que en 2017 y 2021, el presupuesto de la Unidad de Política Limpia (UPL) para las elecciones de 2025 será aprobado por el Congreso Nacional de manera tardía, y es probable que no cuente con un presupuesto especial. Desde hace meses, este presupuesto especial (por 90 millones de lempiras) ha quedado empapelado en las tediosas y polarizadas sesiones del Congreso Nacional. Parece que esos fondos podrían formar parte de un préstamo internacional que no alcanza la mayoría de votos en el Congreso Nacional, debido a los temores de la oposición de que se destinen a fines electorales.
Al revisar el presupuesto general de la República del 2025, se observa que sólo se aprobó el presupuesto para el funcionamiento normal de los órganos electorales; el presupuesto especial para la organización, administración y fiscalización de las elecciones, institución central en toda la democracia, continúa sin ser aprobado, dejando su aprobación a la negociación política. Estas viejas prácticas solo muestran la baja calidad de la democracia hondureña, funcionales al conjunto del sistema de partidos políticos, que se resisten a la fiscalización del financiamiento de las campañas electorales.
La UPL tiene una enorme deuda con la sociedad hondureña. Su desempeño en las elecciones de 2017 y 2021, y lo que va de 2025 ha sido decepcionante. En lo que respecta a las elecciones primarias de 2025, el 16 de junio la UPL presentó públicamente el “Informe de Cumplimiento de los Sujetos Obligados”, en el que se señaló que, de 5,757 candidatos inscritos, 4,053 presentaron su informe financiero” (70,4% de nivel de cumplimiento). Entre los que incumplieron, 85 candidatos/as resultaron electos y continúan participando en la contienda, sin mayores consecuencias, pesar a que la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (Decreto Legislativo No. 137-2016) establece, en su artículo 59, la “inhabilidad o inelegibilidad del Candidato para participar en las Elecciones Generales” por el incumplimiento en la presentación del informe financiero.
De camino a la contienda electoral de noviembre, apenas 372 sujetos obligados han registrado sus cuentas bancarias, lo que representa sólo el 18% del total (información del 16 de septiembre). Como señala la misma UPL, “el registro de cuentas bancarias diferenciadas constituye un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia y el control en el financiamiento político-electoral”; sin este registro, es prácticamente imposible fiscalizar el financiamiento privado de cada candidato y candidata.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos nació como resultado de las intensas protestas populares anticorrupción del 2015, y fue un mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). No obstante, la propuesta original fue modificada sustancialmente por los representantes de los partidos políticos en el Congreso Nacional, y desde entonces ha sido trastocada en sus alcances, comenzando por limitaciones impuestas al acceso a la información ciudadana y ajustes legislativos a su régimen de sanciones.
Pero, ¿cuál es el daño a la democracia hondureña cuando no existen mecanismos efectivos para fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas?
Modelos de financiamiento ilícito en la política hondureña
En general, a lo largo de la historia del país, la ciudadanía ha percibido que la política se financia con fondos ilícitos y por actores indebidos. No obstante, solo hace unos ocho años se identificaron con precisión los diferentes modelos que permiten este financiamiento, gracias a la investigación judicial de la MACCIH, a juicios en Nueva York contra altos funcionarios hondureños e investigaciones académicas y periodísticas. A pesar del cambio de gobierno en enero del 2022, estos modelos se mantienen vigentes, pues no se ha desmontado todo el andamiaje jurídico, institucional y cultural que facilita su existencia y reproducción. Los modelos más relevantes son:
1) Desvío institucionalizado de recursos públicos
Su característica principal es el desvío de fondos públicos para fines políticos-electorales, especialmente de proyectos sociales, mediante la conformación de redes de corrupción público-privadas y redes clientelares. En los gobiernos de la narco-dictadura, casos emblemáticos fueron el fraude en el Seguro Social, la “Caja de Pandora”, “Corrupción sobre Ruedas” y la “Caja Chica de la Dama”. En el actual gobierno, un caso peculiar y similar podría ser el escándalo de SEDESOL (pendiente de investigación judicial).
2) Financiamiento privado y cooptación del Estado
Se refiere a las contribuciones de grupos de interés económico privado (empresas y grandes corporaciones) para obtener privilegios, contratos o políticas públicas favorables. En la formulación y aprobación de la Ley de Política Limpia se aprovechó para eliminar la prohibición, vigente desde la ley electoral del 2004, de que ejecutivos o socios de empresas mercantiles con contratos de concesión con el Estado realicen donaciones privadas para financiar campañas políticas. En este punto radica una de las causas más profundas de la corrupción extractiva que genera la conflictividad agraria y socio ambiental en el país, infringiendo derechos humanos fundamentales.
3) Financiamiento directo del crimen organizado
Es la entrega de dinero para campañas políticas a cambio de facilitar el tránsito de droga en sitios estratégicos o de apoyar el lavado de activos mediante proyectos gubernamentales, entre muchas modalidades utilizadas. En el actual contexto, ninguno de los partidos políticos predominantes se ha librado de que alguno de sus miembros haya enfrentado juicios internacionales (Partido Nacional y Liberal) o hayan sido señalados por sus vínculos con algún capo de la droga (LIBRE). Esta modalidad de financiamiento es ahora más crítica, en tanto que Honduras ha pasado a combinar su rol de punto de transito con la producción de drogas ilícitas (evidenciado en número de narco laboratorios destruidos por la policía y las Fuerzas Armadas).
4) El clientelismo político
Aún sin cambios culturales significativos, este es el ADN del sistema político hondureño. Se sustenta en políticas sociales asistencialistas financiadas con recursos del gobierno central, fondos sociales del Congreso Nacional y transferencias municipales. Todos los partidos políticos con poder en el Ejecutivo, el Congreso Nacional y gobiernos locales se benefician de estas prácticas de promoción permanente de liderazgos partidarios a través de obras sociales, bonos y otras formas de obtener el respaldo electoral en las comunidades. Desde hace varios años, la compra de votos el día de las elecciones ya no es significativo, pues el clientelismo practicado tiene un efecto electoral en el mediano plazo.
Todos o la mayoría de estos modelos están presentes en el financiamiento del actual proceso electoral, sin posibilidades reales de su fiscalización.
Las implicaciones para la calidad de la democracia
La utilización de fondos ilícitos en las campañas electorales no sólo es ilegítima, también es anti-ética, ya que promueve una competencia desleal entre los partidos políticos y candidatos y candidatas, anulando el principio de equidad, dando lugar a una democracia cada vez más distante de los reales intereses del electorado.
Además, el financiamiento ilícito proveniente de la corrupción, la cooptación del Estado por intereses privados, del narcotráfico y del crimen organizado desvirtúa la representación democrática: los funcionarios electos tienden a representar los intereses de quienes financiaron sus campañas, no los intereses de los votantes. De ahí que resulte extraño que las decisiones de marcos jurídicos y de políticas públicas apunten a beneficiar directamente a poderosos grupos económicos, entre ellos el narcotráfico con múltiples vínculos con la economía del país.
Los altos techos de gastos de campañas estimulan estas prácticas de financiamiento ilícito. En el actual proceso electoral, el gasto autorizado para candidaturas presidenciales es de 508.8 millones de lempiras. En el caso de las diputaciones, en el departamento de Francisco Morazán es de 4.1 millones y en el de Cortés, de 4.7 millones. En contraste, las candidaturas municipales del Distrito Central pueden gastar 71.4 millones y las de San Pedro Sula, 44.8 millones.
En estas circunstancias, resulta esencial una Unidad para la fiscalización del financiamiento electoral para la transparencia y la rendición de cuentas, con la condición que sea autónoma e independiente de los partidos políticos, que disponga de la tecnología apropiada, de un amplio número de auditores y que trabaje coordinadamente con la Comisión Nacional Banca y Seguros, con el Tribunal de Cuentas y con el Ministerio Público. Su objetivo debe ser vigilar los aportes privados que ingresen a las campañas de cada uno de los sujetos obligados.
Desafortunadamente, todavía estamos lejos de contar con una institucionalidad sólida que asegure el control efectivo del financiamiento de campañas. El problema no solamente es el limitado presupuesto, sino, fundamentalmente la falta de voluntad política con la transparencia y rendición de cuentas.